Cerrada, una lucha de 20 años, dice el abogado
Anular las leyes del perdón, sólo un paso: Carlos Slepoy
Madrid,15 de junio. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina de anular las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida es "extraordinaria", ya que "consagra legalmente el fin de la impunidad", consideró Carlos Slepoy, víctima de la represión y uno de los abogados que han luchado para que los tribunales internacionales investiguen los crímenes contra la humanidad.
Slepoy, jurista argentino emigrado en los años de la dictadura (1976-1983), se convirtió en uno de los representantes de la acusación popular en los procesos abiertos en la Audiencia Nacional de España contra los represores argentinos.
En entrevista con La Jornada, Slepoy sostuvo que "estamos al cierre de una etapa histórica, ha costado 20 años derrumbar definitivamente estas leyes. Pero esto es sólo un paso de un camino que será todavía muy largo".
La impunidad, aseguró, todavía persiste en Argentina y otros países latinoamericanos. "En concreto, me refiero al hecho de que haya algunos militares detenidos en estos momentos que están cumpliendo sus prisiones preventivas en establecimientos militares o que cuando cumplen 70 años, automáticamente se les concede el arresto domiciliario", explicó.
"Esto es un privilegio irritante del que están gozando, pues su prisión está en los mismos cuarteles que utilizaron para secuestrar y torturar a las personas, además de que están rodeados de sus camaradas, y esto también es impunidad", agregó.
Para este defensor de los derechos humanos, la decisión de la Corte Suprema argentina podría llevar ante la justicia a todos los responsables de aquellos crímenes, tanto el "brazo ejecutor" -los militares-, como los que diseñaron "tanto dentro como fuera del país este plan criminal".
Slepoy resaltó la importancia de "los procedimientos judiciales en otros países" para la decisión de la Corte argentina. "Me interesa destacar el aporte extraordinario que ha realizado la justicia mexicana para detener y extraditar a (el represor argentino) Ricardo Miguel Cavallo, porque esto ha revelado la colaboración judicial internacional en la persecución de los crímenes contra la humanidad", señaló el abogado.
Sobre la posibilidad de que la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida puedan servir para conocer más detalles de los crímenes de la dictadura, consideró que "ahora los jueces argentinos van a sentirse más respaldados como para adoptar medidas en las que han venido siendo tímidos (...) Esperamos que el papel que desempeñe el Ejecutivo argentino sea muy importante tanto haciéndose presente en las causas, a través de abogados del Estado, para reclamar entre otras cosas indemnizaciones a los genocidas, como para tratar de concentrar los juicios para hacerlos lo más rápidos y efectivos posibles".
Interrogado sobre lo que pasará ahora con el juicio abierto en Madrid contra Cavallo, contestó: "En principio no creemos que haya tribunales privilegiados o que tengan primacía respecto de otros, pues consideramos que en materia de persecución universal de crímenes contra la humanidad todos los tribunales del mundo están legitimados para perseguirlos al actuar en nombre de la comunidad internacional".
Pero también "el hecho de que los crímenes sean juzgados en el propio país donde se cometen restituyen los valores sociales que el genocidio y la impunidad han destruido. Por lo tanto es importante que sean juzgado en el propio país, pero no como una prioridad jurídica, sino más bien cultural, social o política"
Esto no impide que "pensemos que Cavallo debe ser juzgado en España. Hace cinco años que está a disposición de la justicia española -tres en México y dos en España-, el proceso está sumamente avanzado, hay un reconocimiento expreso de la legitimidad de la jurisdicción española por parte de las autoridades argentinas y por tanto no creemos siquiera que sea solicitada la extradición de Cavallo", dijo Slepoy.
Si esto sucediera, añadió, "hay elementos para establecer la prioridad del tribunal español en este caso concreto: primero, por la cantidad de crímenes por los que está acusado, y segundo porque fue el primer tribunal que empezó el asunto y tiene más avanzado el procedimiento. Así que esperamos que Cavallo pueda ser juzgado en España a principios del año que viene".