Acuerdan impulsar proyecto jurídico y político ante actividad de trasnacionales

Indígenas de México y Guatemala se organizan contra empresas mineras

ROSA ROJAS ENVIADA

San Marcos, Guatemala, 25 de junio. Integrantes del Consejo Regional de Pueblos Indígenas de seis departamentos guatemaltecos acordaron con representantes de diversas organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y magisteriales de México iniciar actividades para articular y reforzar la lucha contra la amenaza que representa para la salud y la vida de millones de personas de ambas naciones la minería a cielo abierto.

Al término de la conferencia La minería y el patrimonio de los pueblos indígenas, en la que participaron representantes de los pueblos mayas de los departamentos de Huehuetenango, El Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá, se acordó desarrollar un proyecto de acción jurídica y política más allá de la propuesta de reformas a la ley de minería, e impulsar una reforma constitucional por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre territorio, autonomía y normatividad jurídica tradicional, entre otros.

Durante una reunión de integrantes del consejo regional con activistas mexicanos presentes en la conferencia, miembros del Consejo Supremo de Pueblos Mam -del Soconusco, de la Asamblea Nacional de Trabajadores, del Movimiento Magisterial de Chiapas, del Centro Agroecológico San Francisco de Asís, de la Coordinación de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas (COAECH) y del Frente Popular Ricardo Flores Magón de Ixtapa, Chiapas, se concluyó que los proyectos mineros de empresas trasnacionales en Guatemala y México son parte del Plan Puebla-Panamá (PPP), por lo que la lucha para frenarlos debe insertarse en ese contexto, además de la que realiza en contra del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.

Se acordó también realizar un taller sobre derechos de los pueblos indios y su autonomía, en Tapachula o San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el que participarían expertos en derecho internacional y legislación indígena. Durante el encuentro se subrayó que ha habido otro tipo de vinculación con organizaciones mexicanas, como encuentros lingüísticos y culturales en Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

En la declaración final de la reunión, los participantes manifestaron su "inconformidad" frente a los actos que el gobierno de Guatemala ha asumido ante la exigencia de los pueblos indios en torno al uso de su patrimonio, pues ha otorgado licencias para la exploración y explotación de recursos minerales en los territorios que ocupan los pueblos mayas sin previa consulta con ellos.

Lamentaron la "falta de visión del gobierno sobre la existencia de la pluriculturalidad de Guatemala, irrespetando las formas propias de consulta que hemos realizado en los diferentes municipios de los departamentos".

Exigieron que se respete el plebiscito efectuado en Sipakapa (contra el proyecto Marlin, de la empresa Montana, para la extracción de oro mediante lixiviación con cianuro), "que por intereses económicos extranjeros, en componendas con el gobierno actual, está siendo cuestionado, violando con ello preceptos constitucionales, convenios y tratados internacionales" vigentes en el país, como la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -ratificado por Guatemala-, el Código Municipal y la Ley de los Consejos de Desarrollo.

Reclamaron que el Ministerio Público "no ha asumido su papel en la investigación de los hechos ocurridos en los distintos departamentos del altiplano occidental", donde perdieron la vida los indígenas Juan López, Raúl Castro Bocel y Alvaro Benigno Sánchez, en la lucha contra la imposición de los proyectos mineros.

Denunciaron la persistencia de las amenazas e intimidaciones a dirigentes y sectores comprometidos con la defensa de sus derechos, y demandaron que las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos de los guatemaltecos y los pueblos indígenas cumplan con los fines para los cuales fueron creadas.

Asimismo, que las organizaciones internacionales y el cuerpo diplomático acreditado en Guatemala denuncien los acontecimientos que ocurren en ese país, principalmente los relacionados con la violación de los derechos de los pueblos indígenas.

Los participantes acordaron también fortalecer la institucionalidad de las formas organizativas de los pueblos mayas para garantizar su legitimidad y propiciar su desarrollo; transmitir sus experiencias de consulta, y hacer valer sus propios derechos. Además, realizar una campaña de divulgación sobre las consecuencias ambientales, sociales, culturales, económicos y generacionales de los proyectos mineros en sus idiomas, utilizando distintas formas de comunicación.