Senadores de la comisión del IPAB exigen actuar en beneficio de los mexicanos

Mayoría en la SCJN: los oficios de la ASF fueron órdenes, no observaciones

El jueves resolverá si la Auditoría rebasó atribuciones e invadió las del Poder Ejecutivo

ALFREDO MENDEZ ORTIZ Y ANDREA BECERRIL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por mayoría de ocho votos contra tres que los 32 oficios que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dirigió hace dos años a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para descontar al menos 4 mil 670 millones de pesos a los pagarés Fobaproa de Banamex, BBV-Bancomer, HSBC y Banorte, fueron ''órdenes" y no ''recomendaciones'' u ''observaciones''.

Con esa decisión, la Corte está a un paso de declarar nulos dichos oficios, aunque para ello los ministros tendrán que definir si la ASF invadió atribuciones que sólo competen al Poder Ejecutivo Federal.

Ayer ocho ministros se inclinaron por considerar que la ASF dio órdenes y no sugerencias a la SHCP y al IPAB, ya que el órgano fiscalizador del Poder Legislativo advirtió en su momento que los funcionarios federales serían sancionados si no cumplían con la revisión de los créditos que se convirtieron en deuda pública durante el rescate bancario.

Los tres juzgadores que dieron su aval a la ASF -tras considerar que el organismo sólo sugirió que fueran subsanadas algunas ''irregularidades'' que se cometieron con el Fobaproa- fueron Genaro David Góngora Pimentel, Juan Silva Meza y José Ramón Cossio. El ministro Góngora argumentó: ''estamos ante simples recomendaciones; si se tratara de una orden no tendría porque haber dado vista a la Secretaría de la Función Pública, a fin de que tutelara el cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB''.

Durante la sesión, los ministros del máximo tribunal también acordaron, por siete votos contra cuatro, que el próximo jueves resolverán si al haber dado dichas órdenes la ASF rebasó atribuciones de su competencia e invadió las del Poder Ejecutivo, o si fue una acción que forma parte de las facultades con que cuenta el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados.

Por el momento, los 11 ministros de la Corte aún no se han pronunciado respecto a si los 32 oficios son inconstitucionales, como lo planteó el presidente Vicente Fox en 2003, cuando presentó la demanda de controversia constitucional.

Sin embargo, al menos seis ministros se perfilaron ayer a favor de determinar que la ASF tiene ''límites específicos'' en sus funciones, y que al ordenar la revisión de créditos a diversos bancos (lo que constituyó el Fobaproa) invadió esferas de la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.

En caso de que el próximo jueves los ministros opten por determinar que la ASF se excedió en sus facultades, la controversia se definirá a favor del Presidente de la República. Aunque si eso ocurriera, la ASF no quedaría impedida para examinar el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) del Fobaproa, explicaron algunos de los juzgadores. Lo único que ya no podría hacer el organismo que encabeza Arturo González de Aragón es ordenar al Poder Ejecutivo que remedie las irregularidades fiscales que lleguen a ser detectadas.

De hecho, la ministra Margarita Luna Ramos, quien fue la encargada de efectuar el proyecto de resolución en esta controversia, puntualizó en su intervención que la SCJN no pretende evitar que la ASF cumpla con sus funciones, pues puede llevar a cabo otro tipo de auditorías al PCCC, distintas de la revisión de la Cuenta Pública''.

La ministra refirió que el asunto materia de este litigio inició durante la revisión de la Cuenta Pública de 2001. Y es que la ASF determinó que el PCCC obtuvo créditos ''irregulares'' que no debieron ingresar al Fobaproa, por ello ordenó al gobierno federal, mediante los 32 oficios, cancelar su aval y reducir los montos de los pagarés en poder de Banamex, BBV-Bancomer, HSBC y Banorte.

Mediante la firma de un convenio, el IPAB y los cuatro bancos admitieron el año pasado que se les realizaran nuevas auditorías, y pagaron 9 mil 481 millones de pesos por créditos indebidamente enviados al PCCC.

