Conflicto de intereses
A la SFP, el caso de Ernesto Vidal
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Eduardo Romero Ramos, informó de la apertura de un expediente para investigar al coordinador de radio y televisión de la oficina de comunicación social de Los Pinos, Ernesto Vidal, cuya declaración patrimonial reveló que además de cobrar un salario en la Presidencia de la República percibe otro, pagado por Televisión Azteca.
Tal investigación, subrayó el funcionario, se inició a petición expresa de Rubén Aguilar Valenzuela, coordinador de comunicación social de la Presidencia.
Pese a ser el responsable de ordenar, recibir y revisar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, Romero Ramos dijo haberse enterado del caso por la prensa y, como es usual, se excusó de dar detalles. "No podría, en este momento, hacer ninguna especulación, ningún juicio de valor", expresó.
De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en su título II, capítulo primero, artículos 11 y 12, los funcionarios están obligados a excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él o sus parientes.
Además deberá abstenerse, "durante el ejercicio de sus funciones", de solicitar, aceptar, recibir, por sí o por interpósita persona dinero, bienes muebles o inmuebles mediante la enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público "impliquen intereses en conflicto".
Define entonces que se incurrirá en esta situación cuando "los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión".
Las sanciones para el funcionario que incurra en estas conductas pueden ir desde la separación del cargo hasta la inhabilitación para desempeñarse en el sector público.