Turnarlo ante un juez o pedir arraigo, las opciones
El lunes decide la PGR sobre el caso de hermano de El Chapo
La Procuraduría General de la República (PGR) definirá el próximo lunes si pone a disposición de un juez con sede en Toluca, estado de México, a Miguel Angel Guzmán Loera El Mudo y lo encarcela en el penal de máxima seguridad de La Palma, o solicita un arraigo en su contra por un plazo de hasta 90 días.
El hermano de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa, comenzó a rendir su declaración ministerial ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), asistido por un defensor de oficio.
Ayer, la PGR emitió un comunicado de prensa en el cual dio a conocer que "elementos del Ejército Mexicano pusieron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la SIEDO" a Miguel Angel Guzmán Loera, a quien también se le identifica dentro de la estructura del cártel de Sinaloa como Lucio Guadalupe Pérez Cano, Gabriel Bernal Castro, Adalberto García Vidana o Miguel Angel Sánchez Ruiz.
Las autoridades federales informaron que la detención de Guzmán Loera se realizó con base en "una orden de localización y presentación girada dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/-UEIDCS/100/2005", aunque no explicó que ese mandamiento ministerial fue girado horas antes de que se cumplimentara en Culiacán, Sinaloa, el pasado miércoles.
Según la PGR, a Miguel Angel Guzmán Loera se le vincula con delincuencia organizada, delitos contra la salud, portación de arma de fuego reservada para el uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea "y lo que resulte", ya que se le atribuye haber participado en la adquisición de inmuebles que luego eran utilizados por el cártel de Sinaloa, así como de obtener documentación falsa para dotar de otra identidad a los miembros de la organización que dirige su hermano.
El traslado de El Mudo a las instalaciones de la SIEDO fue al filo de las siete de la mañana, luego de que habría sido traído a la ciudad de México procedente de la novena Zona Militar el mismo miércoles en que fue capturado y después de pasar horas detenido en el Campo Militar Número Uno.
Según el gobierno federal, su retención en instalaciones castrenses y su custodia por parte de personal militar en las horas siguientes a su captura fue a petición de la propia PGR.
Luego de que fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, fue asistido por un defensor de oficio, hasta que el litigante Jorge Bucio -quien también defiende a Archivaldo Iván Guzmán Salazar, hijo de El Chapo- se acreditó como su abogado.
Bucio aseguró haber obtenido de un juzgado federal, al cual no identificó, una suspensión provisional contra la incomunicación de su cliente, pero el recurso legal dejó de surtir efecto, ya que este mismo viernes logró entrar en contacto con Miguel Angel Guzmán y mantuvo diálogo con él durante varios minutos después de que ya había rendido sus primeras declaraciones ante el Ministerio Público Federal.
El litigante aseguró que el hermano de El Chapo Guzmán le dijo no haber sido objeto de malos tratos o actos de tortura, por lo que, al no tener acreditados hechos de esa naturaleza, no puede presentar ninguna denuncia al respecto.
La SIEDO cuenta con un plazo legal de hasta 96 horas, que se cumplirán el próximo lunes, para definir la situación jurídica de Miguel Angel Guzmán, y será hasta horas antes de vencerse ese tiempo cuando se decida si es consignado ante un juez o se le arraiga, mientras el Ministerio Público Federal concluye sus investigaciones.