La denuncia, desde 2003; amagan con recuperar el predio
Comuneros de Xochiaca piden castigar a priísta por venta ilegal de 149 hectáreas
Nezahualcoyotl, Mex., 21 de junio. Han pasado dos años desde que comuneros del barrio de Xochiaca, en Chimalhuacán, denunciaron al priísta Raymundo Olivares Díaz, militante tricolor acusado de obtener al menos 26 millones de pesos por la venta ilegal de 149 hectáreas de la propiedad comunal; y no obstante que existen pruebas documentales, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) se niega a consignar el expediente ante un juez. Los perjudicados no descartan que uno de los beneficiarios del presunto ilícito sea el propio gobierno estatal.
Este lunes, comuneros se manifestaron frente a la Subprocuraduría Regional de Justicia con sede en esta localidad, donde advirtieron a las autoridades ministeriales que en caso de no proceder legalmente, el próximo día 30 ingresarán al predio para "recuperar lo que nos pertenece".
Pablo Arrieta Cabrera, uno de los ejidatarios que llevan el caso, explicó que el priísta y también comunero Raymundo Olivares vendió -entre 1992 y 1998- 149 hectáreas, propiedad de 529 comuneros.
Los inconformes dijeron tener pruebas para demostrar que hubo tráfico y venta ilegal de sus tierras. Cuentan con un expediente de más de 200 hojas en el cual se encuentran pólizas de cheques, convenios gubernamentales e informes de la Procuraduría General de la República, así como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Los inconformes argumentaron que todas las transacciones realizadas por Olivares Díaz fueron ilegales, porque "una asamblea general de comuneros debe estar autorizada, y también debe estar presente un delegado o un visitador agrario para que dé fe de la asamblea general de comuneros, y en este caso no hubo quórum, sólo estuvimos 11 de nosotros".
Las tierras actualmente se encuentran subdivididas así: 42 hectáreas libres; 35 habilitadas como basureros por la Secretaría de Ecología, y el resto -entre ellas 23.5 que fueron adquiridas por la cacique Guadalupe Buendía Torres, La Loba, y el mismo gobierno del estado-, se constituyeron en asentamientos humanos.
Arrieta Cabreras denunció que Raymundo Olivares se ha ostentado como delegado del núcleo comunal, cuando el Tribunal Superior Agrario demostró lo contrario.
A pesar del informe de la autoridad agraria, el priísta fraccionó y vendió en forma ilegal las tierras comunales a las secretarías de Ecología y Desarrollo Urbano del gobierno del estado de México, y a Guadalupe Buendía, quien, encarcelada, confirmó en declaración ministerial que en 2004 realizó la compraventa del predio. Los comuneros también obtuvieron copias de los convenios que firmó Olivares Díaz con el gobierno del estado.