En una década asumieron el control de organismos operadores en seis ciudades

Empresas privadas se han apoderado en silencio de servicios de agua potable

ANGELICA ENCISO / III Y ULTIMA

De manera silenciosa y desde la década pasada, empresas trasnacionales que controlan el servicio de agua potable en el mundo comenzaron a extender sus redes a México. Actualmente tienen el control del recurso en seis ciudades, incluido el Distrito Federal.

Aunque el proceso de privatización comenzó con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el actual gobierno se ha buscado consolidar este proceso. Las primeras concesiones fueron otorgadas en 1993 a la empresa francesa Suez -que operaba bajo el nombre de Ondeo-, a Grupo Peñoles y a Vivendi-ICA.

En este sexenio la acción principal ha sido el Programa para la Modernización de los Prestadores de Servicios de Agua y Alcantarillado (Promagua), que condona adeudos a los municipios con los servicios operadores de agua, administrados por el gobierno federal.

El objetivo es que los ayuntamientos regularicen sus pagos, que les serían devueltos por la federación para financiar obras de infraestructura hidráulica, explica Alejandra Peña García, especialista en temas de agua, quien realizó su tesis de maestría sobre este programa.

La idea original se remonta al gobierno de Ernesto Zedillo, quien en diciembre de 1995 creó el fideicomiso Fondo de Inversión en Infraestructura, para apoyar proyectos relacionados con obras y saneamiento del agua.

El Promagua foxista abrió más el mercado a la participación privada, mientras el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alberto Cárdenas Jiménez, y otros funcionarios emprendieron una campaña para que los municipios incrementaran las tarifas de agua potable a los usuarios.

Otros cambios impulsados dentro del esquema de privatización es que las presas construidas a partir de 2004 alimentarán los sistemas de riego más importantes del país, pero serán privadas, y los pozos serán controlados por particulares, incluidos los ubicados en los acuíferos mayores.

Un estudio del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular (Casifop) refiere que "tanto la privatización de las presas como la de los acuíferos conforman el punto de partida de la privatización del mercado rural del agua".

Agrega que en las ciudades la tendencia privatizadora comenzó con la municipalización de los servicios de agua, establecido por el gobierno de Miguel de la Madrid, lo cual llevó a la creación de los organismos operadores, que son empresas mixtas o privadas que se ocupan de administrar el servicio.

Camino abierto

Al igual que en otros países de la región, la experiencia en México de las trasnacionales en el servicio de agua potable no ha sido positiva.

La ciudad de Aguascalientes (700 mil habitantes) fue la primera en que los servicios de extracción, distribución y saneamiento fueron cedidos a una empresa privada, indica Peña García.

Sin un proceso de licitación de por medio, en 1995 Vivendi-ICA se hizo acreedora de la concesión por 30 años, luego de que el gobierno municipal, de origen priísta, decidió impulsar la privatización de los servicios con el argumento de la falta de recursos para subsidiar el recurso y la necesidad de elevar la eficiencia, la cobertura y la calidad.

El contrato establecía incrementos graduales de las tarifas, pero la empresa tenía planeado desde el principio un aumento importante para hacer frente "a sus altos costos de operación, que se elevaron debido a la situación financiera del país".

En 1996 la inconformidad ciudadana politizó el tema, lo que derivó en la derrota del PRI en las elecciones frente al PAN.

La situación se agravó de tal forma que la Comisión Nacional del Agua tuvo que intervenir con un programa de rescate, porque consideró que la situación económica del país impedía a la empresa cumplir con las obligaciones del contrato.

Peña García detalla que la población consideró entonces -de acuerdo con encuestas- que la calidad del servicio era "mala", si bien ICA y Vivendi mantuvieron el control del servicio.

En 2002, vecinos de un fraccionamiento de la colonia La Barranca en esta misma entidad lidiaron con filtración de aguas negras del drenaje a sus casas.

"En la página electrónica del gobierno de Aguascalientes, en la sección de quejas ciudadanas, hay inconformidades con la empresa por el mal servicio de reparación de fugas en las tuberías o alcantarillados", dice la especialista. Sumado a ello, en 2001 comenzó el incremento de tarifas de 4 por ciento anual.

En el caso del Distrito Federal, detalla Peña García, la participación de la iniciativa privada en la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado comenzó en 1993.

El objetivo era evitar la creación de un monopolio y garantizar el éxito de la iniciativa privada en el ramo. "El entonces Departamento del Distrito Federal optó por dividir la entidad en cuatro regiones administrativas y asignó la administración del servicio de cada una a distintas empresas: United Utilities-Grupo Gutsa (cuya subsidiaria es Agua de México), Vivendi-ICA, Ondeo (Suez)-Grupo Peñoles y Tecsa (Suez tiene una participación de 49 por ciento y Peñoles el resto).

De acuerdo con el contrato, el gobierno de la ciudad vendería el agua "en bloque" a la empresa privada, que se encargaría de administrarla y comercializarla, etapa en la que "ya estaríamos hablando de privatización del servicio bajo un esquema similar al de la concesión".

Peña García precisa que esta fase no se concretó, por lo que no se llevó a cabo la privatización de facto, pero los contratos de estas empresas, que concluyeron en 2003, fueron renovados después, según informó el gobierno de la ciudad el 18 de octubre de 2004 .

El Distrito Federal es un caso ilustrativo de un esquema en el que se contrata una empresa privada para la prestación de ciertos servicios, pero el manejo legal y la responsabilidad de abastecer a la población sigue en manos del gobierno, indica.

De forma similar se trabaja en Saltillo, donde la empresa española Aguas de Barcelona obtuvo en 2001 una concesión por 25 años. En este caso las quejas de los habitantes son por el monto de las tarifas.

En una carta enviada al presidente Vicente Fox, la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo informó al Ejecutivo que los cobros indebidos por el aumento de tarifas eran de 6 millones de dólares, de acuerdo con una auditoría ordenada por el Congreso del estado.

Ante tal situación, los propios ciudadanos impulsaron un movimiento local para recuperar el sistema de agua potable de la ciudad y expulsar a la empresa española.

"La empresa no cuenta con programas de inversión para hacer frente a esta crisis. A pesar de los términos en que se firmó el contrato, no se ha invertido en el mejoramiento de las redes de distribución y la respuesta sigue siendo tardía cuando se le pide atender las fugas", señala la organización civil.

Suez tiene también presencia en Cancún. Junto con Grupo Peñoles, la empresa obtuvo en esta ciudad la concesión para la administración y abastecimiento de agua.

Estas empresas manejan también el servicio en Acapulco y Navojoa, además de participar en el financiamiento, construcción y operación de plantas de aguas residuales en León, Torreón, Matamoros, Ciudad Obregón y Puerto Vallarta.