Plantea resolver el conflicto en una sesión conciliatoria entre el agresor y la víctima
Elimina la ley en Guanajuato el castigo a la violencia intrafamiliar
El PRD y grupos civiles denunciarán esta "violación de derechos" ante la OEA y la CIDH
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Altar dispuesto para Rosella Lozornio Quiroz, quien en marzo pasado fue asesinada por su esposo en Guanajuato FOTO Mart�Diego Rodr�ez
Guanajuato, Gto., 14 de junio. Hoy entró en vigor en Guanajuato la Ley para la Asistencia, la Prevención y la Atención de la Violencia Intrafamiliar, que impone la conciliación como único medio para erradicar la violencia, ya que elimina el capítulo de sanciones para culpables y otorga atribuciones al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que agresor y víctima medien sus "conflictos de intereses" en una sola audiencia.
Esta legislación es "parcial", consideran organizaciones de apoyo a la mujer y diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ya que no cumple con el objetivo de promover el derecho a una vida digna, sino obliga a las mujeres a vivir con la persona que las maltrata.
Ante esta situación, denunciarán ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobernador panista Juan Carlos Romero Hicks por "avalar una disposición que no salvaguarda los derechos básicos de grupos vulnerables".
La norma fue aprobada el pasado 27 de mayo por las bancadas de PRI, PAN, PVEM y PT; sólo la fracción perredista planteó vetar la enmienda y convocar a un foro amplio de académicos, sociedad organizada y personas que hayan sufrido maltrato para enriquecer la primera propuesta; sin embargo, este punto no fue tomado en cuenta.
Así, la ley en vigor obliga a las secretarías de Salud, Seguridad Pública estatal, Desarrollo Social y Humano y al Instituto de la Mujer guanajuatense, coordinados por el DIF, a "promover los valores universales de la convivencia social que permitan el desarrollo integral de las personas, respetando su dignidad y la diversidad cultural, social, económica, religiosa, política y de género", y establece el "derecho a la atención en materia de violencia intrafamiliar, de las personas receptoras o generadoras de la misma", pero no incluye castigo para quienes abusan de su poder en el círculo familiar.
Angeles López, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, expresó que la nueva legislación no es acorde con el Acuerdo Interamericano para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocido como Convención Belém-Do Pará, por lo que esa violación debe ser atendida por la CIDH", expuso.
La nueva ley manifiesta en su artículo segundo, fracción 9, que se promoverá el desarrollo de una cultura de paz, es decir, "todas aquellas acciones que propicien la convivencia armónica, pacífica, familiar y social", pero deja de lado "los derechos de las mujeres que han sido víctimas de la violencia", precisó la activista.
Además, puntualizó, obliga a las autoridades a lanzar campañas para conseguir ese objetivo, "pero deja de lado el derecho fundamental a una vida libre de violencia". Más aún, dijo, el artículo 44 precisa que "la conciliación consiste en el trámite a través del cual un especialista del área jurídica (del DIF) interviene para facilitar la comunicación entre el receptor y el generador de violencia intrafamiliar, con el propósito de que lleguen a un convenio que ponga fin a los conflictos de intereses que genera la misma".
Por su parte, la diputada Mar-tha Lucía Micher Camarena advirtió que la nueva legislación obliga al DIF a ser la instancia que atienda estos casos, e incluso señala que la Policía Ministerial, elementos de seguridad y el Ministerio Público deben notificar a los Centros de Atención de Violencia Intrafamiliar cuando tengan conocimiento de esas situaciones, "lo que es absurdo, porque elimina las obligaciones de las instancias de impartición de justicia para que sólo den aviso".
Por tal motivo, advirtió Micher Camarena, se realizará una "campaña nacional y en foros internacionales en repudio a la legislación, porque es un grave retroceso y, además, quiere imponer la ideología más conservadora de la derecha en Guanajuato".
Angeles López, por su parte, advirtió que también se hará llegar una queja a la relatora de la OEA, Susana Villagrán, para que se exponga "el enorme retroceso y la anticonstitucionalidad de esa ley", y se hará lo mismo en la CIDH para señalar a Romero Hicks como responsable de esta situación, "porque no estudió ni vetó la ley que obliga a formar familias y omite la punibilidad a los abusadores dentro de ese círculo". La queja también se acompañará de los 22 casos de asesinadas en el estado durante este año "por causas de violencia intrafamiliar, en los que privó la conciliación y ahora hay mujeres muertas que, por amor o temor, fueron obligadas a mantenerse atadas a sus parejas sentimentales".