Usted está aquí: viernes 1 de julio de 2005 Política Dependen de juzgado mexiquense garantías de Osiel Cárdenas

Juicio de extradición

Dependen de juzgado mexiquense garantías de Osiel Cárdenas

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Será el juzgado tercero de distrito del estado de México, no el primero A de amparo del Distrito Federal, el que resuelva en definitiva la demanda de garantías interpuesta por Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, con la cual el capo del narcotráfico frenó por tiempo indefinido su extradición a Estados Unidos, ya que obtuvo desde hace más de tres meses una suspensión concedida por el juzgado primero.

El consejo de la Judicatura Federal determinó que es legalmente competente para resolver dicho juicio el órgano jurisdiccional con sede en Toluca, el cual ya comenzó el estudio de la demanda de amparo, que podría tardar en resolverse en definitiva al menos un año y terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El conflicto competencial entre ambos juzgados se dio a raíz de que la juez primero de distrito A de la capital del país, Sandra Leticia Robledo Magaña -quien el 2 de mayo otorgó suspensión definitiva a Cárdenas Guillén-, se declaró incompetente para resolver el último recurso jurídico con que cuenta el capo para evitar su expatriación, tras considerar que el juicio de garantías debe ser resuelto por algún juzgado del estado de México, entidad donde se encuentra el penal de La Palma, donde el inculpado está preso desde el 15 de marzo de 2003.

Con la suspensión que en mayo pasado la juez primero de distrito A, Sandra Leticia Robledo Magaña, concedió al narcotraficante, dejó impedida de manera momentánea su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta 17 cargos por narcotráfico, lavado de dinero y amenazas a agentes judiciales.

Con ese recurso jurídico, el presunto narcotraficante garantiza su permanencia en territorio mexicano por lo menos hasta que concluya el juicio de garantías que se inició en marzo ante el referido juzgado.

Esa suspensión puede mantenerse vigente por lo menos un año, en caso de que el litigio llegue en revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ocurrió con el ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo o con los seis ciudadanos vascos por España de tener vículos con la organización ETA.

 
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