Etica colectiva y política
La decisión de actuar contra Ricardo Salinas Pliego (RSP) por la manipulación de información y el abuso que afectó los intereses de los accionistas minoritarios de Tv Azteca se conoció bastante antes de que se iniciara el proceso formal en los tribunales estadunidenses. Durante casi un año, en los diarios afines o atentos a los sucesos que ocurren en los medios financieros de EU (Wall Street Journal) se publicaron adelantos de los hechos delictivos que, con anterioridad, habían denunciado los abogados externos de Tv Azteca. Sin embargo, los círculos más elevados del poder público en México, Los Pinos en primer lugar, seguían dándole un trato preferencial. Para ellos continuaba siendo el flamante y, por lo demás, intocable accionista mayoritario de esa concesionaria, un multimillonario temible. RSP asistía, con el desparpajo de un potentado que se piensa muy por encima de vulgares envidias, infundios o rumores de baja estofa, a continuas reuniones de los círculos más conspicuos de poder y se apersonaba en cuantas giras presidenciales, inauguraciones o cenas, tan selectas como furtivas, fuese requerido por las altas autoridades que lo quisieran tratar en cercanía. Nada enturbiaba el horizonte de los asuntos cotidianos de las esferas de poder con dicho magnate de la televisión. Tampoco alguien prevenía a los anfitriones de la casa presidencial y anexas menores de las consecuencias que tales distinciones podrían acarrear.
Luego vinieron los altercados entre la susodicha empresa, en la persona de directivos de la misma, con funcionarios de primer nivel de la Secretaría de Hacienda. El secretario Francisco Gil se vio afectado por una tronante denuncia que, según Azteca, socavaba la libertad de expresión. Un programa sobre el Fobaproa, anunciado de improviso y que dirigiría una cuestionada conductora era, al parecer, la preocupación malsana de Hacienda y de su titular. La reacción, aunque tardía y leve, no se hizo esperar: a pesar de las presiones de la televisora, Salinas Pliego fue acusado ante los tribunales mexicanos. La línea de investigación seguida por las autoridades del país corría sobre la pauta de sus contrapartes estadunidenses, aunque con bastante menos rigor y consecuencias de lo que plantearon los abogados de la Security and Exchange Commission (SEC). Desde esos aciagos días todo parece esfumarse en una nebulosa. Ni la notificación del proceso ha sido posible entregar a Salinas. Este personaje utiliza un sobado truco para escabullirse de los notarios, cambia de dirección oficial. Lo cierto es que la mayoría de los accionistas que forman el grupo bajo el mando de RSP votaron en favor de causar baja en la bolsa de Wall Street. Una medida que bien puede serle contraproducente, a pesar del alegato de evitar así contratiempos y costos adicionales.
Esta cautela y hasta timorato proceder de las autoridades encargadas de atender y proteger los intereses de los accionistas minoritarios, los del teleauditorio o los de los consumidores en general, no escandalizan a nadie. Los que cuentan, los que tienen derechos, ya sean escritos o simplemente supuestos, bien se sabe por desagradables antecedentes, son los peces grandes, los de los dueños, los de aquellos que controlan, a como dé lugar muchas veces, los destinos de las medianas y las grandes empresas del país. Una tradición muy arraigada y común entre los mandones nacionales. Ninguna autoridad ha dado la más tenue señal de alarma que apunte hacia la impropiedad de que una empresa, concesionaria pública estratégica, sea dirigida por un sujeto cuya integridad moral ha sido puesta en tela de juicio, no sólo en los tribunales de EU, sino en los del propio país, y siga tan campante al frente de ella. El silencio oficial ha sido ominoso. El gobierno del cambio, que ofreció en repetidas ocasiones actuar sobre la corrupción, sobre el uso indebido de un bien concesionado, desaparece bajo las faldas protectoras de una cínica actuación.
Pero hay otro ángulo por demás oneroso en este desagradable suceso de las malversaciones de los haberes que pertenecen a los accionistas minoritarios de una empresa: el de las amenazas enderezadas contra un poder establecido que, medroso, se inmoviliza, esconde y deja pasar los desplantes de un empresario a cargo de un medio de información colectiva. No es aceptable que un miembro del gabinete de Fox, quizá el más poderoso de todos, pretenda ser chantajeado por una empresa televisiva, según se desprendió del comunicado que la Secretaría de Hacienda emitió. Los del Ajusco alegaban que don Paco Gil, en persona y mediante un simple papel con huellas dactilares, los había amenazado. Se quería imponer, dijeron, severa e inmerecida censura a su actividad informativa. Un asunto que, de dibujar aunque fuera un leve contorno de realidad, confiaba la televisora, sería por demás llamativo para el sensible sector de la prensa. Pocos fueron los que respondieron al llamado de la atónita conductora que trató de publicar la pretendida ofensa. Pero hasta hoy no se ha oído ningún requiebro gubernamental que atienda y actúe en consecuencia para garantizar que una empresa, concesionaria de un bien público, sea conducida bajo la responsabilidad de hombres o mujeres de intachable conducta. Algo tiene que haber de podrido en un país cuyas autoridades no velan, con el celo adecuado, por la ética pública, y no son castigadas de inmediato y con la debida severidad por la ofendida ciudadanía.