Editorial

Agua privada

Sin que se escarmiente en las experiencias catastróficas de otros países, en detrimento de la economía de los consumidores y a contrapelo del sentido común, algunas empresas trasnacionales, el gobierno federal y diversas autoridades estatales y municipales alientan en México la privatización de los servicios de potabilización y distribución del agua. Al amparo de las modificaciones efectuadas en abril del año pasado a la Ley Nacional de Aguas, por medio de las cuales se aseguró el manejo excluyente, reservado a una elite político-empresarial, de los recursos hídricos, se ha abierto la puerta para que conglomerados estadunidenses y europeos se apoderen de las plantas potabilizadoras y las redes de distribución, con lo que en diversas localidades del país ­Aguascalientes, Cancún y Saltillo son los ejemplos más desastrosos­ los usuarios han sufrido alzas injustificadas en tarifas, y la voracidad de los operadores privados ha generado graves daños ambientales.

Otra expresión del afán depredador de privatizar recursos naturales y vitales es el desmesurado crecimiento del mercado de agua potable embotellada, negocio que explota y retroalimenta las deficiencias de la red pública de abasto y, en el caso de ciudades como la capital de la República, las limitaciones estructurales de los recursos hídricos y las tradicionales fallas en las instalaciones domésticas.

Si el agua que llega a hogares e instalaciones laborales es potable ­y realmente lo es, en la mayoría de los casos, por más que luego se contamine en cisternas y tinacos­, no hay motivo racional para comprar el líquido embotellado y a precios astronómicos en relación con los costos de producción y con las tarifas de abasto doméstico.

Pero las campañas de mercadotecnia han logrado imponerse al sentido común y hoy el país se ha vuelto el segundo consumidor mundial ­el primero en Latinoamérica­ de agua embotellada; lo más grotesco del caso es que buena parte de ese consumo, que debiera ser innecesario, ocurre en los barrios populares y las regiones pobres.

Entre las insuficiencias de los recursos hídricos, las deficiencias de la red de abasto, las fallas domésticas y la mercadotecnia de las empresas potabilizadoras, entubadoras y envasadoras se ha ido diluyendo la noción ancestral y básica de que el agua, como el aire, no es propiedad de nadie. Se ha desdibujado, al mismo tiempo, el principio de la responsabilidad del Estado en la gestión y distribución del líquido.

Por muchas razones, el manejo del agua, desde que se recaba en sus fuentes naturales hasta que se entrega a las personas, debe ser tarea pública y ajena a los manejos empresariales. Sólo de esa forma puede evitarse que el afán de ganancia deprede los recursos naturales, exprima los bolsillos de los consumidores y distorsione un valor básico y fundamental de la convivencia humana, manifestado en la expresión de que un vaso de agua no se le niega a nadie.

Un solo ejemplo de las catastróficas e irracionales consecuencias de la venta de agua embotellada es la generación de una masa de basura ­las botellas de plástico­ casi inmanejable. Un dato que ilustra la rapacidad de este negocio es la diferencia de costos entre un litro de agua potable procedente del grifo y una cantidad similar de líquido embotellado: más de mil por ciento.

Es necesario, en consecuencia, exigir a las autoridades de todos los niveles que garanticen el abasto de líquido realmente apto para consumo humano por medio de las redes de distribución, que sean capaces de gestionar ese recurso de manera transparente y que concilien la salud de las finanzas públicas con la salud orgánica y económica de la población, especialmente la de menores recursos.

Pero es también necesario que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la frivolidad que implica, en la mayoría de los casos, la adquisición de agua embotellada y del sinsentido de un desembolso que podría minimizarse con el procedimiento simple de poner a hervir agua de la llave para obtener un líquido prácticamente igual al del agua "de marca".