El Estado, sin respuesta ante la violencia
La ola de violencia que ha ensangrentado a algunos estados del norte del país se hace presente en el Distrito Federal, y las ejecuciones en plena vía pública se nos revelan como acontecimientos que no son aislados y que lamentablemente son parte de un fenómeno de descomposición social ante el cual el Estado ha fracasado y no tiene respuestas.
Los asesinatos de agentes federales ocurridos en los últimos días en la ciudad de México son minimizados por las autoridades capitalinas, que sólo señalan que forman parte de la falta de empleo, la carencia de crecimiento y desarrollo económico, lo que genera una desigualdad que a su vez trastoca el supuesto estado de derecho y mina el contrato social.
Investigaciones recientes confirman el avance de la criminalidad organizada, como el narcotráfico, desde mediados de los noventa, en especial en las ciudades: "En apenas una década, México pasa de ser una sociedad con criminalidad media, a presentar una incidencia delictiva particularmente alta, y cuyos indicadores de violencia la ubican entre las 10 naciones más violentas del mundo". El diagnóstico, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CIDAC), coincide con cifras sobre la impunidad imperante en la República, que sitúa en un promedio de 96 por ciento, seis puntos más que los datos duros del INEGI en la materia, que hablan de una impunidad de 90 por ciento.
La crisis financiera de 1994-1995 fue uno de los detonantes de las llamadas "cifras negras", que reflejan el aumento de la actividad delictiva en varios rubros, como la venta y distribución de drogas, o la portación ilegal de armas; a éstos se sumaron la aparición de las bandas de secuestradores, el robo de vehículos, de infantes y el tráfico de órganos, y otros de surgimiento reciente, como los delitos informáticos, todos con una característica en particular: la violencia con que se ejecutan, a la par con su crecimiento.
Si bien esta información no es nueva, parece ser ignorada por las distintas autoridades, que proponen, como siempre, el cambio de leyes o dar más facultades discrecionales a las policías o a las procuradurías de Justicia, sin tomar en cuenta que las recientes modificaciones en la materia (1993-1998) no han sido suficientes para atacar la problemática.
¿Cómo garantizar la integridad física y patrimonial de los habitantes de la capital del país o de las urbes medias, donde se verifican altos índices de violencia? Cuando se sabe y se percibe, por la opinión pública, que una de las posibles soluciones es revisar un sistema de supuesta justicia que no puede responder a los graves y complejos fenómenos de la delincuencia de hoy, que es, a decir de investigadores como Guillermo Zepeda Lecuona, un componente de partes de diversa naturaleza, como la heterogeneidad del país, "presentando un incremento en la incidencia delictiva urbana, principalmente reflejada en el robo (que se ha incrementado en siete años en 60 por ciento en zonas urbanas); en una creciente violencia (además de asaltos a mano armada, la cantidad de homicidios y lesiones imprudenciales, derivados de accidentes carreteros o de tránsito), así como el avance del crimen organizado" (reflejado, por ejemplo, en las cifras de los delitos federales y ejecuciones entre grupos criminales).
Pese a esta realidad, los políticos prefieren ignorar las demandas ciudadanas, sustraerse de las mismas, y ahora que están en precampañas utilizan la temática de la inseguridad pública para atacarse mutuamente sin ofrecer posibles soluciones; el colmo del cinismo es exhortar a la ciudadanía para que responda al fenómeno con sus propuestas.
Ante la falta de ideas nuevas, es tiempo de responsabilizar a quienes nos gobiernan, de su ineficacia e inoperatividad, pero también de rechazar a los embaucadores de siempre, que se presentan bajo el manto democrático para que el voto capitalino les favorezca, pensando no en el ciudadano sino en sus aviesos intereses, que nos han dejado sin esperanza y a merced de otro tipo de delincuentes.
Porque, al fin y al cabo, ¿cómo se puede llamar a los que, faltando a su promesa como gobernantes o representantes populares se exhiben nuevamente como suspirantes al gobierno de la ciudad de México, cuando por décadas han sido parte del problema y no su solución?