Usted está aquí: viernes 1 de julio de 2005 Sociedad y Justicia Legaliza España los matrimonios entre personas del mismo sexo

Es el primer país en igualar los derechos de homosexuales y heterosexuales

Legaliza España los matrimonios entre personas del mismo sexo

El conservador Partido Popular presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional para anular la legislación

Miles de personas festejan espontáneamente la decisión en las calles del país

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Ampliar la imagen Pedro Zerolo, miembro del Partido Socialista Obrero Espa� besa a su pareja, luego de que el Congreso de los Diputados aprobara el matrimonio entre homosexuales. Espa�junto a B�ica, Canad� Holanda, enfrentan cr�cas de la Iglesia cat�a por permitir la uni�ntre personas del mismo sexo FOTO Ap Foto: Ap

Madrid, 30 de junio. España se convirtió hoy en el cuarto país del mundo, junto a Holanda, Bélgica y Canadá, en admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, luego de la aprobación en el Congreso de los Diputados de una ley que iguala en derechos y obligaciones civiles al colectivo homosexual.

Después de décadas de marginación y persecuciones homofóbicas, en ocasiones promovidas por el propio Estado, los gays y las lesbianas de este país festejaron lo que calificaron de "un día histórico", en la lucha por el respeto a los derechos humanos y las garantías individuales.

El Parlamento español vivió una sesión intensa que muchos califican de "histórica"; tanto por la envergadura de la reforma jurídica -la única en el mundo que iguala íntegramente a los ciudadanos homosexuales con los heterosexuales- como por la polarización que generó en la sociedad española.

Las llamadas "dos Españas" se enfrentaron de nuevo: por un lado, la derecha, la cúpula de la Iglesia católica y los sectores más conservadores como principales detractores; por el otro, la izquierda y los sectores progresistas del país como defensores de los derechos de los homosexuales.

Se logró mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados

La nueva ley, aprobada con 187 votos, contra 147 y cuatro abstenciones, admite el matrimonio y el derecho de los homosexuales a la adopción, además de permitir que este sector goce de los mismos beneficios sociales, sanitarios y fiscales que el resto de los ciudadanos.

El texto final de la normativa contó con la aprobación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE, en el poder), Izquierda Unida (IU), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y dos diputados de Convergencia i Unió (CiU).

Los que votaron en contra fueron el derechista Partido Popular (PP, principal grupo opositor) y la Unió Democrática de Cataluña (UDC). La ley entrará en vigor cuando sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir, dentro de dos semanas o un mes.

La aprobación de la ley por mayoría absoluta era un requisito indispensable para rechazar el veto decretado en el Senado por la mayoría conservadora la semana pasada.

La votación contó con la presencia del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien defendió el espíritu de la reforma, con la que además cumple con una promesa electoral de la campaña que lo llevó al poder en marzo del año pasado.

Antes de concluir la sesión, el mandatario señaló que esta ley "es un paso más en el camino de la libertad y la tolerancia" iniciado tras la dictadura franquista y construye un país más decente "porque una sociedad decente es la que no humilla a sus miembros", subrayó.

"No somos los primeros, pero tengo por seguro que no seremos los últimos, detrás vendrán otros muchos países impulsados por dos fuerzas imparables: la libertad y la igualdad", expuso.

El presidente se refirió a Holanda y Bélgica, así como a Canadá, donde los matrimonios entre homosexuales fueron aprobados. En España está pendiente la ratificación por parte del Senado.

La igualdad de derechos de los homosexuales "nos hace mejores a todos", destacó Rodríguez Zapatero, al tiempo que explicó a los detractores de la reforma que lo único que se pretende es "ahorrar sufrimiento inútil de seres humanos".

La ley es un paso histórico en la lucha de un colectivo especialmente perseguido y atacado, sobre todo durante los casi 40 años de la dictadura fascista de Francisco Franco, quien ostentó el poder entre 1939 y 1975.

En aquellos años, miles de homosexuales fueron sometidos a procesos judiciales, encarcelamiento e incluso a tratamientos de "curación", ya que la homosexualidad era vista como una "enfermedad".

Asimismo, decenas de miles de gays y lesbianas fueron sometidos a la severidad de una ley denominada de "Vagos, maleantes y de peligrosidad social", que amparaba el encarcelamiento y el internamiento en centros siquiátricos por el mero hecho de "aparentar" ser homosexual.

En las postrimerías de la década de los 70, en plena transición a la democracia, los homosexuales comenzaron a organizarse; primero para denunciar los numerosos ataques físicos y verbales de carácter xenófobo que sufrían a diario, una consecuencia más de la severidad e intransigencia sobreviviente del régimen franquista.

