En un congreso, indígenas exigen respeto a derechos
Unen fuerzas contra mineras en Guatemala
San Marcos, Guatemala, 24 de junio. Los depredadores que enfrentan los pueblos mayas guatemaltecos de los departamentos (estados) de Huehuetenango, Quetzaltenango, El Quiché, San Marcos, Sololá y Totonicapán son los mismos que están combatiendo los habitantes de la ciudad mexicana de San Luis Potosí: las trasnacionales de la minería a cielo abierto que actúan allá y acá con métodos similares, pretendiendo extraer oro y plata mediante el método de demoler las montañas con explosivos, dejar sin agua a las comarcas, contaminar suelo, agua y aire con el letal cianuro y retirarse después dejando un desastre tras de sí.
La voz de alarma cundió una vez que los pueblos lograron trasponer los muros de engaño que los personeros de las empresas y las autoridades responsables de la minería y el cuidado del ambiente construyeron con base en información parcial, promesas de empleo, ofertas de desarrollo integral para las comunidades...
Los indígenas mam, quichés, sipakapenses y cakchiqueles se organizaron, obtuvieron información fidedigna de en qué consisten esos proyectos y empezaron una lucha pacífica, utilizando todos los métodos que las leyes de este país, incluido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), les permiten para defender sus derechos colectivos a la tierra, a la vida, a su cultura. Y en el camino han empezado a construir una alianza con organizaciones mexicanas para enfrentar la amenaza que se cierne sobre ellos, luego de averiguar que el proyecto Marlin, que la canadiense Glamis Gold (socia de Metallica Resources Inc. que actúa en San Luis Potosí) desarrolla en San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa, departamento de San Marcos, va a contaminar con cianuro aguas de los ríos Grijalva y Usumacinta, en Chiapas y Tabasco.
Poco a poco ha ido calando entre algunas organizaciones mexicanas la magnitud del peligro que está a la vuelta de la esquina. Por ello vinieron representantes del Consejo Supremo de Pueblos Mam, del Soconusco, de la Asamblea Nacional de Trabajadores, del Movimiento Magisterial de Chiapas, del Centro Agroecológico San Francisco de Asís, a la segunda Conferencia Regional sobre la Minería y el Patrimonio de los Pueblos Indígenas, organizado por el Consejo Regional de Pueblos Indígenas, creado precisamente a partir de las movilizaciones y consultas en los seis departamentos arriba citados, para buscar frenar los proyectos mineros y exigir que dejen de ser letra muerta los derechos colectivos indígenas consagrados en las leyes nacionales y convenios internacio-nales ratificados por Guatemala.
Más de 500 delegados -hombres y mujeres- se dieron cita en esta ciudad para participar en esta conferencia que se inició con los informes de las consultas departamentales realizadas entre las comunidades para enterarlas de los pormenores de los proyectos y recoger su posición frente a ellos, cuyo resultado, en todos los casos, fue de rotundo rechazo. De la gravedad del asunto y sus repercusiones en la vida de millones de personas dan cuenta las cinco radiodifusoras, dos de ellas comunitarias, que transmitieron en vivo la conferencia, cuya clausura será este sábado. También la nutrida presencia de representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, de Brigadas de Paz y organizaciones no gubernamentales internacionales, como Oxfam.
Se recogerán también propuestas de las comunidades y organizaciones indígenas para un proyecto de ley de minería que incluya necesidades y derechos de los pueblos mayas, mismo que será presentado a otras comunidades que en el resto de los departamentos del país están luchando contra proyectos mineros, para conjuntar esfuerzos y propuestas, buscando que los políticos en el Congreso, "que sólo se interesan por nosotros en épocas electorales para que votemos por ellos", lo conviertan en ley.
Se subrayó que las consultas, realizadas durante la segunda quincena de mayo, se hicieron legítimamente en el marco jurídico tradicional de los propios pueblos mayas, en cada comunidad, en su lengua, desde su visión y su percepción, con la intervención de sus propias autoridades, como los alcaldes indígenas, y en algunos casos avalados por los ediles municipales constitucionales.
La alcaldesa indígena de Sololá, Dominga Vázquez, llamó a acordar los términos para poder rescatar los derechos de los pueblos indígenas, "porque nos hemos dado cuenta de que en días anteriores se han emitido muchas leyes en las que no se nos ha tomado en cuenta, para las que no hemos sido consultados, como establece el Convenio 169 de la OIT, nuestra misión es discutir y proponer en conjunto lo que conviene a nuestros derechos".
Mario Tema, representante de Sipakapa, informó que la consulta se realizó el pasado 18 de junio, ya que al proyecto Marlin de la compañía Montana se le concedió licencia de reconocimiento, exploración y explotación en 2003 sobre 20 kilómetros cuadrados de tierras de esta comunidad y de San Miguel Ixtahuacán. "Ninguno de los pueblos tenía conocimiento. La empresa habló de un proyecto de desarrollo integral, reunió a los vecinos para dar a conocer los trabajos. Posteriormente el pueblo se dio cuenta de que la minera gestionaba un préstamo ante el Banco Mundial, al que informó que había realizado una consulta en el marco del Convenio 169 y que la población estaba contenta con lo que se iba a realizar.
"Se buscó información del impacto ambiental y social del proyecto; la población lo cuestionó. Empezó la contaminación, también de tipo social: llegaron personas extrañas, se crearon focos de violencia, prostitución, desorganización, temor. Se generó descontento, por eso se hizo la consulta."