La ley ordena dividir recursos entre el Poder Judicial y programas de prevención
Falta de mecanismo administrativo impide aprovechar bienes incautados al narco
México suscribió la convención de la Organización de las Naciones Unidas de 1988 contra el tráfico de drogas y en 2002 reformó la Ley Federal para la Administración Pública y Enajenación de Bienes del Sector Público, para que los bienes incautados al narcotráfico se distribuyeran en partes iguales entre el Poder Judicial y los programas de prevención del delito y de adicciones. Sin embargo, la falta de un "mecanismo administrativo" ha impedido que se utilicen esos recursos.
José Vila del Castillo, representante del Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización de Drogas, señaló que las estrategias para prevenir su consumo y la comisión de ilícitos relacionados con éstos no se realizan por carecer de recursos económicos, con lo que los avances reportados por el país en el combate al tráfico de estupefacientes en realidad no son tales.
Dijo que al gobierno le ha faltado decisión política para revertir esta situación. Por eso se ha observado el paulatino crecimiento del mercado interno de las drogas, fundamentalmente urbano. Aunque en este fenómeno inciden otros factores, como la descomposición del tejido social y la violencia intrafamiliar, además de que ha sido decisiva la falta de una política pública clara en materia preventiva.
Esta carencia se traduce en que todo el proceso de descentralización estatal y municipal de los programas para prevenir el consumo de sustancias ilícitas está detenido. Las instituciones de ese nivel requieren ser fortalecidas financieramente, además de ser duraderas para que realmente puedan tener impacto en la juventud y la infancia.
De la misma manera, aunque ahora no es el momento, es necesario que las instituciones de administración y procuración de justicia se descentralicen -apuntó- para luego enfocarse en la importancia de fortalecer al Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) y a las áreas de prevención del delito y servicio a la comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR).
Por su parte, Pedro Peñaloza, director general de Prevención del Delito y Servicio a la Comunidad, de la PGR, señaló que el problema de la drogadicción se origina por la violencia que impera en la sociedad, la cual se extiende a uno de cada tres hogares. También incide la falta de oportunidades educativas y sociales para los jóvenes, así como la ausencia de áreas de esparcimiento en las comunidades.
En cuanto a los delitos, el funcionario mencionó que la mitad de los primodelincuentes actúa bajo influencia de drogas, sean legales, como el alcohol, o ilegales, como los narcóticos.
De igual manera, la presencia de estas sustancias condiciona que los accidentes sean la primera causa de mortalidad entre la población de 15 a 29 años de edad.
Peñaloza también se pronunció por que se haga efectiva la ley, y los recursos y bienes incautados al narcotráfico se distribuyan en tres partes iguales, entre el sistema de justicia, la prevención de las adicciones y del delito.
Al respecto, Vila del Castillo elogió la existencia de los Centros de Integración Juvenil, única instancia hasta ahora que funciona con cierta eficiencia en la rehabilitación de adictos. Es positivo, dijo, que absorban la mayor parte de los 400 millones de pesos del presupuesto del Conadic. Así tiene que ser, subrayó.
Sin embargo, no debe perderse de vista que las acciones del Conadic en materia de prevención y el área a cargo de Peñaloza en la PGR son débiles, debido a que se incumple con la ley y no se aprovechan los recursos extraordinarios que tiene la Federación vía la incautación de dinero o propiedades de narcotraficantes. Ahí es donde ha faltado la decisión política de las autoridades, concluyó.