Adolfo Gilly

El restablecimiento neoliberal del orden

La operación México Seguro, que comenzó con la militarización de la frontera norte y el involucramiento del Ejército en una operación de policía interior, es uno de los graves síntomas del proceso de descomposición del aparato estatal; y, al mismo tiempo, la confesión de hecho de los gobernantes de este país -todos, los tres poderes, los que dicen que gobiernan y los que dicen que están en la oposición- de que ese proceso se les escapa de las manos. La respuesta atroz del narco y sus altos patrocinadores lo confirma.

Más de 20 años de destrucción neoliberal de México; de empobrecimiento sin límites de los pobres y enriquecimiento sin límites de los ricos; de destrucción de las frágiles barreras protectoras antes subsistentes -seguro social, salario mínimo, pensiones, propiedad ejidal, empleo formal, educación, patrimonio público, artículos tercero, 27 y 123, contratos colectivos-, y de sumisión creciente del Estado nacional a Estados Unidos, a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Tratado de Libre Comercio, nos han llevado a la presente crisis, en la cual los políticos de los tres grandes partidos -PRI, PAN, PRD- aparecen desbordados, postrados, confusos y, sobre todo, frívolos.

Es un proceso de desintegración paulatina de una forma de Estado comparable, guardando distancias, ritmos y proporciones, al que fue y sigue atravesando Rusia después del desmantelamiento de la Unión Soviética. Con una diferencia adicional: México limita con Estados Unidos y con la incontenible naturaleza expansiva, incluso bajo forma territorial, de esta potencia desde sus mismos orígenes.

Desde Porfirio Díaz en adelante, el Ejército mexicano se construyó cuidando la integridad del territorio, sin dejar de reprimir una y otra vez las resistencias indígenas y populares. De ahí la oposición de ese ejército, en el pasado, a enviar a sus cuadros a formarse en las academias militares del país vecino. La operación México Seguro, tal como aparece a primera vista, pretende ahora hacer que el ejército abandone del todo aquella función de defensa del territorio nacional y se dedique a proteger la frontera sur de Estados Unidos contra un tráfico de drogas cuyas finanzas y beneficiarios están a ambos lados de esa frontera y cuyo mercado se encuentra sobre todo al norte.

Es una abdicación sin precedentes de la soberanía nacional ante la nación limítrofe, pues tiene lugar en el plano militar, no ya en el financiero, económico o comercial, en los cuales esa soberanía desde hace rato ha estado cuestionada. Tal abdicación está subordinada a las operaciones geopolíticas sobre México, Mesoamérica y el Caribe que se vienen llevando adelante desde la Casa Blanca y el Pentágono ya desde antes de las Torres Gemelas (2001) y de la guerra de Irak (2003).

La gran potencia vecina avanza sobre territorio mexicano, suelo y subsuelo, cultivos y biodiversidad, aguas y bosques, cielos y mares. La gran potencia necesita el petróleo y los recursos energéticos mexicanos, así como necesita a sus migrantes para presionar a la baja sobre los salarios de sus propios trabajadores. La gran potencia, como todos sabemos, tanto como el petróleo para sus maquinarias necesita la droga para mantener el funcionamiento febril de una multitud desquiciada de sus cuadros, atrapados en esa combinación de violencia y miedo en que han sumido desde hace tiempo a su sociedad. La gran potencia, además, está habituada a utilizar la droga en sus "operaciones especiales" contra quienes, gobiernos o movimientos, se resisten a plegarse.

¿Es que México va a seguir siendo arrastrado a esa vorágine? ¿Es que la irresponsabilidad de sus clases dirigentes ante el pasado y ante el futuro de la nación y de su pueblo va a seguir el sendero de los gobernantes y políticos de Rusia? ¿Es que alguien cree que destinando el ejército a tareas que tocarían a la policía va a romper los lazos que unen al narcotráfico con sectores clave de las finanzas y la política? Hasta el momento ningún político, que se sepa, ha denunciado los fines y las consecuencias de esta utilización del Ejército nacional en la operación México Seguro y al menos uno, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado públicamente estar de acuerdo con ella.

