Consideran positiva la decisión del Senado, aunque recriminan que sea condicionada
ONG: el sí al Estatuto de Roma, con candados
Organizaciones defensoras de los derechos humanos calificaron como un "avance fundamental" la ratificación que el Senado de la República hizo el pasado martes al Estatuto de Roma, tratado con el cual nuestro país admitió la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para que ahí puedan ser juzgados los mexicanos que incurran en delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, criticaron el que dicho estatuto haya sido aprobado con diversos candados, como el hecho de que no se pueda aplicar de manera retroactiva y que cada caso de un presunto represor esté sujeto a la opinión del Presidente de la República y de los senadores antes de ser enviado al tribunal internacional con sede en La Haya.
Carlos Mario Gómez, director de Amnistía Internacional-México, consideró que si bien es importante la ratificación del Estatuto de Roma, "creemos que sería más positivo que estos tratados internacionales se aprobaran sin ninguna observación o sin ningún tipo de comentario extra, porque eso realmente son obstáculos innecesarios".
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, indicó que la aprobación de dicho estatuto "fue tanto como decir: 'sí admito la posibilidad de que los mexicanos sean juzgados por la Corte Penal Internacional, pero con ciertas condiciones'".
Ambos promotores y defensores de los derechos humanos fueron entrevistados en el contexto de la clausura de la cátedra de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria.
El representante de Amnistía Internacional puntualizó: "siempre la ratificación de un tratado internacional es positiva, no sólo para la vigencia de los derechos humanos en el país sino también a escala internacional, porque contribuye a fortalecer los tratados y, en general, el sistema internacional de protección de los derechos humanos".
Sin embargo, para Edgar Cortez, aunque es un "avance" la aprobación del estatuto, "el problema es lo que evidencia el modo en que fue ratificado, porque fue producto de una reforma constitucional que puso condiciones para el caso de que llegue a haber un mexicano que pueda ser llevado ante un tribunal penal internacional, ya que antes tiene que haber una revisión y una aprobación individual del asunto, por parte del Ejecutivo y el Legislativo".
-¿Se quedó a medias el compromiso de México de combatir a los genocidas? -se le preguntó.
-Lo que se quedó a medias fue el compromiso de que cualquier persona sea juzgada en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Es un sí, pero condicionado. No es un sí que asuma realmente el espíritu pleno del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional.
Recordó que algo similar pasó en 2002, cuando el Senado ratificó la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad, "o sea, se aprobó esa convención, cuyo espíritu es garantizar que delitos como el genocidio y crímenes de guerra se castiguen en cualquier momento, y resulta que los legisladores dijeron: 'sí lo aprobamos, pero de aquí en adelante y no de manera retroactiva'".
-¿Es responsabilidad del Legislativo?
-Fue por un lado tanto parte del Ejecutivo como del Senado de la República, porque los dos finalmente, cuando se hizo la iniciativa y se discutió, había una parte en el Senado, sobre todo de legisladores priístas, que se preocupaban de que eso como estaba formulado pudiera tener contradicciones con nuestra Constitución.