Sin empleo seguro, 70% de académicos de UNAM
Son unos 20 mil docentes interinos que cada semestre buscan la renovación de contrato
Periódicamente, de 17 mil a 20 mil integrantes de la planta de docentes interinos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) padecen por la inseguridad en el empleo.
De estos maestros, los profesores de asignatura, en particular, luchan cada semestre o año por la renovación de su contrato, andan a la caza de grupos que "sobran" para no perder la continuidad en el empleo y esperan -a veces durante toda su vida académica- la apertura de plazas definitivas, sujetas, en no pocas ocasiones, a "criterios políticos" que dependen de la "voluntad de los funcionarios en turno", según afirman.
De acuerdo con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la institución (STUNAM), Agustín Rodríguez, 70 por ciento de un total de 28 mil miembros del personal académico, es decir, 20 mil profesores, son interinos, lo que significa "que en cualquier momento pueden perder su empleo". Sin embargo, el director general de Asuntos del Personal Académico de la universidad, Rafael Pérez Pascual, apunta que el número de interinos asciende a 17 mil 487, incluyendo investigadores, profesores de carrera, de asignatura y técnicos académicos, pues señala que los 3 mil 195 ayudantes interinos no se deben incluir, porque "necesariamente" lo son conforme el Estatuto del Personal Académico (EPA).
Considerado uno de los conflictos añejos que arrastran todas las instituciones de educación superior, aunque hoy en día representa una "bomba de tiempo", a decir del líder sindical, este problema tiene altos costos, pues no sólo "afecta la calidad de la educación", sino "tiene un efecto devastador" en las nuevas generaciones de profesores e investigadores que cada vez ven más lejana la posibilidad de obtener una plaza de tiempo completo definitiva, según se advierte en la declaratoria del primer foro El futuro de las condiciones del trabajo académico en la UNAM, un debate impostergable.
En su artículo 78, fracción primera, el EPA establece que "tendrán derecho a que se abra un concurso de oposición para promoción" los "profesores o investigadores interinos o a contrato que cumplan tres años de servicios ininterrumpidos, con objeto de que se resuelva si es o no el caso de promoverlos u otorgarles la definitividad en la categoría y nivel que tengan".
Sin embargo, la queja constante es que pueden pasar "ocho o más años" sin que se abran los concursos; las normas se incumplen, las convocatorias salen "dirigidas" para determinada persona, e inclusive hay quien afirma que en ocasiones son "casi retratos hablados" . De este modo, las plazas están sujetas a una suerte de "amiguismo" y "a la voluntad política de los directivos en turno".
Pérez Pascual rechaza estos señalamientos y afirma que los funcionarios no son los que deciden quién se queda como académico en la institución, puesto que esa función corresponde a los consejos técnicos, además de que los dictámenes de los concursos son emitidos por una comisión dictaminadora.
El directivo considera que el principal problema a resolver de la planta académica es el de profesores contratados por asignatura "para hacer las funciones que debiera hacer un profesor de carrera". En razón de ello, opina que es necesario "entrar a una etapa de mucha disciplina académica y procurar no contratar nuevos profesores en esa vía incorrecta de interino y de la no plaza".
Inclusive, califica de "distorsión académica" que un profesor de asignatura "tenga muchas de horas clase", porque lo "idóneo" sería que tuviera "una o dos horas" y el resto las dedicara al "ejercicio de su profesión".
Cosas de política y de academia
En una carta firmada por el prestigiado científico mexicano Antonio Velázquez Arellano, ganador del Premio Reina Sofía, se dice que el doctor Jaime Lagúnez Otero es "uno de los pioneros en México en por lo menos dos campos: ciencias genómicas e inteligencia artificial. Muestra de ello es lo siguiente: su tesis doctoral, publicada en 1992, que reportó un patrón universal de zonas codificantes; las publicaciones donde describe la interacción probable del ribosoma con RNA mensajero (TIBS, 93) y su explotación para la detección de zonas codificantes en 1995.
"Quizá su aportación más importante hasta ahora es proponer, con base en sus investigaciones, dos fármacos para atender patologías de cáncer y sida, dos problemas de salud pública." Al final de su misiva, Velázquez Arellano recomienda que la UNAM "retenga" como investigador a Lagúnez.
