Ayer se declararon inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final

Logro ciudadano, no de Kirchner ni de Corte argentina, fallo contra represores

BLANCHE PETRICH

Dos argentinas integrantes de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) brincan de gusto por la resolución de la Corte de Justicia de su país. Pocas horas antes había declarado nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que por 29 años sellaron la impunidad de los militares y policías que en los años de la dictadura asolaron al país. Pero las jóvenes Paula Mónaco Felipe y Vanessa Dri insisten en no dejar al presidente Néstor Kirchner o a los magistrados el crédito de ese gran logro de la justicia en el Cono Sur.

"Este no es un paso adelante, es apenas resarcir el gran paso hacia atrás que dieron en la historia argentina Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Y es sobre todo una victoria del trabajo firme, sistemático y muy tenaz de los organismos de derechos humanos y de familiares de víctimas del genocidio que durante tres décadas sortearon un laberinto kafkiano, lleno de trampas y obstáculos, como esas leyes de impunidad."

Otro joven, Inti Martínez Gaytán, mexicano, activista de la organización Eureka, hijo de un guerrillero asesinado en 1979, José Luis Martínez, y de una ex detenida desaparecida, Laura Gaytán, relaciona lo ocurrido ayer en Buenos Aires con lo que puede suceder hoy en la ciudad de México, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, cuando los magistrados decidan si la matanza del 10 de junio de 1971 ha prescrito o si el ex presidente mexicano y otros responsables deben ser juzgados.

"Si se decide por la prescripción y la impunidad se estará dando un enorme paso hacia atrás en la historia, será un fallo equivalente a lo que en su momento decidieron Alfonsín y Menem para seguir encubriendo a los responsables del genocidio argentino."

Su pronóstico sobre cuál será dentro de algunas horas el desenlace de este proceso en México es, como el de los demás miembros de Eureka, reservado. Considera que el proceso llevado a cabo por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) ha sido una "simulación", y que hay muchos "síntomas e indicios" que demuestran que la Corte en México no es independiente del Poder Ejecutivo y responde a intereses del poder. Un paso como el que se dio ayer en Argentina, en vías de desbloquear la impunidad que encubre a los genocidas, Inti no lo ve posible en este momento. "Al menos, no en este sexenio", señala.

Por su parte, la actriz Jesusa Rodríguez continúa el análisis entre los dos casos. En Argentina, recuerda, apenas ascendió Kirchner, al poder en medio de una fuerte presión social y como resultado de la movilización del "que se vayan todos", tomó entre sus primeras decisiones depurar a la Corte y dar de baja a los jueces que habían sido impuestos por Menem para garantizar la impunidad. "Para que ocurra algo similar aquí, para que contemos con una Corte de Justicia de verdad independiente, algo muy fuerte tendrá que moverse en la sociedad; una presión popular que logre cambiar la composición de la Corte".

Sin embargo, rescata el toque esperanzador que para México tiene la anulación de las leyes de impunidad argentinas: "esto nos demuestra que aunque pasen 30 años o más, tarde o temprano los asesinos van a tener que pagar".

Para los chicos de HIJOS, que se incorporaron casi adolescentes a la interminable batalla legal para lograr justicia para sus padres desaparecidos, este es el momento en que ven que se abren los candados que muchas veces los propios jueces argentinos les dijeron estaban eternamente cerrados para llegar a la verdad.

Paula Mónaco Felipe tenía 17 años cuando se formó el capítulo HIJOS en su natal Córdoba, en 1995. Recuerda cómo dos años después, cuando por primera vez organismos como HIJOS, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y el Centro de Estudios Legales y Sociales demandaron de manera coordinada la inconstitucionalidad de las leyes de Alfonsín, la iniciativa fue recibida con incredulidad y hasta burlas. En muchos casos individuales la derogación de estas leyes había sido parte de la estrategia de las víctimas de manera aislada, pero esta vez constituía una querella común.

Córdoba fue una provincia donde la represión se ensañó. Ahí existió el campo de concentración La Perla, por donde pasaron al menos dos mil detenidos, muchos de ellos desaparecidos, como sus padres, Luis Carlos Mónaco y Esther Felipe.

El expediente de esta pareja existe desde el primer momento de su secuestro con la presentación de los primeros habeas corpus por parte de su familia. La demanda nunca prosperó y los responsables de este centro de exterminio, entre ellos el general Luciano Benjamín Menéndez, nunca fueron tocados por la ley.

Poco después del juicio histórico en la que fueron sentenciadas las cúpulas de las tres juntas militares en 1985, el presidente Alfonsín no aguantó la presión castrense y decretó la primera ley de impunidad, Punto Final. Al año siguiente, después de una asonada de oficiales cordobeses, decretó la de Obediencia Debida.

A pesar de las apelaciones de las víctimas, esa burbuja legal protegió a los genocidas. La llegada de Carlos Menem al poder representó retrocesos aún mayores, ya que indultó a todos aquellos altos mandos que habían sido condenados, algunos a cadena perpetua. Aquella burbuja empezó a reventar en 2003, cuando -ya con Kirchner- el Congreso derogó, por anticonstitucional, las leyes de Alfonsín. Faltaba la nulidad dictada por la Suprema Corte.

Solamente en la provincia de Córdoba, continúa Paula Mónaco, la resolución de ayer abre los candados para que cerca de 300 militares señalados en miles de procesos judiciales queden a disposición de los 13 jueces de la región y puedan ser enviados de inmediato a la cárcel. A escala federal son cerca de 3 mil los militares enjuiciables.