Editorial

Voto en el extranjero: un paso saludable

Después de décadas de debates bizantinos y resistencias injustificadas desde el poder, ayer fueron finalmente aprobadas las modificaciones legales requeridas para que los mexicanos en el extranjero puedan ejercer su derecho al sufragio. Las disposiciones y los mecanismos específicos para la participación de los connacionales fuera del territorio nacional ­sólo aquellos que cuenten con credencial de elector­ en la votación presidencial de 2006 son insuficientes y perfectibles, pero el primer paso se ha dado y es pertinente saludarlo como un avance democrático en dos sentidos: en la medida en que demuestra una mínima capacidad de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión para construir acuerdos en torno de algunos asuntos de interés nacional, así sea en uno de obvia resolución, como el comentado, y porque constituye la restitución de un derecho ciudadano a quienes, por el simple hecho de residir en el extranjero, se veían imposibilitados de ejercerlo.

El primer aspecto mencionado no es menor, si se considera que, en lo que va de este sexenio, los intereses sectarios y pragmáticos han impedido a los integrantes del Poder Legislativo construir consensos a fin de resolver asuntos vitales para la nación. Aunque la aprobación del voto de los mexicanos en el extranjero se haya logrado a última hora y con limitaciones, el hecho contribuye a reparar en alguna medida la mala imagen que las instituciones del Congreso de la Unión se han ganado a pulso entre la ciudadanía.

Desde otro punto de vista, las reformas legales mencionadas significan una mejora indispensable a la precaria democracia representativa que se ha logrado. Es claro que los 4 millones de votantes potenciales que residen en el exterior constituyen una masa comicial capaz de influir en forma decisiva en el veredicto ciudadano, e incluso de alterar sustancialmente las tendencias y los mapas electorales que han venido conformándose, dentro del país, a partir de 1988.

Por otra parte, si se considera que la porción vastamente mayoritaria de los mexicanos en el extranjero está formada por los trabajadores migrantes que residen, con papeles o sin ellos, en territorio estadunidense, y que el país tiene con ellos una deuda múltiple y enorme, el darles la posibilidad del sufragio es una forma de empezar a reivindicar la institucionalidad política ante esos connacionales a quienes, hasta ahora, su nación de origen les había venido negando casi todo: oportunidades de trabajo decoroso, protección efectiva contra los abusos de que son objeto y hasta un trato humano y correcto cuando regresan a México. En contraste con el desinterés oficial que padecen, esos ciudadanos realizan, con sus envíos de dinero, un aporte indispensable a la economía nacional, la cual no podría funcionar sin ese ingreso de divisas que este año, según proyecciones recientes, será más importante incluso que la factura petrolera.

Finalmente, la inclusión en el panorama electoral de los ciudadanos mexicanos residentes en el exterior introducirá, de manera inevitable, cambios de envergadura en la vida política nacional. Por lo pronto, los aspirantes presidenciales que participen en la contienda cívica del año entrante deberán imaginar propuestas para esa porción de México que vive fuera de nuestras fronteras.