Sería efectuada por personal de la sede central de la PGR, según Cabeza de Vaca
En revisión externa, investigaciones de la Femospp sobre el 2 de octubre de 68
Las investigaciones que realizó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) en torno a la matanza del 2 de octubre de 1968 se encuentran sujetas a revisión, reveló el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández.
Tras asistir a la ceremonia de instalación del Consejo de Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública federal, el titular de la PGR reconoció que debido a ese proceso de revisión la oficina que dirige Ignacio Carrillo Prieto no ha solicitado órdenes de aprehensión en contra de los involucrados en la matanza de la Plaza de las Tres Culturas.
El titular de la PGR no quiso abundar respecto del número de implicados, principalmente si el ex presidente de la República Luis Echeverría Alvarez será acusado de genocidio, pero puntualizó que "pronto, muy pronto, terminará la revisión, y entonces se decidirá al respecto".
De acuerdo con lo dicho por Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, quien tiene a su cargo la revisión del expediente en el cual la Femospp pretende obtener más de 10 órdenes de captura, no es personal de la propia fiscalía, sino de la sede central de la PGR.
Con esta circunstancia, se retomaron las estrategias seguidas por el ex procurador Rafael Macedo de la Concha, en el sentido de que las indagatorias de la fiscalía fueran revisadas por personal de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, aunque ello generó tensión entre la oficina del fiscal Carrillo Prieto y mandos de la PGR.
Respecto a la averiguación previa relacionada con la matanza del 2 de octubre de 1968, esta investigación está terminada por la Femospp desde hace más de dos semanas, pero inicialmente se detuvo su consignación en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara si el delito de genocidio tiene prescripción o no.
Aunque se debe recordar la sentencia dictada por el máximo tribunal en el caso del 10 de junio de 1971, respecto de 1968 se considera que sólo hubo interrupción de la prescripción por lo que hace al presidente y a los altos funcionarios de su gobierno como fueron el secretario de Gobernación y el procurador general de la República, por lo que podrían quedar fuera de la acusación por genocidio varios de los que la fiscalía considera responsables de esos hechos, como el capitán Luis de la Barreda Moreno.