Se mantiene vigente la demanda de justicia para los 17 campesinos asesinados
La matanza de Aguas Blancas cumple diez años de dolor e impunidad
Ampliar la imagen
Escena de ayer en el lugar de la matanza FOTO La Jornada
Foto: La Jornada
Aguas blancas, Coyuca de Benítez, Gro., 28 de junio. Sólo una veladora y un cirio fueron encendidos esta mañana frente al monumento en memoria de los 17 campesinos asesinados aquí hace 10 años por la Policía Motorizada, mientras las actividades en recuerdo de las víctimas fue desorganizado y en medio del divisionismo característico de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), a la que pertenecían las víctimas.
El dirigente de la OCSS, Benigno Guzmán, detenido después de la matanza, acusado de delitos cometidos en su supuesta condición de dirigente del Ejército Popular Revolucionario (EPR), prefirió llegar con su gente al lugar una noche antes y recordar a su manera a las víctimas.
En cambio, los contingentes mayoritarios, liderados por Rocío Mesino, hicieron el recorrido, tradicional desde hace nueve años, hasta donde el 28 de junio de 1996, en el primer aniversario de la matanza, irrumpió el Ejército Popular Revolucionario.
En esta marcha participaron no más de 500 personas, entre estudiantes, maestros y campesinos, quienes caminaron desde las afueras del poblado hasta el vado de Aguas Blancas y al monumento a los caídos, que se encuentra a unos mil metros.
Mesino pidió la reapertura del caso, castigo a los responsables y respuesta a las demandas de los cinco presos políticos que desde hace 20 días están en ayuno en el penal de Acapulco, en demanda de que sean liberados, o ser trasladados a las cárceles donde se les inició proceso.
Temprano, dirigentes del PRD guerrerense, entre ellos el líder local, Sebastián de la Rosa Peláez, colocaron una ofrenda en honor de los asesinados, la mayoría miembros de este partido y de la OCSS.
Mario Saucedo, presidente del Movimiento Cívico e integrante de la dirigencia nacional del PRD cuando ocurrió la matanza, pidió castigo para los autores intelectuales que se encuentran libres.
Entre éstos, dijo, está el ex gobernador "Rubén Figueroa Alcocer y el general Mario Arturo Acosta Chaparro, que no ha sido procesado por los hechos del 28 de junio... Ahora con un gobierno del PRD en Guerrero hay que ir a fondo, que se haga justicia por dos razones: por los deudos y por la memoria de los asesinados".
Pidió que sea castigado el encargado de la Policía Ministerial, Jacobo Luviano, quien, de acuerdo con una publicación, estuvo presente el día de la matanza: "debe salir del gobierno y ser procesado", dijo.
Representantes de organizaciones sociales que participaron en el foro Aguas Blancas, diez años de impunidad, en la preparatoria número 16 de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Coyuca de Benítez, concluyeron que no se ha aplicado la justicia plena, ni siquiera el cumplimiento de las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mucho menos de las comisiones Interamericana y Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Hilda Navarrete Gorjón, presidenta del Centro de Derechos Humanos La Voz de los sin Voz, dijo que la matanza "es un caso que se mantiene en la impunidad. Coincidimos que la violación de los derechos humanos, económicos y sociales persisten; las condiciones de pobreza no han mejorado para la comunidad, como encarga la CNDH en la recomendación 104 numeral 14.
"No ha habido indemnización debida a las víctimas, el Estado ha preferido someterse al chantaje de líderes deshonestos que realmente no hacen justicia en este caso", expresó.