No, en verdad no es creíble que ninguno lo ignore. Es mucho más verosímil que entre los fines no declarados de este ensayo esté un vasto diseño de "restablecimiento del orden" por parte de una clase política desbordada en cada una de sus facciones y en su totalidad por su ineptitud frente a una crisis agudísima de todo el régimen estatal hasta hace algunos años existente.

Esa misma clase ha decidido restar importancia a la alerta roja declarada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El senador Diego Fernández de Cevallos lo consideró "pintoresco". El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, declaró a los periodistas que no hay por qué pelearse: "La alegría está por llegar. No me quiero meter en eso (...) Fíjense que hay calor, pero como duermo en hamaca, me hamaqueo y me levanto fresco y de buen humor".

Cuando un movimiento indígena siempre amenazado por la presencia militar y paramilitar se moviliza y se declara en "alerta roja", lo menos que alguien serio puede hacer es tomarlo en serio. Pero desde las alturas de la política recibimos apenas tales frívolas respuestas. Más responsable resulta el comentario que en su columna Bajo reserva deslizaron ayer los redactores de El Universal:

"No tome usted a broma los pronunciamientos de Marcos, dirigente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; tanto las críticas expresadas este domingo en contra de Andrés Manuel López Obrador, como la "alerta roja" difundida ayer lunes. Revise el reporte militar de operativos antidrogas que ha efectuado el Ejército en zonas zapatistas y siga de cerca las reacciones del PRD sobre el tema Marcos".

También el día de ayer, 21 de junio, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas emitió desde San Cristóbal un comunicado en el cual da cuenta de "una gran concentración de efectivos y pertrechos militares en el crucero Cuxuljá, sobre la carretera San Cristóbal-Ocosingo"; registra el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la destrucción de plantíos de mariguana "en zona de influencia zapatista", y enumera los desplazamientos realizados en la zona por el Ejército "en lo que constituye el mayor movimiento militar desde la salida de las siete posiciones solicitadas por el EZLN en 2001".

Estando así las cosas, es mejor no olvidar que el mando zapatista se considera militar y cuando piensa la acción lo hace en términos militares. Puede, como cualquier otro, equivocarse en la apreciación. Pero no improvisa, no juega con las armas, no lanza en vano una voz de alarma, actitudes que serían suicidas en cualquier mando militar. Al menos, así ha sido hasta ahora en los más de 11 años de su actuación pública. No hay motivo para pensar que haya cambiado sino, más bien, que haya acumulado experiencia y paciencia para moverse en ese terreno sobre seguro.

La pugna del desafuero, como pensamos desde su inicio hace más de un año algunos que guardamos todo el tiempo un tenaz silencio al respecto, era una prueba de fuerza real entre políticos en las alturas, cada bando movilizando a sus fuerzas en los medios, en el aparato estatal o en las calles, y al mismo tiempo fue un reality show destinado a terminar ineluctablemente en un acuerdo de cúpulas entre las partes, una vez desplegados los recursos de cada bando, porque no podían hacer otra cosa si no querían destruir la legitimidad ya carcomida de sus instituciones. Y, en efecto, pese al voto de los 360 bufones en la Cámara de Diputados, en definitiva no hubo desafuero, o sea, destitución del jefe de Gobierno de la ciudad de México. El Presidente destituyó a su procurador general, el jefe de Gobierno desmovilizó a su multitud de apoyo y los mandó a sus casas hasta nueva orden.

