Pobladores de la ciudad demandan presencia permanente de corporaciones federales

Reina en Tijuana una calma artificial gracias al operativo México Seguro

La medida sólo inhibe a la delincuencia, pero no toca la estructura operativa del crimen organizado, advierte activista

El narco, de vacaciones; aguarda mejor momento para retornar

JESUS RAMIREZ CUEVAS ENVIADO

Tijuana, BC, 15 de junio. La violencia del narcotráfico y el crimen organizado ha sembrado de muerte esta ciudad fronteriza. En lo que va del año han sido asesinadas 202 personas, nueve en las últimas dos semanas.

Estas cifras representan el mayor número de homicidios en la historia de la ciudad en el mismo lapso (en 2004 se acumularon 355). Cada día se conocen nuevas historias, y el temor a la violencia se ha generalizado entre la población, sobre todo porque los comandos del crimen organizado actúan a plena luz del día y en zonas céntricas.

Los delitos más graves y frecuentes en esta ciudad son las ejecuciones, los levantones (desapariciones de personas vinculadas con el narcotráfico), los secuestros (muchos terminan con la muerte de la víctima), las extorsiones y los robos con violencia a casas y negocios.

En medio de esa situación, la gente desconfía de las autoridades. El propio secretario de Seguridad Pública del estado, Manuel Díaz Lerma, reconoció la participación de policías estatales y municipales en acciones de la delincuencia organizada.

Con el comienzo del operativo México Seguro -que realizan en el estado fuerzas federales, estatales y municipales desde el 11 de junio- los delitos han disminuido (sólo se ha presentado una ejecución) y la ciudad vive una relativa calma.

La población ha recibido con beneplácito esta medida, pero también demandan su aplicación permanente para terminar con ''la falta de coordinación entre las diversas fuerzas de seguridad que aqueja al estado", explica David Solís, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana.

Balance de un dispositivo

El operativo México Seguro es dirigido por el Grupo de Coordinación de Baja California, en el que participan el Ejército, la Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de Investigación, la Policía Estatal Preventiva, la Policía Ministerial, el Instituto Nacional de Migración y las policías municipales.

Estas fuerzas instalaron retenes en las entradas y salidas de cada municipio, en las garitas entre México y Estados Unidos, y en zonas urbanas consideradas de alto riesgo, incluyendo la central camionera de la ciudad.

Manuel Díaz Lerma dio a conocer un primer balance del dispositivo, cuyos resultados calificó de ''exitosos''. La principal función de la medida, dijo, es "reforzar la seguridad" e "inhibir la delincuencia y la comisión de delitos".

El titular de Seguridad Pública estatal informó que hasta el momento han sido detenidas 192 personas, 64 de las cuales están relacionadas con delitos contra la salud, 13 por ilícitos del fuero común y 115 por faltas administrativas. La mayor parte de las detenciones se debió a denuncias ciudadanas y no tanto a los filtros en calles y carreteras. Tampoco se han decomisado grandes cantidades de droga, apenas 506 mil dosis de cristal, cocaína, mariguana, ice y sicotrópicos.

Soldados y policías que participan en este programa emergente de seguridad pública también capturaron a 11 personas que tenían órdenes de aprehensión nacionales y un ciudadano paquistaní reclamado por la justicia estadunidense por tráfico de armas y misiles.

A su vez, se decomisaron 12 vehículos (cuatro reportados como robados), cinco armas de fuego, armas blancas y cartuchos útiles. Esta tarde en la garita de Otay fue detenida una persona que pretendía introducir al país más de un millón de dólares. También fueron capturados dos polleros que intentaban cruzar las frontera con dos brasileños y dos mexicanos.

Paliativo temporal

En entrevista, especialistas y empresarios cuestionaron el operativo, al que consideran importante pero insuficiente por ser de carácter temporal.

Ascan Lutherot, dueño de la cadena Carl's Jr, consideró una medida acertada la movilización policiaca. Explicó que ''en los últimos meses se han incrementado los delitos de alto impacto relacionados con el crimen organizado, como respuesta al esfuerzo de las autoridades estatales y federales en su ataque frontal contra el narcotráfico.

''El sector empresarial se ve afectado; se afectan las inversiones del sector turístico y comercial, pero sobre todo preocupa el efecto sicológico de la violencia, porque se crea sicosis. En Tijuana se vive con miedo.''

Lutherot es promotor de Tijuana en Marcha, un grupo integrado por empresarios y ciudadanos que promueve una nueva manifestación contra la inseguridad, como la ocurrida en año pasado, en la que participaron casi 5 mil personas.

Por su parte, Jaime Valdovino, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana, afirma que este ''ha sido un año pesado por el aumento de los delitos violentos''.

Señaló que los ilícitos que más afectan a su sector son los secuestros, las extorsiones y los robos con violencia. ''La gente no denuncia porque desconfía de las autoridades; preocupa que no haya coordinación entre las distintas corporaciones".

Menciona que varios de sus afiliados han decidido irse a vivir a Estados Unidos.

Un operativo no hace verano

''México Seguro es para inhibir a la delincuencia, pero el crimen organizado ya tiene control sobre la ciudad. Estas acciones no tocan a fondo al narcotráfico, como hemos visto. Las detenciones que se han hecho son menores y no se toca su estructura operativa ni financiera; sólo se pega abajo", cuestiona Víctor Clark, de la Comisión Binacional de Derechos Humanos.

Según el investigador, "se anuncia que van a llegar fuerzas federales a combatir al crimen organizado. El narcotráfico se toma unas vacaciones para reiniciar sus actividades delictivas una vez que se vayan las corporaciones''.

Pese a que han sido mínimas las denuncias de abusos por estos operativos, Raúl Ramírez Baena, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, señaló que ''en los últimos meses, la actuación de la policía ha multiplicado los abusos contra migrantes, jóvenes de los barrios populares y gente de la calle. No tienen un concepto de los derechos humanos y frente a las denuncias hay indolencia de las autoridades".

En ello coincide David Solís, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, quien manifiesta que en la ciudad han crecido las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Según Solís, "en los seis meses de la administración de Jorge Hank Rhon, como alcalde de la ciudad, aumentaron las ejecuciones, los secuestros, los levantones y los robos".

En cambio, cuestiona, "las autoridades hablan de que en promedio se han reducido los índices en algunos delitos, como secuestros y robos, pero esto se debe a que la gente no denuncia porque no tiene confianza en las autoridades''.

Respuesta ciudadana

La inseguridad ha provocado reacciones ciudadanas. Se han creado comités de dignificación de la ciudad, se han organizado marchas contra la inseguridad -la más reciente este fin de semana, que recorrió las ciudades del estado- y se han formado consejos ciudadanos de seguridad pública.

No obstante, continúa el "pánico" por el narcotráfico, "porque sabemos que están coludidos con la policía. No vemos acciones decididas para acabar con la corrupción en los cuerpos de seguridad. La llegada de las fuerzas federales está bien, porque las autoridades del estado y del municipio se han visto rebasadas por la delincuencia", concluye el empresario Jaime Valdovino.