La Comisión Permanente girará un exhorto a los tres niveles de gobierno
Freno a ola de crímenes, exige el Congreso
Asesinadas, 600 personas en el norte del país este año; el turismo resiente la situación
A propuesta del PRI, la Comisión Permanente del Congreso prepara un "llamado enérgico" al gobierno federal y a las autoridades estatales y municipales para que "de una vez por todas, tomen las medidas a que haya lugar, a fin de detener la ola de violencia que aqueja al país", debido a que pone en riesgo la seguridad pública y el desarrollo nacional.
El senador Víctor Manuel Méndez Lanz presentó ante el órgano legislativo un documento en el que reitera que la situación sigue siendo crítica en el norte del país, toda vez que más de 600 personas han sido asesinadas en lo que va del año. En Nuevo Laredo, una de las zonas más conflictivas, han ocurrido 71 muertes violentas, todas ellas ligadas al narcotráfico.
"Lamentablemente hemos sido testigos de que existe un alto grado de penetración del narcotráfico en la policía, así como una enorme ineficiencia en los tres niveles de gobierno para prevenir y combatir el crimen organizado", sostuvo.
Turismo, sector afectado; reportan caída de 8 por ciento
Un caso inédito que muestra la crisis que se vive en el norte y noroeste del territorio nacional es el rescate de 43 personas presuntamente secuestradas, hechos en los que están involucrados elementos de la Policía Municipal de Nuevo Laredo y el grupo paramilitar Los Zetas.
Méndez Lanz advierte, asimismo, que el incremento de asesinatos, secuestros y robos pone en riesgo el desarrollo de México, ya que "la dramática situación" en la frontera norte, por los ajustes de cuentas entre integrantes de los cárteles del narcotráfico, ya tiene significativas consecuencias en la economía.
Uno de los sectores más afectados es el turismo, actividad que registró una baja considerable en la franja fronteriza con Estados Unidos. De acuerdo con datos oficiales, en esa zona se ha presentado una caída de 8 por ciento en esta actividad, que podría elevarse a 10 por ciento al término del año y generar pérdidas por mil 760 millones de dólares.
Pese a esa realidad, el gobierno foxista minimizó la situación, al señalar que la llegada de visitantes se ha incrementado.
El problema de la inseguridad pública no sólo tiene repercusiones en la ocupación hotelera -que tuvo una disminución de 6 por ciento en Mexicali, Nogales, Tecate y Tijuana-, sino en las demás actividades que giran alrededor de esa rama de los servicios.
En el caso de Nuevo Laredo, pese a la baja en las tarifas aplicada por empresarios, la ocupación hotelera es de apenas 31 por ciento, mientras las ventas en comercios han bajado 70 por ciento, por lo que ha cerrado una cuarta parte de los establecimientos ubicados en el centro de la ciudad.
"Sin lugar a dudas la inseguridad desenfrenada que afecta la zona conlleva al deterioro del estado de derecho, desalienta la inversión y, por tanto, implica la pérdida de miles de empleos", dijo.
Para frenar la "creciente ola de violencia que afecta la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos, y la economía regional y nacional", es necesario que el gobierno federal y las autoridades locales actúen de manera firme, insiste Méndez Lanz en el documento, que se analiza en comisiones de la Permanente y que podría aprobarse en la sesión del miércoles.