El drama de los impuestos
Repentinamente, los trabajadores del país descubrieron que tendrán que pagar más impuestos a partir del primero de enero del próximo año, conforme a la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de 2004.
El incremento de impuestos se reflejará con mayor impacto en los salarios medios de entre 11 y 40 mil pesos mensuales. Un factor determinante es la integración de las prestaciones adicionales denominadas de previsión social (vales de consumo, despensa, ayudas diversas, pagos de primas, etcétera), que serán ahora gravadas como parte del salario reduciendo sensiblemente el ingreso real de los trabajadores.
Absurdamente, la nueva ley disminuye el gravamen a salarios más altos, a grado tal que aquellos trabajadores que ganan más de 70 mil pesos mensuales cubrirán una cantidad aun menor que la que pagan en la actualidad.
La reforma tuvo su origen en una iniciativa enviada a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo federal el 8 de septiembre de 2004. Parecía atractiva conforme a su exposición de motivos, ya que decía sustentarse en las conclusiones de la primera Convención Nacional Hacendaria, al incluir, entre otros temas, la reducción en la tasa máxima de impuestos, una tarifa única para personas físicas, flexibilidad en el sistema de pago, simplificación administrativa y la inclusión de un sistema de subsidios vigentes por un periodo de 10 años en tanto se recuperaba el salario real. Esta iniciativa fue aprobada por todas las fracciones parlamentarias, salvo algunos artículos que reservó el Partido de la Revolución Democrática, en el seno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La aprobación final de la minuta, complementada con una serie de adiciones por parte de la Cámara de Senadores, particularmente en sus transitorios, se realizó en un escenario de urgencia por la aprobación del presupuesto y en una lógica de paquete, práctica que ha generado muchos errores en el trabajo legislativo. El conjunto de los partidos deberá asumir la responsabilidad que le corresponde, puesto que todos participaron en la aprobación de la reforma. Es claro que será corto el tiempo para revertirla; sin embargo, será necesario hacerlo no limitándose a regresar al texto anterior, sino generar una discusión más amplia en la línea de una reforma integral.
El tema fiscal es particularmente complejo e impopular; se evita afrontarlo por la negativa común de pagar más impuestos, en razón de los pocos contribuyentes, los bajos salarios que percibe la mayoría de los trabajadores y por la desconfianza de su destino. Cuando se conocen los salarios de altos funcionarios, el derroche público, el subsidio a partidos familiares como el Verde Ecologista o las exenciones a grandes grupos industriales es natural esta oposición. A pesar de ello, resulta innegable que el Estado requiere más recursos para cumplir las exigencias de la sociedad en temas tan candentes como creación de empleos, educación, salud y seguridad. Un dato duro hace referencia a la baja recaudación fiscal respecto a nuestro producto interno bruto. Mientras en México la proporción equivale a 11 por ciento, en países con los que tenemos mayor flujo comercial es del orden de 25 por ciento. La debilidad fiscal del Estado es un factor que perjudica a los que menos tienen en la medida en que los programas sociales de un gobierno dependen de sus ingresos.
Existen muchas propuestas orientadas a mejorar la recaudación fiscal, que no se limitan a imponer mayores cargas a las víctimas cautivas de siempre. Sugieren poner énfasis en eficientar la recaudación combatiendo la evasión, la corrupción y el ejercicio de una administración austera. Estos factores, si bien esenciales, no parecen indicar que sean suficientes. Otras se limitan a reclamar que los grandes capitales paguen más impuestos, propuesta que, siendo correcta, encuentra su límite en la necesidad de promover la inversión. Unas más sugieren generalizar los impuestos por la vía del consumo, como el impuesto al valor agregado, suprimiendo las exenciones. Hay quien propone recuperar la práctica del quinto real: de cada peso percibido pagar 20 por ciento.
En todas las propuestas se insiste en la necesidad de ampliar la base de contribuyentes, explicitar con máximo detalle el destino y aplicación de los impuestos, establecer un sistema sencillo para calcularlos y vincular la política fiscal con otras políticas públicas. En efecto, la mayor parte de los reclamos sociales dependen de los ingresos del Estado. Sería saludable mayor acceso y dominio público de los distintos renglones de la contabilidad estatal, y cada vez que se haga una petición deberá cuantificarse su impacto económico. Esta es una práctica común a escala familiar: antes de asumir un compromiso se calculan las posibilidades para afrontarlo.
Por lo pronto, es necesario corregir el entuerto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suprimir su falta de equidad y hacer congruente la exposición de motivos con los impactos reales de la misma. Debemos superar el fácil camino de castigar siempre a los trabajadores para cubrir las necesidades del Estado. Una discusión abierta sobre los temas fiscales favorecerá la actitud de responsabilidad colectiva que debe generarse. Convencernos de que una adecuada política fiscal es un medio para lograr el crecimiento económico y la tan reclamada equidad social.