Inseguridad
Hoy nos enfrentamos a problemas cuya densidad y gravedad eran inimaginables hace sólo unos cuantos años. Uno de ellos, obvio, es el que genéricamente se agrupa bajo el término "inseguridad", aunque con él, en realidad, designamos varias cosas a la vez. Por inseguridad entendemos un clima de falta de garantías y protección que nos sitúa como víctimas propiciatorias de la delincuencia en general. Pero inseguridad también es la incertidumbre ante el futuro, el temor causado por el desempleo, la exclusión o la marginalidad, la experiencia de la "modernidad" vivida como un cambio acelerado sin fines alcanzables, en fin, la deshumanización de la vida cotidiana a que da lugar social un orden cuya lógica interna tropieza una y otra vez con los valores que en teoría dice sostener y del cual no está exenta la violencia.
En ambos casos, perdemos la ciudad, dejamos de ser ciudadanos en el sentido político y moral de la expresión y nos convertimos en rehenes del miedo, en víctimas de la impunidad que mina el ánimo colectivo, la confianza en la ley y en quienes deberían aplicarla. Las imágenes del Ejército tomando las calles de Nuevo Laredo son ilustrativas de hasta qué punto el Estado tiene que echar mano de recursos excepcionales para no evaporarse en la guerra contra las bandas criminales. Esa situación conlleva riesgos nada desdeñables para el funcionamiento "normal" de las instituciones, por más que se prometa que "no habrá restricción de las garantías individuales", como aseguró el vocero presidencial. Allí, un caso extremo aunque no excepcional, la acción militar desplaza, así sea temporalmente, a los cuerpos policiacos locales, que se han pasado con todo y armas al enemigo. El resultado inmediato es la "desaparición" de las instancias municipales y estatales, impotentes bajo el fuego cruzado de la delincuencia organizada y los cuerpos federales que la combaten. Sin embargo, es evidente que algo no funciona en este esquema "federal" que, si no se reforma en serio, será inútil para frenar la delincuencia y acabará con la vida municipal. La "coordinación" entre los niveles de gobierno parece insuficiente para enfrentar un fenómeno que es cada vez más social, en la medida que los traficantes se asientan en el mercado nacional y dejan de ser simples intermediarios en la exportación de las drogas y capitales sucios. Tal vez sea hora de pensar en cuerpos de seguridad realmente federales, permanentes, dirigidos por el mando con funciones específicas que ya han desbordado las capacidades propias del municipio y los estados. Y en prevención, sobre todo.
Pero hay algo más: el Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Es cierto, como el gobierno ha insinuado en el caso del hijo de El Chapo Guzmán, que hay jueces dispuestos a favorecer por las buenas o por las malas a la delincuencia organizada? No deberíamos tener problema alguno para responder a esa pregunta, pero la verdad es que ni siquiera se plantea en serio, como un paso indispensable en el diseño de una estrategia de Estado dirigida a darle a la ciudadanía la certeza de que en la lucha contra la delincuencia se aplican todos los recursos al alcance del Estado. Y no se diga que se trata de sembrar dudas en cuanto a la honestidad de los servidores a cargo del ejercicio de la justicia. En el pasado no tan remoto, el Poder Judicial servía al presidente en turno para gobernar en el marco de una ficción constitucional. El famoso "estado de derecho" apenas si se sacudía con las resoluciones serviles de ciertos magistrados que obviamente atendían intereses extralegales. La política autoritaria decidía sobre la ley. Durante décadas, al menos en los temas políticos de mayor resonancia, el derecho funcionaba para legitimar, tergiversar o, simplemente, ocultar actos indebidos del grupo dirigente. Ahora, se asegura, las cosas han cambiado, pero la impunidad persiste, unida a la corrupción. No digo que estamos igual que antes, pues es verdad que hoy tenemos jueces honestos dispuestos a cumplir su deber, pero el cambio democrático y la lucha contra la delincuencia organizada requieren de mayores dosis de credibilidad, sin abrirle el paso a una especie de judicialización de la vida pública. El Poder Judicial nos debe una autocrítica por el pasado y una luz hacia el futuro.
A Ricardo Becerra, un abrazo.