La mayor parte del presupuesto de la dependencia se destina a salarios

Creciente gasto y escasos resultados de la comisión para la transparencia

El comisionado Octavio Díaz desconoce el monto que corresponde al organismo

ELIZABETH VELASCO C. /I

A cinco años de la creación de la secretaría ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC) en la administración pública federal, su titular, Octavio Díaz García de León, declina opinar sobre los éxitos, porque "la sociedad, más adelante, con la distancia, podrá evaluar los avances".

Aun cuando el funcionario sostiene que en este lustro "se ha avanzado de manera importante" en el combate a la corrupción, en particular con la puesta en marcha de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dice carecer de cifras que reflejen sus alcances por tratarse de un "fenómeno clandestino difícil de medir".

Sin embargo, en el más reciente reporte (2003) del reconocido organismo Transparencia Internacional (TI), el país retrocedió en el Indice de Percepción de Corrupción respecto a los dos últimos años, al pasar del lugar 51 al 64 de entre 133 países, obteniendo una calificación de 3.6 puntos sobre 10.

En ese índice que mide siete variables (soborno y corrupción en la economía y esfera pública, intensidad de corrupción dentro de país, abuso de un cargo público para provecho privado o de un partido político, entre otros), México ha obtenido desde 1995 una calificación reprobatoria de 3.3 puntos en promedio, y sólo en 2001 obtuvo la más alta calificación con 3.7.

Constituida en diciembre de 2000 a iniciativa del presidente Vicente Fox, en respuesta al "urgente reclamo de la sociedad", la CITCC tiene como tareas sustantivas el diseño de políticas y acciones para prevenir y combatir la corrupción e impunidad en el gobierno federal central y descentralizado, así como fomentar la transparencia en el ejercicio de las funciones y recursos públicos, según el acuerdo que la rige.

Inserta en la estructura de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por el papel "prioritario" que juega en las estrategias de buen gobierno de esta administración, goza de un presupuesto anual creciente desde 2001.

En entrevista con La Jornada, Díaz afirma que desconoce el monto del presupuesto asignado a esa tarea en general, y en particular a la secretaría ejecutiva de la CITCC que encabeza. "Tendría que revisar para no decirle mentiras; probablemente estemos adscritos a la oficina del secretario" de la Función Pública (SFP), Eduardo Romero Ramos, comenta.

En 2001, el gobierno federal destinó al denominado Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y Desarrollo Administrativo mil 177 millones 230 mil 900 pesos, cantidad que creció ligeramente en 2003, cuando se gastaron mil 294 millones 159 mil 223. Es decir, casi lo que dejó de ejercer la Secretaría de Desarrollo Social (mil 100 millones de pesos) en 2001, según datos de la senadora Laura Alicia Garza Galindo, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Del total destinado al programa en 2003, 71.8 por ciento se ocupó en salarios de funcionarios de la SFP, según consignan las cuentas de la Hacienda Pública Federal en 2001 y 2003. Para 2005, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propone un aumento de 2.2 por ciento al gasto del programa de mil 323 millones 494 mil 949 pesos, de los que 78.8 por ciento corresponden a sueldos.

A su vez, la SFP en 2003 presupuestó a esa secretaría ejecutiva 38 millones 18 mil 89 pesos, de los que 49 por ciento se destinaron al pago de salarios. Ese presupuesto fue superior 63 por ciento al de 2001, aunque sólo representa 51 por ciento del previsto para 2005. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 -cuyas cifras no son definitivas-, se programan a ese rubro 19 millones 529 mil pesos; de éstos, 95.6 se dirigen al pago de salarios de los funcionarios públicos.

Al respecto, Díaz comenta que dicha comisión -cuya secretaría ejecutiva asumió en febrero pasado por encargo de Romero Ramos, presidente de la CITCC- es sui generis, toda vez que sólo está conformada por 18 plazas, ocupadas por directores adjuntos, consultores y subdirectores, aunque tres permanecen desocupadas, por lo cual "somos muy pocos los integrantes y por lo menos cada uno tiene a su cargo dar seguimiento a 15 o 16 instituciones", en las acciones contra la corrupción.

Según Díaz, la secretaría que encabeza coordina los programas operativos para la transparencia y combate a la corrupción de 183 entidades y dependencias públicas, donde "tenemos gran cantidad de procesos".

Ingeniero industrial por el Tecnológico de Morelia, con maestría en dirección de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, de donde han egresado varios funcionarios de esta administración, como Carlos Abascal Carranza, señala, sobre el código de ética que orienta las decisiones y acciones de los servidores públicos de la Administración Pública Federal (APF), que "es una de las mejores prácticas que se han venido adoptando en esta administración", pero -acepta- "desconozco cuál fue el origen, de dónde vino la propuesta para adoptar códigos de ética".

Tras precisar que no participó en la propuesta del código de ética que desde 2002 dicta las líneas generales en la APF, según oficio circular difundido en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de ese año -suscrito por su paisano, Francisco Javier Barrio Terrazas, ex secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy SFP)-, Díaz supone que proviene de "mejores prácticas y recomendaciones que hacen organismos, como Transparencia Internacional y otras experiencias que han funcionado en las empresas".

El secretario ejecutivo de la CITCC tiene cuatro años de experiencia en el sector público federal. Ha ocupado cargos en el INEGI y en la Secretaría de Gobernación. Antes, durante 20 años, se desempeñó en puestos directivos en empresas como Pegaso, AT&T de México, Honeywell y Teléfonos de México.

Declina hacer una evaluación de la corrupción en México, porque "sólo los sociólogos, filósofos y antropólogos podrían tener una mejor idea de por qué suceden estas cosas". Empero, sostiene que la corrupción en México "sí puede cambiar" y "una mecánica para lograr ese cambio es el cambio de los sistemas".

Agrega: "Como funcionan las instituciones, a veces tienen deficiencias que permiten que sucedan cuestiones irregulares en corrupción. Se pueden ir quitando las oportunidades, poniéndole barreras y con ello la gente va cambiando. La corrupción -apunta- se da en todas partes: empresas, instituciones no gubernamentales, no es un fenómeno exclusivo del gobierno; se da en general en las sociedades.

-¿Me pregunta que dónde hay más riesgos (de incurrir en corrupción)? -responde-, pues le podría decir en términos genéricos que existen en aquellos lugares donde se manejan recursos, en temas de adquisiciones, comprobación de recursos financieros y otros.

El funcionario replica que no puede responder con precisión, porque, insiste, "el tema es muy genérico".

¿Para qué sirve la comisión?

La estructura fue creada en 2000 por el gobierno de Vicente Fox para combatir la corrupción en la administración pública federal y transparentar la información pública.

Objetivos:

* Establecer lineamientos y acciones para prevenir la corrupción.

* Fomentar una cultura del servicio público sustentada en valores y principios éticos.

* Facilitar mecanismos de información y rendición de cuentas a la ciudadanía en los ámbitos de la función pública.

¿Quiénes la integran?

* Titulares de las dependencias de la administración pública federal

* El subsecretario de Atención Ciudadana y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública

* Hasta cinco funcionarios titulares de unidades adscritas a la Presidencia de la República

* Representantes invitados de los sectores social y privado, reconocidos por su trayectoria profesional

* Datos obtenidos del Acuerdo de creación de la CITCC, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2000

Indice de corrupción y buen gobierno 2001 y 2003*

Análisis de la corrupción en servicios públicos de los tres niveles de gobierno