La decisión, avance muy limitado que preocupa a la comunidad internacional, afirma
Ardid de la Corte permite a culpables del halconazo evadir la justicia: AI
Amnistía Internacional (AI) calificó como un "avance muy limitado" en la búsqueda de la justicia en México la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971, conocidos como el halconazo, en el que fueron asesinados más de 30 estudiantes que participaban en una marcha pacífica, y cuyos asesinos materiales fueron exonerados por el máximo tribunal al concluir que el delito de genocidio prescribe.
En un pronunciamiento oficial difundido en conferencia de prensa, la organización internacional señaló que mediante un "ardid se permitió que presuntos responsables de crímenes de suma gravedad evadieran la justicia", ya que sólo se abrirá proceso penal contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y Mario Moya Palencia ex secretario de Gobernación, mientras que nueve coacusados no serán presentados ante la justicia, pues en su caso prescribió el delito de genocidio que se les imputaba.
Agregó que es "preocupante" que la SCJN mantenga una limitada aplicabilidad de los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, y que no haya consagrado la imprescriptibilidad del crimen de genocidio, como lo establece la Convención sobre Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad. Situación que refleja que los progresos en la lucha contra la impunidad son "claramente insuficientes".
En entrevista por separado, Julio Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem), afirmó que el fallo de la Corte es "sólo una estrategia más de un gobierno represor que busca dar carpetazo a los crímenes del pasado sin aplicar justicia para establecer la verdad histórica".
Destacó que tan sólo en Atoyac de Alvarez, Guerrero, existen más de 400 desaparecidos en el periodo denominado guerra sucia, "sin que hasta la fecha se sepa qué paso con las víctimas ni dónde los tienen". Por ello, afirmó, la labor realizada por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado "ha sido otra trampa del gobierno para engañar a la sociedad y exhibir en el extranjero un supuesto compromiso con los derechos humanos que nunca ha cumplido en México".