Amnistía Internacional y otros grupos exigen castigar actos de tortura y abusos

Repudian en Madrid a Ramírez Acuña por reprimir altermundistas

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 14 de junio. La llegada a Madrid del gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, provocó el malestar y las críticas de diversas organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional (AI), que repudiaron la actuación de la autoridades estatales durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (UE), que se celebró en mayo del año pasado en la capital tapatía.

Las asociaciones civiles exigieron a las autoridades europeas y españolas que reclamen a Ramírez Acuña una explicación convincente sobre las presuntas torturas y detenciones ilegales de decenas de ciudadanos mexicanos y extranjeros.

El reclamo de las asociaciones y organizaciones internacionales es explícito: que se investiguen y deslinden responsabilidades tanto a nivel federal como estatal sobre los abusos de las fuerzas policiales contra los ciudadanos que se manifestaron durante la citada cumbre en Guadalajara.

La primera visita a Madrid del gobernador Ramírez Acuña provocó la indignación de diversas asociaciones civiles, inconformes con su actuación durante la cumbre del año pasado en Guadalajara, entre las que se encuentran AI, colectivos europeos y españoles de solidaridad con el movimiento zapatista, Equipo Nizkor y Human Rights Watch, que solicitaron al Ejecutivo español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y a las autoridades europeas, que reclamen al mandatario de Jalisco el respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales de garantías jurídicas.

En una misiva dirigida al gobernador de Jalisco, la sección española de AI manifestó su "preocupación" ante "la negativa de las autoridades estatales a reconocer la necesidad de realizar una investigación independiente sobre las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas en Guadalajara".

El organismo expresó su malestar debido a que "un año después de los acontecimientos no se ha investigado de forma imparcial ninguno de los abusos graves contra los detenidos, documentados tanto por AI como por otras organizaciones, fundamentalmente detenciones arbitrarias, torturas y violaciones procesales.

"El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad pública durante las manifestaciones. Sin embargo, las autoridades también tienen el deber de garantizar que las fuerzas de seguridad actúen con arreglo a la ley durante las protestas, respetando el derecho a manifestarse pacíficamente y garantizando el uso proporcionado de la fuerza", planteó Yolanda Román, responsable de política exterior de AI.

Por esos abusos e irregularidades solicitó "al gobernador de Jalisco que las autoridades competentes federales y estatales faciliten información pública sobre cualquier investigación interna o externa realizada hasta ahora para esclarecer las denuncias de violaciones graves de derechos humanos cometidas en Guadalajara el año pasado". Además, demandó el inicio de una investigación "inmediata e imparcial" sobre las denuncias de tortura, y que las personas responsables, directa o indirectamente, comparezcan ante la justicia.

Por último, las asociaciones reclamaron al canciller español, Miguel Angel Moratinos, que "solicite la aplicación de la cláusula democrática, de manera que este tema se mantenga en la agenda del diálogo político entre México y la UE hasta que no haya sido resuelto integralmente, y que se invoque la responsabilidad que tienen las partes en el respeto de los derechos fundamentales".

Mientras tanto, en Guadalajara, Jalisco, la oficina de comunicación social del gobierno del estado emitió un comunicado en el cual se afirma que, "consultado vía telefónica, el mandatario jalisciense manifestó que ni en España ni en ninguno de los países visitados como parte de su gira de trabajo por Europa ha recibido manifestaciones" de repudio.

El secretario de Gobierno, Héctor Pérez Plazola, declaró que le parecía "demasiado escándalo" continuar con el tema de la represión a altermundistas un año después de los acontecimientos.

"El asunto está debidamente sustentado, si no el Poder Judicial no hubiera actuado como actuó. Ese tema se ubica en el ámbito jurídicos, por lo cual si alguien tiene algo que decir o hacer al respecto que lo ponga en ese terreno", manifestó el funcionario.

Con información de Juan Carlos G. Partida, corresponsal