Diputados y ombudsman de Hidalgo visitan a jornaleros

"Esclavitud", condición de los campesinos en Nayarit

Plaguicida prohibido en EU, causa de muerte de dos menores

CARLOS CAMACHO CORRESPONSAL

Pachuca, Hgo., 14 de junio. Alejandro Straffon Ortiz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), y diputados locales informaron hoy que visitaron los campos agrícolas de Compostela, Nayarit, donde en marzo pasado murieron dos jornaleros hidalguenses menores de edad, y comprobaron las condiciones "de esclavitud" en que sobreviven quienes allí laboran.

Straffon Ortiz dijo que los enganchadores reclutan a la gente en Huejutla, corazón de la Huasteca hidalguense, y los llevan a los campos de Aguascalientes y Nayarit, principalmente, donde son sometidos a "explotación laboral. Trabajan en condiciones deplorables e infrahumanas".

Edmundo Ramírez Martínez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, reveló que en los campos de cultivo de Nayarit todavía se utilizan plaguicidas a base de "ácidos fosforados", prohibidos en Estados Unidos desde la década de los 70 debido a su peligrosidad.

Recordó que a principios de febrero, cuando comenzó el reclutamiento, 120 huastecos fueron llevados a Nayarit, entre ellos Alberto Hernández Hernández, de 16 años, vecino de Amaxac II, y Jesús Azuara Hernández, originario de la localidad de Los Parajes, municipio de Huejutla.

Junto con nueve personas, ambos utilizaron el plaguicida que, por mal manejo, les provocó intoxicación, pero perdieron la vida porque "nadie les advirtió del peligro que representa".

Sus cuerpos fueron enviados a sus lugares de origen y los enganchadores gestionaron una indemnización para las familias.

Uno logró que la empresa que los contrató pagara 100 mil pesos, aunque de dicha cantidad restó el pago del traslado del cuerpo y "algunos gastos".

En cambio, Luis García Gómez, el otro enganchador, cobró los 100 mil pesos, pero a los familiares de "su trabajador" sólo les dio la mitad y se quedó con el resto.

Los decesos de Alberto Hernández y Jesús Azuara permitieron ver las condiciones en que sobreviven más de 5 mil hidalguenses que en febrero y junio son llevados desde Huejutla a los cultivos de los estados del Pacífico o la Comarca Lagunera.

Edmundo Ramírez, representante del valle del Mezquital, zona expulsora de mano de obra a Estados Unidos, comenta que "sólo en el predio de Zacualpan, municipio de Compostela, Nayarit, encontramos 700 jornaleros agrícolas hidalguenses en condiciones casi de esclavitud".

Por eso, en la sesión del Congreso local de este martes propuso y logró que se aprobara un punto de acuerdo para reforzar las medidas de supervisión sobre las condiciones en que son contratados los jornaleros, pues se les promete una paga y luego no les cumplen, les ofrecen comida, hospedaje y lo que encuentran es miseria y maltrato.

El gobierno federal, dijo, ha puesto "ojos ciegos" a la vida que llevan los más de 40 mil campesinos que viajan de una entidad a otra en busca de empleo, de manera temporal. Hidalgo no escapa a esa doble condición de "estado intermedio", que expulsa pero también recibe jornaleros agrícolas de Oaxaca, Morelos y Guerrero.

Más de dos mil denuncias al año

Un diagnóstico elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo revela que 40 mil jornaleros agrícolas del estado, a quienes consideran "un sector desprotegido", trabajan 10 horas diarias y hasta los siete días de la semana, sin prestaciones y sin servicios básicos, además de que en los campos labora toda la familia, incluso niños. Agrega que los trabajadores interponen más de 2 mil denuncias al año, de las cuales, mil 575 son por salarios no pagados y descuentos injustificados, 420 por campesinos desaparecidos y 105 por fallecidos, maltrato físico y verbal, problemas de salud y violaciones de niñas y niños.

Por eso, en el sexenio pasado se creó el Centro de Atención a Jornaleros Agrícolas Hidalguenses, con el que se pretendía "dignificar y regular una actividad económica que genera a los campesinos ingresos por más de 160 millones de pesos al año".

Según el programa de acciones, se prometía que "los jornaleros y sus familiares gozarán los beneficios de las políticas estatales de desarrollo social y humanitario cuando estén en su estado o cuando salgan a ganarse el sustento de su familia".

El proyecto consideraba la creación de un centro de colocación e impulso a la productividad y bienestar de los jornaleros agrícolas, que contaría con una coordinación general en Amaxac, municipio de Huejutla, y tres centros más, uno en Tlanchinol, otro en Yahualica y uno más en Huejutla.

Las dos muertes de los menores de edad evidencian que las acciones institucionales no han surtido efecto, pues hoy mismo los diputados locales aprobaron el punto de acuerdo que realice precisamente las acciones anunciadas en el gobierno pasado, en favor de los jornaleros agrícolas.