Carecen de fundamento las advertencias de Gil Díaz: senadores

Senadores de todas las fuerzas políticas que conforman la Comisión Especial de Investigación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), demandaron al presidente de la Suprema de Corte Justicia, Mariano Azuela, actuar en beneficio de todos los mexicanos en la resolución de la controversia sobre el rescate bancario.

En un escrito signado por todos los integrantes de ese organismo, excepto el panista Fauzi Hamdan -quien se deslindó de inmediato- los legisladores advierten que carecen de fundamento las afirmaciones del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en sentido de que provocaría ''una degradación automática de la calificación de nuestra deuda y la devaluación del peso frente al dólar'' si la Suprema Corte permite que se revisen los créditos irregulares que sirvieron de respaldo a los pagarés emitidos por el Fobaproa.

Los legisladores hacen notar a Azuela y a los demás ministros de la Corte que ''independientemente de la personalidad bajo la que Gil Díaz les solicitó que no se descuente ni un solo peso del valor de los pagarés Fobaproa'', es un asunto que ha sido materia de análisis exhaustivos tanto de la Auditoría Superior de la Federación, como del propio contralor del IPAB y de Michael Mackey, y todos coinciden en que hubo grandes irregularidades.

Además, ''nos inclinamos a pensar que nada disminuirá más el riesgo de nuestro país que la certeza jurídica de nuestras instituciones en la aplicación estricta de sus leyes, y el que ustedes tienen por misión aplicarla en beneficio inequívoco de todos los mexicanos'', señalan los senadores Fernando Gómez Esparza y Víctor Manuel Méndez Lanz, del PRI; los panistas Alfredo Reyes Velásquez, Luis Alberto Rico Samaniego, y los perredistas Jesús Ortega y Serafín Reyes, todos miembros de esa comisión.

No signó el presidente de la misma, Fauzi Hamdan, quien por la tarde envió un comunicado en el que aclara que no lo hizo ''por no estar de acuerdo con el contenido del texto''. De hecho, siempre se opuso a que se conformara esa comisión para dar seguimiento a la labor del IPAB, y ha sido cuestionado por su conflicto de intereses, pues lleva un litigio para Banamex, como él mismo lo reconoció, además de que fue uno de los artífices del rescate bancario.

De todas formas, los senadores enviaron su escrito a los ministros de la Suprema Corte. En él aluden a las presiones de Gil Díaz para disuadirlos de que fallen en contra de la Auditoría Superior de la Federación, en la controversia que el presidente Fox interpuso, con el fin de impedir que se revisen los créditos irregulares que sirvieron de respaldo a los pagarés que en su momento emitió el Fobaproa.

Advierten que son falsas las aseveraciones de Gil Díaz en sentido de que incluso se devaluará el peso, toda vez que existe una obligación documentada mediante el aval del gobierno federal a los pagarés Fobaproa, obligación que continuaría siendo válida.

Hacen notar que hay ''elementos de nuestra legislación y criterios subsecuentes, en abierta contraposición al sentido del documento que se les habría hecho llegar por intermedio del secretario de Hacienda y Crédito Público''.

Mencionan que, por principio, el fideicomiso Fobaproa tiene carácter privado y se originó en el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito promulgada en 1990. Asimismo, destacan que el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB señala: ''El Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados tomarán las medidas pertinentes para que las auditorías a los bancos concluyan en un plazo máximo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley''. Subrayan que dicha ley entró en vigor el 9 de enero de 1999.

Aunque no son miembros de la comisión, la carta la firman también los senadores del PAN, Javier Corral y Felipe Vicencio. En la misma, los legisladores mencionan un escrito del 2 de mayo, que les hizo llegar a su vez Azuela, en la que los ministros a propósito del caso del Fobaproa les piden tener certeza de que su objetivo primordial ''es el esfuerzo conjunto para que los fallos que se emiten se sustenten en el estudio detallado de la problemática planteada, la exacta aplicación del derecho y la conciencia de la trascendental función jurisdiccional'' que les ha sido encomendada por los mexicanos.