Como todos también sabemos, aunque sus protagonistas quieran tomarnos por tontos y negarlo, el acuerdo se alcanzó en varias reuniones entre el domingo 24 de abril y el posterior repliegue del presidente Fox y su gobierno. Lo que no sabemos son los términos precisos de esos acuerdos: qué dio y qué cedió cada bando, cuáles fueron las presiones externas sobre ambas partes (reflejadas en los editoriales de la gran prensa extranjera) y a qué se comprometió cada una de esas partes frente a esas exigencias de las cúpulas de afuera y de adentro, cúpulas entre las cuales muchas veces es difícil encontrar la línea divisoria.

Lo que sí nos resulta evidente es que la sustancia del acuerdo, una vez establecida la nueva y siempre provisoria relación de fuerzas allá arriba, es un compromiso entre todos para "el restablecimiento del orden". Restablecer el orden perdido en el régimen político mexicano significa varias cosas, pero tres de ellas inconfundibles: recuperar para el carcomido mando del régimen político (PRI y PAN) la capital de la República, esta ciudad de México que desde 1988 les vota en contra; recuperar todo el territorio de Chiapas, donde desde 1994 se mantienen en rebeldía autónoma las comunidades zapatistas; poner orden en las caóticas disputas internas de la clase dirigente, para que no se metan por sorpresa los de abajo.

Para la recuperación de la ciudad, la candidatura priísta-salinista de Marcelo Ebrard parece ser el camino elegido, aunque tal vez no sea el único. Para la recuperación del territorio chiapaneco, puede servir la extensión al sur de la operación México Seguro; es decir, una militarización acentuada de la frontera sur con el mismo argumento de las drogas utilizado por Estados Unidos para intervenir en Colombia, en Bolivia, en Perú y quién sabe dónde más. Para poner orden en sus filas, habría que evitar sorpresas electorales.

Con la colaboración del PRD, cuyos candidatos a gobernador tienen un sistemático origen empresarial -en Guerrero, en el estado de México- o priísta -en Tlaxcala, en Nayarit, en Hidalgo-, ese restablecimiento del orden o ese nuevo orden político-social neoliberal estaría, creen ellos, asegurado.

El comunicado del subcomandante Marcos del 19 de junio dice:

"La imagen de Carlos Salinas construida por Andrés Manuel López Obrador es, en realidad, un espejo. Por eso su programa tan cercano a aquel del 'liberalismo social' del salinismo. ¿Dije 'cercano'? Más bien la continuación de ese programa (...) López Obrador no está pensando en realizar su proyecto en un solo sexenio (por eso su equipo es el mismo de aquel célebre 'gobernaremos por muchos años'. Y, contra lo que piensan algunos, López Obrador no ofrece volver al pasado populista que tanto aterra al poder económico. No, López Obrador ofrece una mediación y una administración modernas (o sea, terminar lo que dejó pendiente Salinas de Gortari). Y más: ofrece crear las bases de un Estado 'moderno', por eso se esfuerza en diferenciarse de Lula, Chávez, Castro y Tabaré. Y el ofrecimiento no lo hace a los de abajo o a lo que queda de la nación mexicana, sino a quien manda en realidad: el poder financiero internacional".

Un último comunicado del CCRI, el 20 de junio, explica que la alerta roja es una precaución para evitar traiciones, como la de Zedillo en febrero de 1995, mientras realiza una consulta general de sus mandos, tropas y bases de apoyo sobre la actual situación nacional. La intención es proponerles "un paso que implica, entre otras cosas, arriesgarse a perder lo mucho o poco que se ha logrado y a que se agudicen la persecución y el hostigamiento en contra de las comunidades zapatistas". Al hacerlo, agrega, el EZLN devuelve a sus integrantes la palabra empeñada en enero de 1994 y deja a todos "en libertad moral de seguir o no con el EZLN en el siguiente paso que está siendo consultado, si es aprobado por la mayoría".

Si éste es el panorama, es hora de poner en su lugar a las frivolidades azules, tricolores o amarillas y tomar muy en serio esta reflexiva y argumentada iniciativa del EZLN.