Editorial
ASPAN, otro tratado desventajoso para México
El próximo lunes se llevará a cabo en Ottawa, Canadá, una reunión ministerial en el marco de la llamada Alianza para la Seguridad y la Prosperidad para América del Norte (ASPAN, una especie de extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte), la cual tendrá graves consecuencias para el país, ya que se trata de un acuerdo no equitativo en el que priman los intereses de Estados Unidos. Este convenio, firmado en marzo pasado en Waco, Texas, por los jefes de gobierno de México, Estados Unidos y Canadá, ha sido pactado a espaldas del pueblo mexicano; lo peor es que los reglamentos en temas como seguridad, migración y comercio entrarán en vigor este lunes sin que fueran discutidos y analizados por el Congreso o la opinión pública.
El acuerdo se centra principalmente en las agendas de seguridad y prosperidad. La primera pone énfasis en "una nueva generación" de estrategias para reforzar la vigilancia de Norteamérica que incluyen la instalación de mecanismos de monitoreo de viajeros y exhaustivas revisiones desde el lugar de embarque, sin importar que sea en terceros países, hasta los puntos de entrada en cualquiera de las tres naciones. Esta estrategia obligará a las autoridades mexicanas a adoptar un sistema de visa para extranjeros calcado del estadunidense, lo que seguramente tendrá impacto negativo en rubros vitales para México, como el turismo. Hay que recordar que los férreos controles fronterizos establecidos en Estados Unidos tras el 11 de septiembre de 2001 redujeron la afluencia de visitantes. El tráfico comercial y de bienes contará con un mecanismo similar.
Algo particularmente grave y preocupante para el país es que la ASPAN homologa la migración ilegal con flagelos como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, situación que pondrá en la mira de la justicia estadunidense a miles de connacionales que contratan a polleros para cruzar la frontera. Además, la iniciativa agudizará el estado de indefensión de los migrantes en Estados Unidos, lacerando más sus derechos humanos. Así, el gobierno del presidente Vicente Fox, en lugar de defender la integridad de los migrantes, da luz verde a la Casa Blanca para imponer su anunciada política migratoria, de corte represivo.
En tanto, la agenda de prosperidad prevé una mayor cooperación tripartita para aumentar las reservas energéticas lo que beneficiará sobre todo a Washington, pues implica de alguna manera poner a su disposición los recursos petroleros del país, agilizar las inversiones en la infraestructura industrial, armonizar las respectivas regulaciones y facilitar el tránsito de hombres de negocios, productores y consumidores. Se da por descontado que estas medidas favorecerán a Estados Unidos.
Como se ve, el acuerdo no sólo impone condiciones desventajosas para México, sino que es un diktat que deja afuera cualquier posibilidad de discusión: al no tener el carácter de convenio internacional permite al presidente Fox ignorar la opinión del Congreso, los partidos políticos y la sociedad civil. Es más, ni siquiera se conocen los pormenores del acuerdo ni de los compromisos adquiridos, los cuales comenzarán a aplicarse a partir del lunes. Cabe preguntarse si esta actuación del gobierno está fundamentada en derecho, y si fuera así, todavía se puede cuestionar la moralidad del caso.
En suma, la ASPAN es un golpe más contra la ciudadanía, pues profundiza la desigualdad entre México y sus dos socios del TLCAN, lo cual obviamente perjudicará la economía nacional. El gobierno debería considerar que está abusando de la confianza y la paciencia de la gente, de por sí cansada de magros salarios y falta de oportunidades que la orillan a emigrar o a tomar alternativas peores, como la delincuencia.