El perjuicio, contra unas 200 familias, afirma representante de afectados
Acusan de fraude masivo a gestores de vivienda
Adultos mayores, madres solteras, mujeres divorciadas, jefas de familia y jubilados fueron defraudados por tres organizaciones sociales dedicadas a la gestión de vivienda de interés social, en perjuicio de por lo menos 200 familias.
Roberto Garcés Escalante y Teresita Solís Sangrador, supuestos representantes del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Social (Ceprodes), la Unión de Colonos Democracia y Justicia Social y Quetzalcóatl Calli obtuvieron beneficios mediante la falsa promesa de tramitar a los afectados créditos para vivienda, sin que hasta la fecha la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal haya emitido sanción alguna, pese a las denuncias presentadas por los defraudados desde hace más de dos años.
Cuatro fueron los proyectos que ofrecieron para engañar a sus víctimas: el de Viaducto 578, colonia Jardín Balbuena, planeado para 30 familias; el de Aquiles Serdán 17, de 100 viviendas; el de Nezahualcóyotl 29, en el Centro Histórico, de 50 viviendas, y el de San Francisco Xicaltongo 57, en Iztacalco. En este proyecto, en septiembre de 2001 Belén Villavicencio Vargas, madre soltera, pagó 95 mil pesos para integrarse al programa de vivienda. Les entregó esa suma a Roberto Garcés Escalante y Teresita Solís Sangrador, por concepto de enganche y para cubrir los gastos que se generarían.
Posteriormente acudió al Instituto de Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, donde se le informó que los montos por la vivienda eran menores a lo solicitado, pues sólo tenía que haber pagado alrededor de 37 mil pesos por el valor del terreno, más 3 mil 326 por los gastos de trámite.
Además, Belén Villavicencio se enteró de que no existía registro en la dependencia sobre su solicitud de crédito. En situación similar se encuentra Raquel Esquivel, mujer de la tercera edad que depositó 75 mil 210 pesos para integrarse al proyecto de Viaducto 578, más 12 mil por derecho a estacionamiento; dice que eran los ahorros de "toda su vida", más algunos préstamos que solicitó a familiares y amigos.
En cada uno de esos proyectos hay una historia similar, de familias engañadas por la ilusión de tener vivienda propia, que perdieron su patrimonio. Algunos interpusieron denuncias en la procuraduría capitalina por fraude, pero los procesos ministeriales se apilan en los archivos sin que haya una sentencia que les devuelva su dinero, señalan los afectados.
El Instituto de Vivienda acordó el 8 de noviembre de 2002 suspender actividades con las organizaciones representadas por Teresita Sangrador y Roberto Escalante, por las irregularidades y denuncias que se presentaron, porque de ningún predio lograron concretar los proyectos; sin embargo, el dinero sí lo cobraron.
Actualmente, señalan los afectados, los gestores despachan en un predio propiedad de Ficapro, que fue ocupado por su organización, y a pesar de los antecedentes realizan gestiones para que el inmueble quede en sus manos. Caridad Villavivencio, representante de los afectados, hace un llamado a las autoridades para que se destraben los procesos judiciales. Asimismo, denuncia que los terrenos que ofrecían los gestores de vivienda actualmente son proyectos del Invi.