Hospital Juárez del Centro
Antes fue el Hospital Pediátrico de Azcapotzalco, hoy es el legendario Hospital Juárez del Centro. En ambos casos los diagnósticos gubernamentales fueron ajustados por la movilización de quienes los operan (médicos, enfermeras, profesionistas afines) y emplean (pacientes, usuarios, vecinos). ¿Qué falla en ellos? En 2004, la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal decidió cerrar el Hospital Pediátrico de Azcapotzalco con el "argumento" de que "deje de atender a la población infantil y brinde servicios a la Policía Bancaria e Industrial".
¿Cuándo y dónde consultaron esas autoridades a operadores y usuarios? ¿Cuándo y cómo decidieron con ellos su destino? ¿Y la comunidad de Azcapotzalco?
La movilización de los que operan y emplean el hospital obligó al gobierno capitalino a "rectificar" su decisión y seguir atendiendo a los infantes de la zona, porque, a decir de Andrés Manuel López Obrador, hay que "tomar en cuenta, en todas las decisiones, a la gente".
En abril pasado, un oficio de la Secretaría de Salud (Ssa) exhibido en los pasillos del Hospital Juárez -el segundo más antiguo de México, que data de 1847- comunicaba que el inmueble será destinado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El personal debería "proceder a su desocupación inmediata". Ese "personal" lo conforman 450 trabajadores: médicos, enfermeras, administrativos y estudiantes.
En asamblea, ese "personal" estableció que la unidad de segundo nivel -cuna de la cirugía mexicana e institución vanguardista en operaciones de mínima invasión: laparoscopia y endoscopia- atiende anualmente a 50 mil pacientes, brinda 55 mil consultas y efectúa 3 mil 500 intervenciones a personas de bajos recursos. También determinó remitir un escrito a la Ssa y la Presidencia de la República -mediante la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntssa)- para exigir que no lo cierren y que Julio Frenk explique cuál será el destino del nosocomio.
La superficie del hospital cubre 23 mil metros cuadrados del patrimonio de la beneficencia pública y 6 mil son propiedad del gobierno federal. El sismo de 1985 derribó la torre y afectó su estructura. Entonces se edificó el Juárez-Norte. La Ssa insistió en "los supuestos daños que presenta el edificio", aunque nunca fue capaz de detallarlos.
Después de la asamblea siguieron los plantones del "personal" afuera del nosocomio con apoyo de pacientes y vecinos. Hasta que Frenk declaró que el hospital "cerrará sus puertas, pero no se cancelarán los servicios". Luego los trabajadores denunciaron "las verdades a medias" de Frenk: "nada le importa, ni los pacientes ni los médicos que todos los días estamos aquí salvando vidas y carecemos de insumos para garantizar la efectividad de los tratamientos clínicos. Nos haremos escuchar por todos los medios posibles, incluyendo bloqueos y marchas".
En efecto, "el personal" salió a la calle, acompañado de vecinos y comerciantes. Primero clausuraron simbólicamente las oficinas de la Ssa, bloquearon la avenida Fray Servando y solicitaron que la UNAM elaborara un peritaje sobre la estructura hospitalaria.
Luego requirieron el apoyo de los diputados y cerraron la avenida Congreso de la Unión. Siempre con los pacientes al lado, "el personal" aprovechó la marcha "del silencio" para distribuir propaganda, mientras Frenk declaraba que el nosocomio "tiene un problema de productividad".
¿Cuándo y dónde consultó Frenk a los pacientes, usuarios y vecinos del hospital? ¿Cuándo y cómo decidió con ellos su destino? ¿Y la voz de la comunidad de La Merced?
Posteriormente -después de que Frenk reconociera que la Ssa "no va a tomar ninguna medida autoritaria"-, "el personal" rebasó a su representación sindical y forzó un acuerdo entre Joel Ayala (FSTSE), Marco Antonio García Ayala (Sntssa) y Frenk para preservar el inmueble y someterlo a "cirugía total".
Aunque "el personal" no bajó la bandera: desconfiando -con toda razón- del "acuerdo" marcharon a Los Pinos para reiterar su pliego petitorio y evitar el desmantelamiento del hospital gracias a las "declaraciones ambiguas" de Frenk: el nosocomio "ya no venía funcionando en condiciones óptimas para los propios trabajadores". Y tenían razón: el 12 de mayo autoridades de la Ssa comenzaron a retirar estudiantes, aparatos y medicamentos, a pesar del "compromiso" firmado por Frenk.
Después de que éste se entrevistara con los 11 ministros de la SCJN, apoyado por legisladores, "el personal" volvió a tomar la calle: "tratan de cansarnos y dividirnos". Frente a lo cual iniciaron las Jornadas de la Salud: dieron consulta gratuita en plena calle. Seis semanas después las protestas continúan.
Lo que falla en esos diagnósticos gubernamentales es su gobernanza: temen a la participación ciudadana. Todo gobierno interactúa en escenarios de incertidumbre y complejidad. Pero lo que está en juego involucra al núcleo de las relaciones entre política y sociedad. Un gobierno con gobernanza nunca impone y aprende en la propia experiencia.
Por eso Julio Frenk enfrentó en Campeche el airado reclamo de pacientes con VIH, quienes lo acusaron de vacunar niños, pero abandonarlos cuando de adultos adquieren sida: "¿de qué van a servir todas las vacunas si no hay en el Estado una campaña de prevención y de información sobre la enfermedad?", le espetaron. Eso sucede cuando los diagnósticos gubernamentales nadan, además, en los maquillajes que opera Foxilandia.
Las administraciones entrantes deben aprender a gobernar de otra manera.
Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco