Mario di Costanzo
Revisar el rescate bancario no provocará crisis
La revisión de las operaciones irregulares por aproximadamente 100 mil millones de pesos llevadas a cabo por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa) durante el rescate bancario no provocarán un incremento en las tasas de interés y una devaluación del peso. El secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, "miente en ese sentido", afirmó el ex secretario técnico de la Comisión del Congreso para investigar las operaciones del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Mario di Costanzo.
Sostuvo que Gil Díaz, en su afán "por proteger a los banqueros, ha tratado de intimidar al Poder Judicial", señalando que una revisión del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) provocaría una crisis macroeconómica. Eso es falso, recalcó, porque los pagarés del Fobaproa cuentan con el aval del gobierno federal y cualquier descuento, en todo caso, perjudicaría la calificación de la deuda de México.
Toda esta maniobra, agregó el analista financiero, demuestra que la deuda o el aval otorgado por Jonathan Davis, actualmente presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y miembro de la Junta de Gobierno del IPAB, en su carácter de tesorero de la Federación en los pagarés del Fobaproa, no es legal, porque la fracción octava del artículo 73 constitucional establece como facultad exclusiva del Congreso la de reconocer y mandar pagar la deuda pública.
Lo "nunca reconocido"
Por lo anterior, precisó, revisar las operaciones irregulares llevadas a cabo durante el rescate bancario no implicaría que el gobierno federal desconociera una deuda, en virtud de que no "puede desconocer una deuda que nunca ha reconocido". El problema es que si no se hace el arqueo, se tendrá que pagar con cargo a los contribuyentes.
Destacó que en virtud de que las operaciones relativas al PCCC llevadas a cabo por el Fobaproa fueron inconstitucionales, el Congreso mandató al IPAB revisarlas. Este mandato se encuentra plasmado en el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB y hasta el momento se ha ignorado.
Hizo ver que este artículo ordena realizar auditorías a las operaciones llevadas a cabo por el Fobaproa, y señala textualmente: "En caso de que la auditoría reporte irregularidades, se procederá inmediatamente a deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y económica".
En este escenario, es absurdo que Gil Díaz trate de convencer a la Suprema Corte de Justicia de que si actúa conforme a la ley, los mercados financieros se desestabilizarán. Eso sería como decir que sólo mediante la impunidad de los banqueros se podrá mantener la estabilidad económica.
En caso de que las revisiones determinaran que a los bancos no les corresponde un solo peso, y estos amenazaran con irse a la quiebra, la propia Ley del IPAB establece que se podrán otorgar apoyos a las instituciones bancarias, siempre y cuando garanticen con acciones y no con cartera chatarra e incobrable, como lo hicieron para que los contribuyentes paguen sus operaciones ilegales.