México recurre a un modelo rechazado en otras latitudes: estudio de Public Citizen

El gobierno federal lleva al país hacia la privatización del agua

Trasnacionales como Suez, RWE, Aguas de Barcelona y Vivendi operan varios sistemas

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

Cuando se trata del control del agua, México está demostrando que efectivamente se puede tropezar dos veces con la misma piedra. Poco más de un año después que entró en vigor la reforma de la Ley Nacional de Aguas, el país es llevado por el gobierno federal hacia un sistema cada vez más dominado por el sector privado, aun cuando aquí mismo hay casos exitosos de administración pública de las redes. Y sobre todo mientras en el mundo existe un cuestionamiento cada vez mayor hacia la participación de empresas privadas trasnacionales en la gestión de este bien público.

En México, como en la mayoría de países latinoamericanos, los ciudadanos han mostrado en los últimos años un creciente rechazo a las políticas de privatización de empresas y bienes públicos. Así quedó plasmado en un reporte del Banco Mundial, publicado en 2004, en el que se habla de "hartazgo hacia el proceso de reforma", forma en la que el organismo se refiere al avance de las políticas de privatización y apertura comercial y financiera.

Un amplio estudio elaborado bajo el auspicio de Public Citizen, una organización no gubernamental con sede en Washington reconocida por su lucha contra las políticas de privatización y apertura comercial impulsadas por los organismos internacionales, documentó que México está siguiendo nuevamente un camino desechado en otras latitudes, ahora con el tema del agua.

La Ley Nacional de Aguas fue reformada en abril de 2004 para cambiar el régimen de administración del agua en el país. Por un lado, la Comisión Nacional del Agua (CNA), dominada por intereses empresariales, fue confirmada como una organización de amplios poderes. Y, por otro lado, se crearon consejos locales de administración, pero en cuya concepción no están incluidos los pequeños campesinos y usuarios.

Dice Public Citizen, una de las organizaciones de defensa de consumidores más importantes del mundo: "Existen alrededor de 435 sistemas de agua operados por agencias independientes, algunas como organizaciones semi-autónomas dependientes de gobiernos municipales o concesiones de esos gobiernos que son propiedad parcial o total de compañías privadas, o también asociaciones entre particulares y el gobierno".

A continuación detalla que las más importantes compañías internacionales de agua: Suez, RWE, Aguas de Barcelona y Vivendi, junto a muchas otras firmas más pequeñas, participan en la administración de uno o más de estos sistemas locales de agua y tratamiento de aguas residuales.

El reporte de Public Citizen, que en la parte de México recibió la contribución del especialista David Barkin, establece que el aspecto de más largo alcance de la reforma a la ley de aguas en México de hace un año ha sido mover al país hacia la gestión privada de los sistemas de agua durante los siguientes años.

Como en la mayoría del mundo actualmente, las compañías privadas en México controlan menos de 5 por ciento del consumo de agua y aun así el gobierno argumenta que el sector público carece de capacidad técnica y financiera para hacer frente a los retos de abastecer agua de calidad para satisfacer las necesidades del país en el futuro, señala Public Citizen. "Experiencias recientes contradicen las afirmaciones del gobierno", abunda.

Cita los casos de Cancún, Saltillo y Aguascalientes.

De Cancún dice que la primera firma privada que entró a la gestión del sistema de agua de ese centro turístico fue Azurix, una subsidiaria de la defraudadora Enron, responsable del mayor quebranto empresarial de la historia. Después de la quiebra, la propiedad fue transferida a Ondeo, subsidiaria de la firma francesa Suez, que financió la compra con un préstamo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Las inversiones comprometidas están todavía por realizarse y por tanto las aguas residuales son descargadas en el mar Caribe.

En Saltillo, Coahuila, el sistema fue concesionado a una empresa propiedad del municipio y de la firma española Aguas de Barcelona. Durante los dos primeros años de la concesión, las tarifas se elevaron de 32 a 68 por ciento, en contra de lo estipulado en los términos de la concesión, que estableció que los aumentos no debían superar la inflación. Los miembros de la junta directiva que trabajan para el municipio, añade, han sido incapaces de imponerse a las decisiones tomadas por los integrantes españoles del consejo.

Sobre el caso de Aguascalientes, cuyo sistema de agua fue entregado a una compañía subsidiaria de la trasnacional francesa Vivendi, comenta que las tarifas están entre las más altas de México. El acuífero del que depende la ciudad está siendo peligrosamente agotado. Aunque las autoridades no lo reconocen, añade, esta región será una de las primeras que en el país sufra una crisis de abasto de agua que obligue a una dramática reducción de los planes de expansión económica.

En contraste con esas experiencias impulsadas desde el poder político y económico, Public Citizen menciona que el título de mejor administrado sistema de agua es para la ciudad de Monterrey, en el que el control es de una agencia pública. Como algunas otras en el norte del país, esta entidad pública ha tenido éxito en asegurar una amplia disponibilidad del servicio mientras reduce las pérdidas de agua a través de redes y colectores de sus clientes.

"El mayor desafío que enfrenta México actualmente es asegurar un adecuado y económico servicio para su población urbana", añade. "Quizá el mayor problema que enfrenta el país para resolver estos retos es el rechazo del gobierno para animar e incluso permitir la participación pública en la discusión sobre la gestión de este bien público".

Otros cauces

En otra parte, el reporte de Public Citizen destaca que "claramente" existen alternativas para los sistemas de administración de agua privados o aquellos que, siendo públicos, son altamente ineficientes. Hay algunos mencionados en el estudio:

Uno de ellos es el de Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, Brasil, comunidad en donde el ayuntamiento -animador, hasta que fue derrotado electoralmente este año, entre otras iniciativas, del Foro Social Mundial- promovió un sistema de abasto de agua público "y para todos", que es ahora un modelo, exitoso, opuesto al de la privatización. Se trata de un sistema sustentable en términos financieros y tecnológicos y con plena transparencia en su operación. Las tarifas que cobra están sostenidas por un sistema de subsidios cruzados, que garantiza el abasto para los más pobres a un costo menor.

En América Latina existe otro caso de gestión pública, el de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que funciona bajo un modelo de cooperativa -cada usuario es socio del proveedor del servicio- que abastece agua potable y gestiona el desecho de las residuales.