La prensa y el poder regional
El día 12 de junio pasado, cuando el gobernador del estado de Oaxaca se enteró de la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le formuló, motivada en omisiones cometidas por la Dirección General de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia del Estado, en perjuicio del periódico Noticias, lo primero que declaró fue que la iba a estudiar y en su momento daría una respuesta puntual a ella. El organismo nacional de derechos humanos basaba su recomendación en el hecho que los funcionarios de las instituciones señaladas habían retrasado la procuración y administración de justicia en agravio de los propietarios y trabajadores del diario y, de manera indirecta, al no ejercitar acción penal contra personas que invadieron su bodega, afectaron las libertades de expresión y de información con las que deben contar los periodistas y los medios de comunicación.
Para reparar el agravio, la CNDH solicitó al gobernante instruir a la procuraduría estatal para que implementara las acciones necesarias para garantizar que el diario Noticias entrara en posesión de su inmueble invadido; se tomaran medidas para preservar los derechos como medio de comunicación; se ordenara al Ministerio Público solicitar el pago de la reparación del daño o indemnización a que tuviera derecho el agraviado por la alteración del inmueble y la sustracción de objetos; se determinara la situación jurídica de las averiguaciones previas iniciadas por el delito de despojo y otros derivados de la invasión, se ejercitara la acción penal y se solicitaran las órdenes de aprehensión procedentes.
No le llevó mucho tiempo al mandatario estatal cumplir su promesa, aunque no en el sentido esperado. El 17 de junio, cinco días después de emitida la recomendación, un grupo de personas, entre ellas porros, policías, ancianas y niños, azuzadas por el representante estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y diputado priísta en la Legislatura local, cercó la calle de Libres, donde se ubican las oficinas centrales del diario, mientras otras colocaban las banderas rojinegras a la puerta de la empresa para darle a su acción una mascarada de conflicto obrero patronal y no de una agresión política de personeros del gobierno contra un medio de comunicación, como verdaderamente es.
Esta agresión contra el periódico Noticias se inscribe dentro de las agresiones que en los últimos meses viene sufriendo la prensa mexicana de muy diversas maneras. Demandas civiles, negación de información y anuncios oficiales, ocupación de las oficinas por esquiroles y hasta asesinato de informadores incómodos se ven con mucha frecuencia. Aunque las agresiones toman distinta forma, un común denominador de ellas es que se originan en el miedo de los grupos gobernantes a que la ciudadanía se informe de los acontecimientos por fuentes alternas a los boletines oficiales. Es difícil ocultar esto; por más que desde los gobiernos se insista en que ellos nada tienen que ver en las agresiones, los hechos los desmienten.
En el caso del diario Noticias la investigación de la CNDH, quien documentó que aparte de que las autoridades no ejercieron acción penal contra los invasores o que indebidamente decomisaron el inmueble invadido, son pruebas relevantes. Pero también lo son la denuncia de los propietarios de la empresa editora del diario, quienes han dicho que el gobierno anterior pretendió comprar la mitad de las acciones para controlar la línea editorial; o la voz de los trabajadores que atribuyen los ataques a su posición crítica e independiente, así como a la denuncia de los abusos de poder y su apertura a diversos sectores de la sociedad.
Desde hace años el diario Noticias se convirtió en un problema para el grupo en el poder, quien con la supuesta huelga tal vez no busque destruirlo pero sí someterlo a la voluntad gubernamental, como a otros diarios del estado. La razón es que su dueño, militante de muchos años en el PRI, se fue alejando de él y abrió las páginas del rotativo a voces ajenas al poder. Ahí han tenido tribuna todos los partidos políticos, pero también las organizaciones sociales y las comunidades indígenas. Eso, en un estado como Oaxaca, donde el poder reside en los compadrazgos, los caciquismos regionales y la violencia, no es muy agradable para los señores del poder. Esa es una razón de peso para que los actores sociales que han encontrado eco en él para hacer escuchar su voz no permanezcan indiferentes ante el atropello. Si Noticias es destruido o sometido, también la voz de ellos puede ser opacada.