Pero la situación cambió para el joven investigador interino. El 22 de abril del año pasado llegó a su cubículo en el Instituto de Química (IQ), donde laboraba desde hace 12 años. Se quedó perplejo. La chapa de la puerta no era la misma, ni siquiera pudo entrar a su oficina. "Las cinco computadoras donde están los proyectos de mis estudiantes se las llevaron, al igual que un empaque con mis pertenencias", relata.
Cada año era sujeto de renovación de contrato, pese a formar parte del convenio de repatriación entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la UNAM y el propio científico, el cual establece, en el expediente 930037, que la institución -en este caso la universidad- se obliga a "proporcionar al investigador, en el plazo no mayor de un año, la apertura de una plaza laboral, con salario y prestaciones correspondientes al nivel que resulte de la evaluación profesional efectuada por la institución".
Lagúnez Otero indica que el concurso para obtener su definitividad se abrió en abril de 2003, y "aunque cumplí con el perfil" fue declarado desierto. Después de impugnar la resolución y acudir a diversas instancias sin éxito, recurrió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para solicitar su reinstalación.
"Le he dado vueltas al asunto y no sé lo que sucede, pero es totalmente arbitrario e injusto", considera. Al tratar de encontrar alguna explicación, indica que en la época de la huelga estudiantil sostuvo una postura "que no coincidió" con la del hoy director del IQ, Raymundo Cea. "No sé si eso tenga que ver", confiesa.
El doctor en biología molecular por el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel, hoy desempleado, está por obtener dos patentes por sus investigaciones para inhibir ciertos efectos del cáncer y sida. Mientras su asunto se resuelve en la JFCA, trata de no salir para evitar gastos y continuar sus trabajos en casa, pues no sólo perdió "el salario, el Sistema Nacional de Investigadores, el seguro de gastos médicos", sino sus colaboraciones en los ámbitos nacional e internacional y los proyectos de sus alumnos.
Plaza definitiva, sueño de 27 años
La antigüedad del profesor Jaime Torres Rivera en la UNAM es de 27 años, los mismos que soñó con obtener su plaza definitiva en la carrera de economía de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón. El académico participó en el concurso de oposición abierto, cuya convocatoria salió en enero de 2001. La comisión dictaminadora lo declaró ganador, y él pensó que por fin había acabado su constante angustia ante la posibilidad de perder su empleo.
Pero no contó con que otro de los aspirantes que, según afirma, tenía "el aval" del entonces director, Carlos Levy, impugnaría el proceso. Se inició otra batalla que aún no termina. Después de que se creó "una comisión especial para revisar el caso, la cual no acreditó la irregularidad", indica, se determinó reponer el concurso y ahora resultó ganador el mismo profesor que había impugnado el primer proceso, afirma.
Lo anterior ocurrió, dice Torres Rivera, pese a que dicho académico fue aceptado en los dos concursos "sin cubrir los requisitos de la convocatoria", irregularidad que se hizo explícita "en el primer dictamen de la comisión, con fecha de 9 de mayo de 2001". Además, asegura, "la misma dictaminadora que dijo que ese profesor no tenía los requisitos, ahora dice que sí cubre el perfil". Su relación laboral con la UNAM terminó el pasado 31 de enero, indica.
A su vez, la maestra Ana Alicia Peña López asegura que desde hace "ocho años no se abre una plaza en el área de economía política", a la que pertenece en la Facultad de Economía, tiempo en que, por si fuera poco, duró en "litigio" el último concurso que apenas hace unos meses se definió.
Como profesora de asignatura B interna, expresa que está sujeta a continuo "desgaste" por "tantas broncas", porque en "cualquier momento te puedes quedar sin grupo y sin pago", toda vez que deben "buscar otros trabajos para complementar el salario" y, al mismo tiempo, "seguir preparándote, porque si sale una plaza piden doctorado".
Enfatiza que todo esto repercute en la calidad académica, pues además del desgaste hay una serie de programas de preparación de los que quedan excluidos. Por ejemplo, "no puedes pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, los concursos son para quien posee tiempo completo definitivo, que además tienen derecho, a diferencia de nosotros, a un año sabático cada seis años para hacer actividades que les permitan mejorar profesionalmente".
La también estudiante del doctorado en sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sostiene que esta situación ha generado "mucha depresión" entre quienes padecen incertidumbre laboral, pero también ha ocasionado "conformismo; como afuera tampoco hay nada, se quedan así".