Ministros argumentan que la ASF vulneró la "esfera de competencia" del Ejecutivo
La Corte, a un paso de anular la revisión de créditos irregulares del rescate bancario
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se perfila para declarar la inconstitucionalidad de los oficios girados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los que recomendó a la Secretaría de Hacienda y al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) la revisión de créditos que se convirtieron en deuda pública durante el rescate bancario. Lo anterior, después de que ayer dos ministros recularon de sus opiniones originales y señalaron que la ASF vulneró la esfera de competencia del Ejecutivo federal.
Al reiniciar la discusión sobre la controversia constitucional que interpuso el Ejecutivo federal en contra de la Cámara de Diputados y de la ASF, las posibilidades de que se revisen los créditos irregulares "para evitar daño a la hacienda pública" se redujeron considerablemente, cuando Guilermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Valls Hernández cambiaron su criterio en punto fundamental de la discusión y salieron en defensa del proyecto elaborado por Margarita Beatriz Luna Ramos, contrario a la ASF.
Inclusive, Valls propuso que dada la demostrada injerencia de la ASF en la competencia del Ejecutivo federal, procedía votar de una vez el dictamen, por supuesto en favor de la Secretaría de Hacienda
Por su parte, Genaro David Góngora Pimentel y Juan N. Silva Meza se opusieron a dicha propuesta; en cambio, apoyaron la actuación de la ASF, al dejar en claro que en el informe elaborado por el auditor canadiense a la deuda del Fobaproa, Michael Mackey, éste reconoció expresamente que no realizó auditorías financieras a los créditos que pasaron al Fobaproa, porque no le dieron la documentación necesaria para establecer si hubo o no créditos ilícitos que se convirtieron en deuda pública.
Góngora se refirió al auditor canadiense al iniciar una de sus participaciones en la sesión con la que buscó dejar en claro que uno de los argumentos que han esgrimido en diversas ocasiones quienes se oponen a que se revisen los créditos presuntamente irregulares sostiene que las auditorías del Fobaproa fueron hechas por Mackey, y por ende los créditos ya fueron revisados y no hay razón para que la Secretaría de Hacienda y el IPAB -que sustituyó al Fobaproa- los revisen de nueva cuenta.
De acuerdo con funcionarios judiciales, el hecho de que Ortiz Mayagoitia y Valls hayan cambiado su postura inicial expresada en la sesión del 26 de abril pasado, en el sentido de que las observaciones hechas por la ASF son inconstitucionales porque le "ordenan" a dependencias del Ejecutivo federal la revisión de los pagarés, dio un giro radical a la correlación de fuerzas dentro del pleno en este asunto.
Ayer únicamente Góngora y Silva Meza consideraron que la actuación de la ASF ha sido legal, y que los citados oficios son "meras recomendaciones" que tienen como propósito "prevenir" que créditos irregulares se conviertan en deuda y ello afecte a las finanzas públicas.
Góngora cuestionó que en el proyecto de Luna Ramos la expresión de que "se tomen medidas preventivas y correctivas para evitar daños a la hacienda pública conlleve un abandono del sentido neutro de los oficios. Las recomendaciones -insistió- se actualizan precisamente cuando existe un incumplimiento de los objetivos y metas establecidas en los programas aprobados y no existe daño patrimonial".
Según el ministro, dichos pagarés ya se reconocieron como deuda pública, pero aún no se han pagado, lo que da vigencia a su punto de vista.
Insistió en que la ASF "no pretendía obtener más información a fiscalizar, sino preparar la antesala para establecer acciones que, de acuerdo con el quinto artículo transitorio de la Ley del IPAB, diera lugar, una vez detectadas irregularidades, a que no se liquidaran pagarés ilegales y por tanto se redujera el monto de la deuda pública.
En todo caso, indicaron, decir que la ASF ordenó el fincamiento de responsabilidades "resarcitorias" y administrativas en contra de los presuntos culpables "es una especulación, un acto futuro de realización incierta".
De los cinco ministros que en abril pasado habían apoyado la labor de la ASF, sólo José Ramón Cossío no hizo uso de la palabra, aunque de acuerdo con intervenciones previas que ha tenido sobre el tema el resto de los integrantes del pleno, se perfila una mayoría que votará en favor del Ejecutivo federal para que queden sin efecto los oficios impugnados.
La sesión terminó al filo de las dos de la tarde, justo a tiempo para que la transmisión de la sesión vía televisión por cable saliera del aire en el tiempo programado.
Una fuente judicial comentó que la prisa con la que el ministro Valls quería ayer que el pleno votara el dictamen era resultado de las "presiones apocalípticas" de la Secretaría de Hacienda, en el sentido de que se si se ordena una nueva auditoría de los créditos, el país sufriría una devaluación, que tendría un costo para el país de 21 mil 600 millones de pesos.
La sesión se reanuda hoy.
Más demandas
Pese a que tanto las instituciones bancarias como los funcionarios del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) han perdido ante los tribunales federales 22 juicios de amparo interpuestos con el objetivo de mantener bajo reserva los archivos del rescate bancario de 1995, por 100 mil millones de dólares, Bancomer y Santander Serfin han interpuesto nuevas demandas de amparo, procedimiento usado desde hace más de año y medio para evadir la resolución de 2003 del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que ordena hacer pública la información de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno del IPAB, de 1999 a la fecha, el acta de entrega del Fobaproa al IPAB y anexos, entre otros expedientes.
Lo anterior informó el director de Asuntos Jurídicos del IFAI, Ricardo Salgado Perrilliat, quien detalló: tanto los amparos como los recursos de revisión solicitados por los bancos y el IPAB se han resuelto en favor del IFAI. "Dichos recursos han sido sobreseídos por los tribunales colegiados de circuito, por falta de interés jurídico".
Es decir, "ni a los bancos ni a los funcionarios del IPAB les afecta en absoluto transparentar la información sobre el rescate bancario y por ello carecen de interés jurídico para promover un juicio de amparo.
"Y no obstante que ya perdieron, vuelven a solicitar una demanda de garantías para, como en una especie de círculo vicioso, retardar la apertura de la información. De hecho, no se descarta que esas demandas se vuelvan a presentar en cascada, como ya lo han hecho", subrayó Salgado.
En entrevista con La Jornada, comentó que los amparos presentados por Bancomer y Santander Serfin ante el juzgado qunto de distrito, tampoco son de un caso nuevo.
El de Serfin, explicó, tiene relación con el recurso de revisión del IFAI 00260/03, de julio de 2003, por medio del cual se pide información sobre una licitación pública para la adquisición de los derechos derivados de uno o más de cinco paquetes de créditos comerciales e industriales, en un primer proceso, así como para adquirir derechos derivados de otros tres paquetes. También se solicita "copia de la relación de cartera de créditos desincorporados, correspondiente a la venta directa de la cartera comercial e industrial", y relación de los bienes incluidos en los paquetes para su venta.
Con información de Elizabeth Velasco C.