Editorial
El IPAB, un saqueo que no tiene fin
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciado el pasado jueves, que declaró inconstitucional la revisión de créditos irregulares solicitada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), implica un duro golpe para las finanzas del país y el bolsillo de los mexicanos. La resolución avala el saqueo a la nación que significó la aprobación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) antecesor del IPAB, validando las ilegalidades cometidas por la banca. Como señaló el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, "estamos hablando del saqueo más grande en la historia del país desde la época de la Colonia". Y es que a decir de diputados y senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), esa decisión le costará al país unos 120 mil millones de pesos, recursos que deberán salir del erario y que bien podrían destinarse a fomentar el desarrollo de la nación.
Los magistrados consideraron que la ASF se adjudicó atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo al ordenar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al IPAB investigar créditos irregulares que se convirtieron en deuda pública y que, de pagarse, beneficiarían a Banamex, Bancomer y Bital (ahora HSBC), actualmente en manos extranjeras, así como a Banorte: según la SCJN, la ASF tan sólo tiene la facultad de emitir recomendaciones. No obstante, para el CEN del PRD la "Suprema Corte dio así una muestra de que está al servicio del poder económico". Hay que recordar que el monto del Fobaproa asciende a un billón de pesos, producto de créditos cruzados, créditos sin garantía y autopréstamos, entre otras irregularidades. Además, esa deuda es prácticamente impagable, debido a las condiciones en las que fue aprobada, como los elevados intereses que pesan sobre ella.
A pesar de estos elementos, la Presidencia de la República considera que el fallo contribuye a la gobernabilidad del país, al delimitar las atribuciones de la ASF. Sin embargo, la resolución y el respaldo que le ha dado el Ejecutivo tienen el efecto contrario, ya que implica desembolsar millonarios recursos en un país donde la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades generan inestabilidad política y descontento social. Al respecto, legisladores del PRD estiman que si la SCJN hubiera aceptado las observaciones de la ASF, se podrían haber ahorrado 60 mil millones de pesos. Asimismo, el costo final del Programa de Capitalización y Compra de Cartera se hubiera ubicado en alrededor de 55 mil millones de pesos.
Por otro lado, la postura de la Presidencia pone en evidencia la falta de voluntad de Vicente Fox para cumplir su promesa de aclarar los puntos oscuros del Fobaproa. En ese contexto, el mandatario no ha hecho más que seguir la línea definida desde la presidencia de Ernesto Zedillo, cuando el binomio conformado por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, haciéndose eco de las exigencias de la banca, aprobó el Fobaproa, a pesar del rechazo popular.
De esta manera, el gobierno de Fox perpetúa una situación vergonzosa y lesiva para los intereses de México, debido a que significa un robo en despoblado que afecta a toda la ciudadanía. En este sentido, como afirmó López Obrador, es necesario mantener abierto el expediente del Fobaproa, "porque se tiene que transparentar y saberse toda la verdad". Por lo pronto, la batalla legal continuará: algunos diputados del PAN y el PRD sostuvieron que el fallo de la Suprema Corte no implica dar carpetazo a este caso, y anunciaron que seguirán investigando la legalidad de las carteras bancarias, con el objetivo de que los contribuyentes no paguen una deuda de la iniciativa privada que terminó siendo pública por designios de un poder político vinculado al gran capital.