Editorial
México Seguro, militarización inútil
La violencia en la frontera norte está provocando inestabilidad en la región, y la militarización de la lucha contra el narcotráfico no parece ser la solución. Este viernes un hombre fue asesinado luego de participar en una manifestación en la que se lanzaron consignas contra la presencia de fuerzas federales y militares en Nuevo Laredo, en el contexto del programa México Seguro, que abarca a ocho ciudades de estados fronterizos con Estados Unidos. El masivo despliegue de fuerza pública no ha detenido las ejecuciones, producto de la guerra entre cárteles de la droga que se disputan a sangre y fuego el mercado y las rutas de trasiego de estupefacientes. Esta violencia ha generado incertidumbre y miedo entre la población, indefensa ante la impunidad con que actúan los criminales con la complicidad de algunas autoridades.
México Seguro arrancó el martes, cuando un millar de efectivos del Grupo de Aeronáutica y Fuerzas Especiales, Policía Federal Preventiva, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y Agencia Federal de Investigación (AFI), apoyados por el Ejército, asumieron el control en Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, Tamaulipas; Culiacán, Navolato y Mazatlán, Sinaloa; Tijuana y Mexicali, Baja California. Esta medida obedece a la ola de violencia que sacude al país: en 2005 se han registrado 155 asesinatos en Tamaulipas, de los cuales 66 ocurrieron en Nuevo Laredo; en tanto, en Baja California se han reportado 300 muertes violentas, una cuarta parte vinculada al crimen organizado. En total, 606 asesinatos en México de enero a la fecha.
Sin embargo, el operativo federal no parece surtir efecto, pues los crímenes continúan: en Nuevo Laredo, la ciudad más vigilada, dos personas fueron ejecutadas pese al despliegue de centenares de efectivos federales y militares. Tres fueron asesinadas también en Tamaulipas, dos en Ensenada, Baja California, y dos más en Ciudad Juárez, Chihuahua. En ese contexto cabe preguntarse si la militarización del combate al narcotráfico puede tener éxito. Y es que, sacar a los soldados a las calles no es una solución factible para este problema. Los militares no tienen capacidad para romper los vínculos del narco con autoridades civiles y policiacas, como lo demuestra el caso de 41 policías municipales de Nuevo Laredo investigados por los delitos de delincuencia organizada y tentativa de homicidio, arraigados luego de que la semana pasada emboscaran a un convoy de la AFI. También cabe recordar el caso del gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, quien permanece en su cargo pese a las pruebas que lo ligan al narcotráfico.
El Ejército no puede suplir la falta de efectivos policiacos para cubrir las necesidades de un programa como México Seguro. Como ha señalado la Organización de las Naciones Unidas en varias ocasiones, las fuerzas armadas no deben utilizarse en labores policiacas, pues corren el riesgo de corromperse y de incurrir en violaciones a los derechos humanos.
Más que una acción eficaz para frenar la violencia, la militarización de la frontera norte parece ser una medida "efectista" y cosmética; una acción apresurada e improvisada ante un poder criminal que ha conseguido infiltrarse en todos los ámbitos de la vida nacional. Combatir efectivamente al narcotráfico exige una profunda labor de inteligencia, que, parece, brilla por su ausencia. Mientras esa labor no se lleve a cabo, la organización de las mafias y sus redes de complicidad y corrupción permanecerán intactas, sin importar cuantos militares y policías se empleen en este combate.