Ronald Buchanan
Primero la
buena. Los problemas que millones de
mexicanos
sufren por la falta o la mala calidad del agua tienen solución.Ahora la mala. La solución no va a ser nada fácil en un país donde el agua por tradición se ha tratado como papa caliente política y se menosprecian las capacidades y la experiencia técnicas.
“No se puede hablar de una crisis del agua en México”, dice Ricardo Sandoval, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua de Guanajuato. “Pero lo que sí hay es una crisis en la gestión del agua.”
Sandoval es coautor de Hacia una gestión integral del agua en México, libro que presenta una colección de ensayos sumamente críticos, pero a la vez propositivos de formas de enfrentar las cuestiones que identifican.
Ingeniero civil y maestro por la UNAM en ingeniería económica y financiera del agua, Sandoval cita una letanía de fallas donde sobresalen tres: las decisiones se toman muy lejos de donde se ubica su impacto; los afectados no participan y, por tanto, no se identifican con las propuestas y el acopio de datos –materia prima para la toma de decisiones racionales– es escaso o nulo. Además, falta seguridad jurídica y una vigilancia adecuada de los presupuestos para la gestión del agua. “En arca abierta hasta el justo peca.”
El trasfondo es el sistema político, donde el cambio ocurre con una lentitud geológica. Cada tres o seis años, según el caso, se cambian las administraciones y se nombran nuevos directores de los servicios básicos, entre ellos el agua. Las elecciones se ganan con promesas de nuevos programas y no hay presupuesto para mantener los que están en marcha. Estos últimos se quedan a medio camino, y así sucesivamente. Borrón y cuenta nueva hasta el infinito.
Durante 30 años se han anunciado
programas para el rescate de la
cuenca Lerma-Chapala. ¿Qué pasó con ellos? Nadie
sabe, pero el nivel en Chapala sigue bajando y la contaminación
y la merma del caudal del Lerma ni se diga.En un estudio de la calificadora de deuda Standard & Poor’s se advierte que los operadores estatales y municipales de sistemas de agua en México “se ven afectados por la falta de continuidad administrativa y por la ausencia de criterios de eficiencia que predominen sobre los favoritismos políticos”.
El presupuesto representa poder y se controla desde la alta burocracia en la capital. A pesar de lo que señala la Constitución, lo que llega a los municipios son las migajas.
Los que se oponen a la transferencia de responsabilidades y recursos a los municipios, dice Cecilia Tortajada –coautora de Hacia una gestión...– “utilizan el argumento de la falta de experiencia e incapacidad del municipio”. Pero “¿cómo van a desarrollarse las capacidades si no se les da oportunidad de equivocarse, de actuar, de iniciar la prestación del servicio?”, pregunta.
La falta de seguridad jurídica está en todas partes y es producto de un sistema en que casi nadie cree en la igualdad de todos ante la ley.
De que hay, sin embargo, un reconocimiento de las críticas del libro de Sandoval y Tortajada –el tercer coautor es Vicente Guerrero, consultor independiente– es que la Cámara de Diputados lo ha incluido en su serie “Conocer para decidir” de “obras que impulsen y contribuyan al conocimiento del problemática social, para la adopción de las mejores decisiones sobre políticas públicas e institucionales”.
Sin embargo, en lo político es donde se perfilan dificultades para concretar las propuestas del libro. ¿Cómo ganar –por ejemplo– el consenso nacional para acabar con la duplicación de funciones entre las dependencias vinculadas con la administración del agua si el sistema político –ya no sólo el PRI– sigue siendo una de las grandes agencias de empleo para las clases medias?
Se propone un sistema de notarios del agua para dar seguridad a los derechohabientes, pero habría que asegurar que no caiga en las deficiencias del Ministerio Público. Tal vez la propuesta más sensata es la creación de un sistema de administración de derechos del agua que se encargue de la recaudación (cuestión mayor en un país donde muchos no pagan), el control de contribuyentes, y la inspección y medición. Una especie de IFE del agua.
