Sindicalismo universitario: 25 años después
Los cumpleaños ofrecen la oportunidad de revisar el pasado y planear el futuro. El sindicalismo universitario cumple 25 años de su reconocimiento legal, al reformarse el artículo tercero constitucional en su fracción VIII, ubicando a los trabajadores al servicio de las instituciones de educación superior públicas autónomas en el apartado A del artículo 123. Se superaba entonces la disputa sobre su estatus laboral, originada cuatro años antes, con de la propuesta del entonces rector Guillermo Soberón Acevedo, quien sugirió un apartado especial para este sector de trabajadores.
Si bien no es fácil generalizar, en el amplio escenario de los 70, con dos sindicatos universitarios existentes, podríamos identificar retos futuros en tres niveles: ante sus propios afiliados, frente a las instituciones educativas y en el entorno social y estatal en que se desarrollan estas organizaciones gremiales, algunas exclusivamente representativas del sector académico y otras integradas también con personal administrativo.
Ante sus afiliados, el sindicalismo universitario enfrenta cuatro desafíos aparentes en su vida interna: en primer término, mejorar sus prácticas democráticas y buscar ser más receptivos a las preocupaciones cotidianas de sus integrantes. No resulta fácil este proceso por la cultura burocrática que agobia a buena parte del sindicalismo, que se refleja claramente en la descendente tasa de sindicalización, particularmente en el sector académico. Parece evidente la necesidad de una revisión en la estructura organizativa, a partir de las necesidades de los miembros, más que de las pretensiones de los dirigentes.
Un segundo desafío interno se refiere a la política salarial del sector. Además de las grandes diferencias entre las instituciones, se puede afirmar que los salarios de los trabajadores universitarios son muy bajos, inclusive comparados con actividades similares en el mercado de trabajo. Esta restricción salarial en los sectores técnico y administrativo impide la profesionalización deseable para apoyar la labor sustantiva de docencia e investigación, así como un buen servicio al alumnado.
Por lo que se refiere al personal académico, existe una política de simulación mediante estímulos y becas, que suelen ser más sustantivos que el propio salario base. Estos ingresos variables no reconocidos como salarios, además de estar sujetos a criterios cuestionados, no se vinculan con las prestaciones complementarias, incluida la seguridad social.
El tema del retiro ha generado una gran controversia, toda vez que en la mayor parte de las instituciones no se cuenta con un plan pensionario complementario al obligatorio por ley. Al no existir alternativa, el personal académico opta por seguir laborando sin límite de edad para seguir recibiendo sus ingresos íntegros; en contraste, en otras instituciones existen planes pensionarios con altos beneficios y bajos requisitos.
Un último desafío en este plano interno tiene que ver con la creciente reducción de la estabilidad laboral de los trabajadores universitarios, expresada en una proporción creciente de los trabajadores temporales.
El reto de los sindicatos frente a sus instituciones contiene una amplia agenda. Algunos gremios no han logrado ejercer su propia autonomía ante sus empleadores, siendo víctimas de procesos corporativos de corte esencialmente local. Otros asumen con mayor claridad la defensa de sus instituciones y promueven un desempeño racional de los recursos humanos. Unos más, sustentados en un supuesto radicalismo, obstaculizan el progreso de sus afiliados y las instituciones universitarias.
Como parte de esta evaluación convendría reflexionar sobre la importancia de la universidad pública para superar los problemas del país y dar cabida al estudiantado carente de recursos. El sindicalismo tiene como obligación pensar su papel frente al futuro de las universidades públicas. Un tema que debe incluirse en esta parte de la agenda es evaluar la eficacia de las huelgas aisladas como medio de lucha.
En el ámbito estatal y social, el sindicalismo universitario, por lo general, ha desmejorado su imagen pública. No cabe duda de que parte de esta situación es resultado de problemas estructurales que no son imputables a los trabajadores, sino a las autoridades que encubren sus propias limitaciones. Es importante enfrentar hoy esta desviación mediante una adecuada política de medios.
Por lo que se refiere a la gestión frente a las entidades del Estado que aportan los recursos para las universidades, es fundamental un cambio en la táctica, toda vez que, al autorizarse los presupuestos federal o locales, se está definiendo la política salarial, lo que no ocurre en el plano tradicional de una institución aislada.
Durante el año 2004 se empezó a generar una nueva dinámica de interlocución de estos sindicatos con la Cámara de Diputados, que ha sido benéfica tanto para los trabajadores como para las instituciones. Esta tarea supone capacidad de propuesta y conocimiento especializado de carácter presupuestal, y requiere un mejor desarrollo a partir de las experiencias de otros países en donde los sindicatos realizan una interlocución común ante sus propios congresos.
Una evaluación objetiva con sentido de responsabilidad puede recuperar para el sindicalismo universitario una buena parte de sus potencialidades. Se trata de un sector socialmente estratégico, que además de cumplir con sus tareas de representación y defensa gremial, y fortalecer a la universidad pública, podría apoyar aún más el proceso de democratización del resto de los trabajadores del país.