GARROTES Y ZANAHORIAS
NOS VOLVIERON A SAQUEAR
A lo largo de la última semana, el tema del rescate bancario de hace una década regresó a las primeras planas de los diarios, como lo ha hecho de manera intermitente en los últimos años. Hay una diferencia en el mensaje. Ahora, la Secretaría de Hacienda, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, algunos de los bancos involucrados y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación insisten en que el saneamiento financiero iniciado a finales de 1994 “es un tema cerrado”. Y punto en boca.
Todavía hay dificultad para determinar la verdadera magnitud económica del quebranto del sistema bancario, que estuvo a un tris de la bancarrota después de la devaluación del peso en diciembre de 1994.
La primera estimación oficial fue hecha por Eduardo Fernández García, el entonces titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien en 1997 dijo que rescatar a los bancos costaría 5 por ciento del PIB. Cuando Ernesto Zedillo terminó su gobierno, la estimación se había triplicado. Al inicio de la actual administración, la cifra fue elevada a 20 por ciento del producto. El miércoles pasado, Francisco Gil, Secretario de Hacienda, dijo que con la última operación –el intercambio de los sospechosos pagarés Fobaproa por notas avaladas por el IPAB, es decir por el gobierno, anunciado el domingo 26 de junio– el saneamiento disminuyó a 8 por ciento del PIB.
La simple observación de las cifras, todas originadas por fuentes oficiales, provoca la suspicacia, fundada en la forma ineficiente, ineficaz, amañada y poco transparente en que ha sido gestionado el proceso. Mario Alberto Beauregard, secretario ejecutivo del IPAB, dijo al inicio de la semana pasada que no hubo otra alternativa más que la empleada por el gobierno de Zedillo para hacer frente a la crisis financiera. Esta es una aseveración política, técnica e intelectualmente inadmisible. Michael Mackey, el auditor canadiense que fue contratado por el Congreso para hacer una revisión del proceso, escribió en su reporte de julio de 1999 que hubiera sido menos costoso dejar quebrar a algunos bancos que rescatarlos indiscriminadamente y de manera tardía, como lo hizo la administración de Zedillo, cuando el actual gobernador del banco central, Guillermo Ortiz, era el secretario de Hacienda.
El más reciente intento por dar vuelta a la página de la discusión pública sobre el rescate bancario tuvo su pistoletazo de salida en una decisión que adoptó la corte el pasado 23 de junio. La mayoría de ministros decidió a favor del Ejecutivo una controversia iniciada por el presidente Fox contra la Auditoría Superior de la Federación, el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados, que había ordenado a Hacienda descontar unos pagos a los bancos, por considerar que los apoyos que recibieron ocultaban irregularidades. La Corte falló que el auditor no podía ordenar al Ejecutivo, pero no hubo pronunciamiento sobre el tema de fondo para las finanzas públicas: el costo de esos apoyos irregulares.
Cuesta trabajo creer que la Auditoría Superior de la Federación haya incurrido en un error tal como ordenar algo al Ejecutivo, a sabiendas de que ninguno de los poderes de la Unión tiene superioridad sobre otro, como aprende cualquier estudiante de secundaria. ¿Habrá un topo?.
Sí. López Portillo se equivocó. Claro que nos volvieron a saquear §