SED DE SOLUCIONES
En marzo próximo, se espera la llegada a México de especialistas de decenas de países para el cuarto Foro Mundial del Agua. El tema del cónclave –ya hubo una reunión preparatoria en Guatemala, donde fueron representadas organizaciones de 50 países– es “acciones locales para un reto global”. El objetivo, según los organizadores, es “alcanzar compromisos que eliminen las barreras existentes y creen las oportunidades para las acciones locales”, mediante un intercambio de ideas y proyectos en que participan los interesados, tanto gubernamentales como independientes. El foro, que se promueve como el más importante de su tipo, lo organiza el Consejo Mundial del Agua, con sede en la ciudad francesa de Marsella. El consejo, que cuenta con el apoyo del Banco Mundial, fue fundado en 1996 con el propósito de fomentar la investigación de posibles soluciones a los problemas hidráulicos del mundo. Aunque ha sido criticado por algunos como promotor de la privatización del agua, el consejo insiste en que busca la participación de los interesados: gobiernos, organizaciones sociales y no gubernamentales, gremios, académicos y empresas. La solución tiene que provenir de todos, afirma. De ahí la insistencia dentro de marco del foro mundial en soluciones locales como única vía hacia acciones de alcance global. Hasta ahora, los patrocinadores del foro incluyen al gobierno de Japón –país sede del tercer foro mundial– Grupo Modelo, Aeroméxico, Coca-Cola México, Fundación Telmex, Grupo Carso y la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento § RB
En marzo próximo, se espera la llegada a México de especialistas de decenas de países para el cuarto Foro Mundial del Agua. El tema del cónclave –ya hubo una reunión preparatoria en Guatemala, donde fueron representadas organizaciones de 50 países– es “acciones locales para un reto global”. El objetivo, según los organizadores, es “alcanzar compromisos que eliminen las barreras existentes y creen las oportunidades para las acciones locales”, mediante un intercambio de ideas y proyectos en que participan los interesados, tanto gubernamentales como independientes. El foro, que se promueve como el más importante de su tipo, lo organiza el Consejo Mundial del Agua, con sede en la ciudad francesa de Marsella. El consejo, que cuenta con el apoyo del Banco Mundial, fue fundado en 1996 con el propósito de fomentar la investigación de posibles soluciones a los problemas hidráulicos del mundo. Aunque ha sido criticado por algunos como promotor de la privatización del agua, el consejo insiste en que busca la participación de los interesados: gobiernos, organizaciones sociales y no gubernamentales, gremios, académicos y empresas. La solución tiene que provenir de todos, afirma. De ahí la insistencia dentro de marco del foro mundial en soluciones locales como única vía hacia acciones de alcance global. Hasta ahora, los patrocinadores del foro incluyen al gobierno de Japón –país sede del tercer foro mundial– Grupo Modelo, Aeroméxico, Coca-Cola México, Fundación Telmex, Grupo Carso y la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento § RB
Los temas de las tarifas y la recaudación son de los más espinosos. Si bien la naturaleza regala el agua, no la lleva a las casas y fábricas, ni la recicla, ni limpia las descargas contaminantes. Las plantas que hacen eso exigen inversiones multimillonarias. Es común encontrar plantas de agua con más de 80 años de servicio. Urge su remplazo, pero falta dinero. La Comisión Nacional del Agua calcula que necesita casi 1.5 mil millones de dólares al año para asegurar el suministro; en 2005 su presupuesto era la mitad.
Si queremos que los operadores municipales y estatales tengan finanzas suficientemente sanas para garantizar un suministro de calidad, tienen que cobrar al usuario.
Ahí está el detalle. Los ingresos totales de los operadores tienen que acercarse cada vez más a los egresos. Pero, sobre todo en un país como México, no se puede cobrar parejo a todos, como fue durante muchos años, mediante los subsidios a los ricos a costa de los pobres.
Para los operadores, el acceso al crédito se limita, en el mejor de los casos, a la banca de desarrollo, ya que –debido en parte a su precariedad financiera– las posibilidades de recibir préstamos de los bancos comerciales son casi nulas.
La medición del consumo es básica, no sólo porque permite la cobranza más equitativa, sino porque fomenta el uso racional. Poco se ha avanzado en la instalación de medidores, sin embargo, y la costumbre de no pagar es endémica, y no sólo entre los de menos recursos. Pasa lo mismo que con los impuestos: si funcionarios corruptos van a quedarse con el dinero ¿para qué pagar?
De hecho, Standard & Poor’s calcula que únicamente 30 por ciento del agua que se usa en México se cobra (ver gráfico) comparado con 90 por ciento en Estados Unidos.
Tampoco ayuda mucho el artículo 115 de la Constitución, que señala que los bienes de dominio público de la Federación, estados y municipios estarán exentos del pago del agua. Como resultado, algunas dependencias públicas también se encuentran entre los que no pagan.
Hechos como la reciente lucha en Bolivia contra las altas tarifas del agua, que dio origen a la rebelión indígena que ahora azota el país, han convencido hasta a los más neoliberales de que no se puede cobrar a los pobres el costo real del suministro.
Pero si todos están de acuerdo en que hay que subsidiar a los que menos tienen, la imposición de un sistema de tarifas escalonadas con medición, tanto del consumo como de las capacidades de pago de los usuarios, es sumamente difícil frente a la inercia política que afecta tantos aspectos de la vida cotidiana de México.
Como en todo, hay intereses creados. Los poderosos tienen sus influencias, los sindicatos también, y algunos industriales –no todos– no se quedan contentos con pagar sueldos muy por debajo del nivel de otros países, sino que argumentan que las medidas ambientales que son normales en otras partes de mundo les quitarían competitividad §