Posteriormente, ya con notables avances en la sensibilización de la sociedad y de los dirigentes políticos, los colectivos de gays y lesbianas se movilizaron en torno al reconocimiento íntegro de sus derechos, para dejar de ser "ciudadanos de segunda clase".

Festejos y protestas

La ley que permite la igualdad de los homosexuales con el resto de los ciudadanos despertó la indignación de los sectores más conservadores e inmovilistas del país, que contaron con el respaldo de la Conferencia Episcopal Española (CEE) -por orden del propio Vaticano- y de los dirigentes del PP.

Sus principales argumentos fueron que no se puede considerar matrimonio el enlace de dos personas del mismo sexo, ya que, en su opinión, esta es una figura -o sacramento- destinada en exclusiva a la unión de un hombre y una mujer.

El Foro Social de la Familia (FSF), grupo conservador que convocó las protestas contra la reforma, fue ampliamente respaldado por la cúpula católica y la dirección del PP, al compartir los postulados de su postura, entre ellos que la adopción de un niño por una pareja de homosexuales representa un "ataque" para la supervivencia de la familia y que "viola" los derechos básicos del menor.

La postura del PP quedó de manifiesto durante el debate parlamentario, en el que su máximo dirigente, Mariano Rajoy, anunció la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional para invalidar esta ley.

Rajoy calificó de "colosal falsedad" las acusaciones contra su partido de "atacar los derechos de los homosexuales", a pesar de que en los ocho años de gobierno del derechista José María Aznar (1996-2004) rechazaron en reiteradas ocasiones las iniciativas que pretendían dotar de derechos al colectivo homosexual.

La CEE emitió un comunicado en el que mostró su malestar ante las leyes del matrimonio entre homosexuales y la rubricada el miércoles, que agiliza los trámites del divorcio.

Los cardenales y obispos españoles calificaron de "injustas" estas reformas, por lo que instaron a sus feligreses a "oponerse por todos los medios legítimos que el estado de derecho" permite, entre ellos pedir a los funcionarios públicos que se amparen en la "objeción de conciencia" para no realizar este tipo de matrimonios.

El Vaticano, en voz del cardenal Alfonso López Trujillo, presidente del Consejo Pontificio para la Familia, lamentó "los graves problemas que conciernen a la familia y la vida en algunos países a causa de una mala interpretación de lo que representa una mayoría parlamentaria y de las leyes que pueden emanar de las mismas".

Más allá de las fuerzas políticas y religiosas, la polémica sobre la naturaleza de la ley también se vivió con intensidad en las calles de Madrid y en las organizaciones sociales que la defienden o la reprueban.

En la Puerta del Sol se concentraron unas 2 mil personas en respuesta a la convocatoria de la plataforma HazteOír, para exigir la "dimisión" de Rodríguez Zapatero y la derogación de "una ley injusta" que, estimaron, "atenta contra la familia y la infancia".

El Foro Español de la Familia (FEF), organizador de esa protesta, afirmó haber recogido más de un millón de firmas contra la ley que considera "injusta" y "ni necesaria, ni conveniente".

El FEF fue el organizador de la manifestación contra el matrimonio gay que el 18 de junio pasado reunió en las calles de la capital española a varias decenas de miles de personas, incluidos unos 20 obispos y dirigentes de la derecha.

Una nueva manifestación convocada por la FEF tendrá lugar el sábado, el mismo día que el desfile del Orgullo Gay en Madrid.

Mientras, en las calles del barrio gay de Madrid, Chueca, las banderas del arco iris relucían, lo mismo en los balcones de las casas que en las sedes de las numerosas agrupaciones del colectivo.

Algunos representantes del movimiento "rosa" estuvieron presentes en la "histórica" sesión parlamentaria, al tiempo que centenares de gays, lesbianas y simples defensores de la reforma, con independencia de su preferencia sexual, se concentraron de forma espontánea en plazas y calles para celebrar un reconocimiento que les ha costado tantos años de lucha y acoso.

La nueva ley será sin duda la protagonista de la marcha del Orgullo Gay que inundará las calles de Madrid el próximo sábado, a la que se espera asistan centenares de miles de personas.

Entre los que celebraron la ley se encuentra el cineasta español Pedro Almodóvar. "Hoy estamos en un día histórico, chicos", dijo tras señalar que hace tiempo que la estructura familiar cambió en España.

Consideró que esta ley no va en contra de la familia, sino por el contrario, va en favor. "De hecho, va a enriquecer la estructura familiar", sostuvo.

Fuera de España, el ministro de Reformas de Italia, Roberto Calderoni, afirmó que la ley española "es contraria a Dios y a la naturaleza", además de una consecuencia nefasta de la victoria de la izquierda en el país, indicó Afp.

 
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