Se requiere mayor esfuerzo de los tres poderes para erradicar la violencia, reconoce
Insuficiente el trabajo del Estado en seguridad: Beltrones
El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, manifestó que ante el creciente índice delictivo en el país, el Congreso federal tiene la obligación de generar los instrumentos legales para garantizar la seguridad de la población. Reunido con representantes de la agrupación México Unido Contra la Delincuencia, el legislador conminó a los tres poderes de la Unión a dar respuesta a la sociedad con hechos y no con palabras.
El diputado reconoció la insuficiencia de las medidas adoptadas por las instituciones del Estado y los poderes Legislativo y Judicial con objeto de enfrentar los altos índices de criminalidad. "Se requiere de un mayor esfuerzo no sólo del Legislativo sino también del Ejecutivo y Judicial para responder a la sociedad".
Para conseguir tales objetivos, dijo Beltrones, el Poder Legislativo tiene la obligación de comunicarse puntual y responsablemente con la sociedad para dar a conocer las iniciativas que en materia de combate a la delincuencia se han generado con el consenso de todos los grupos parlamentarios. El grupo que representó a México Unido Contra la Delincuencia, encabezado por Víctor Beléndez y Rosa María Navarro, también escuchó una amplia explicación de la diputada del PRI, Rebeca Godínez y Bravo, quien desglosó la serie de iniciativas de ley aprobadas por la actual legislatura relacionadas con la seguridad pública.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional refirió que a la fecha se han aprobado leyes contra el secuestro exprés, contra la delincuencia organizada, contra la pornografía y lenocinio infantil, contra la explotación sexual infantil, contra el uso indebido de sistemas tecnológicos para la transmisión en tiempo real o diferido de imágenes o fotografías con contenido sexual, contra las conductas o actos delictivos que se generan por el mal uso de Internet, así como reglamentaciones contra la falsificación, uso indebido de tarjetas, cheques y otros documentos utilizados en el sistema bancario, ley contra la piratería y la reforma que permite elevar la penalidad del homicidio en razón del parentesco.