Pide garantías para ambientalistas de la Costa Grande
Exige AI al gobierno de Guerrero libertad del ecologista Arreaga
Chilpancingo, Gro., 1º de julio. Amnistía Internacional (AI) exigió al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo la libertad "inmediata e incondicional" del campesino ecologista Felipe Arreaga; seguridad para Albertano Peñaloza y su familia; el desistimiento de las 14 órdenes de aprehensión emitidas contra ex miembros de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán, además de la creación de una fiscalía especial para investigar la situación en que se encuentran los ambientalistas de la Costa Grande de Guerrero.
En conferencia de prensa en esta capital, Diego Zavala, representante del Secretariado Internacional de AI, con sede en Londres; Carlos Mario Gómez, director ejecutivo del organismo en México, y Mario Patrón, abogado de Felipe Arreaga, señalaron que "cuando adoptamos a un preso de conciencia no cejamos en su defensa hasta lograr su liberación y la reparación de los daños, por eso se van a intensificar las acciones a escala internacional para lograr la libertad de Felipe (Arreaga)".
Tras concluir una visita de dos días por la entidad, los activistas indicaron que se reunieron con legisladores de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local; sin embargo, denunciaron que el procurador de justicia del estado, Eduardo Murueta Urrutia, se negó a recibirlos.
Carlos Mario Gómez expresó la preocupación de AI por la situación de los derechos humanos en Guerrero, estado con "el mayor número de desaparecidos y presos de conciencia" de todo el país, sobre todo, explicó, por el caso de Felipe Arreaga y su esposa Celsa Valdovinos, así como el de Albertano Peñaloza y su familia, quienes son atendidos por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; "sabemos que esas familias se encuentran intimidadas y están desprotegidas", indicó.
Por su parte, Diego Zavala señaló que se reunieron con los legisladores René Lobato Ramírez y Rómulo Reza Hurtado, con quienes se analizó la posibilidad de crear una fiscalía especial y el proyecto de ley para tipificar como delito la desaparición forzada.
Reiteró que en el caso de Felipe Arreaga, declarado prisionero de conciencia por AI, "exigimos su libertad inmediata e incondicional, además de la reparación de los daños de esta detención injusta, ya que la evidencia indica clara y contundentemente que es un caso fabricado, y vemos esta detención como una represalia por su activismo legítimo y pacífico por la preservación del medio ambiente".