Editorial
Echeverría y Moya, juzgables
La resolución emitida ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que la prescripción del delito de genocidio, cuando es imputado a un funcionario con fuero, debe empezar a contarse a partir de que el acusado deja el cargo y pierde la inmunidad judicial, permitirá replantear el proceso penal contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y Mario Moya Palencia, su secretario de Gobernación, por la matanza de estudiantes el 10 de junio de 1971, ordenada, de acuerdo con información disponible, desde lo más alto del Poder Ejecutivo. Este aspecto del fallo, sin duda positivo, se oscurece por la impunidad definitiva concedida por el máximo tribunal del país a otros nueve acusados, entre ellos Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, ejecutores fundamentales de la guerra sucia desatada por el Estado contra opositores políticos entre los años 60 y 80 del siglo pasado, quienes, según el dictamen aprobado ayer, no podrán ser juzgados por la sangrienta represión del jueves de Corpus, por más que estén sujetos a otros procesos por su participación en desapariciones de personas.
El fallo comentado, que ordena la modificación de una resolución emitida por el juez federal César Flores de que los delitos relacionados con la matanza del 10 de junio ya habían prescrito, permitirá a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) replantear las acusaciones contra Echeverría y Moya ante el quinto tribunal penal unitario. La decisión que adopte esa instancia si libra órdenes de aprehensión y somete a juicio a los ex funcionarios mencionados definirá, en buena medida, el éxito parcial o el fracaso total de la tarea realizada en el presente sexenio por diversas instituciones públicas de los poderes Ejecutivo y Judicial para investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por gobiernos priístas del pasado reciente, y permitirá inclusive hacerse una idea de si ha habido verdadera voluntad política empeñada en ese ejercicio o si se ha tratado de una mera simulación demagógica.
No pocos se sentirán tentados a buscar paralelismos entre la comentada resolución de la SCJN y la que adoptó un día antes que fue comentada en este espacio el máximo tribunal de Argentina en un ámbito semejante: la anulación de las leyes de "obediencia debida" y "punto final" que durante dos décadas otorgaron impunidad a genocidas de la dictadura militar que padeció ese país más o menos en los mismos tiempos en los que en México los gobiernos civiles orquestaban una feroz represión contra disidentes políticos y sociales.
Se trata, sin embargo, de fallos muy diferentes y, en un sentido, hasta contrapuestos: tecnicismos legales aparte, mientras el de la Corte Suprema argentina permitirá ampliar los procesos legales a miles de antiguos represores, el de la Corte mexicana exime de castigo a la mayoría de los acusados y limita la responsabilidad a dos de ellos, así se trate de los más importantes. El máximo tribunal de la nación sudamericana abrió paso a una revisión judicial amplia y sin cortapisas; desde febrero pasado, en cambio, la institución equivalente en nuestro país aplicó en favor de los criminales de Estado la doctrina de la prescripción legal.
Una de las múltiples razones que permiten entender esos contrastes, además de las grandes diferencias entre un país y otro, entre una historia y otra, es la persistencia, en México, de las redes de complicidad tradicionales, que muy poco se han visto afectadas por la alternancia en el gobierno que tuvo lugar en 2000. Esa alternancia se inauguró con un pacto jamás admitido, pero evidente, mediante el cual panistas y priístas se perdonaron mutuamente los trasiegos ilegales de fondos electorales el llamado Pemexgate y el caso Amigos de Fox; la cadena de complicidades se observa, también, en los sabotajes cometidos desde adentro de la Procuraduría General de la República (PGR) al trabajo, de por sí deficiente y dudoso, de la Femospp; y si alguna duda quedara de la vigencia del afán encubridor, ésta se disipa al observar a los integrantes priístas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, quienes, ante la perspectiva de debatir el fallo de la SCJN, emprendieron una vergonzosa huída e impidieron la continuación, por falta de quórum, de la se- sión en curso.
En los próximos días la sociedad deberá estar atenta a la decisión del quinto tribunal unitario en torno a Echeverría y Moya, y redoblar la exigencia de castigo a quienes, desde las más altas posiciones del poder público, aprobaron el asesinato de mexicanos inocentes. No se trata de un afán empecinado de hurgar en tragedias pasadas, sino de sentar un precedente para que tales excesos de poder no vuelvan a repetirse nunca.