La problemática entre grupos comuneros sigue sin solución, asegura investigadora
Pago a particulares, política de la SRA en Chiapas para desactivar focos rojos
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) reubicará este año a familias de los 41 poblados irregulares de la comunidad lacandona y de la reserva de la biosfera de Montes Azules, y analizará los reclamos de indemnización por 24 mil 528 hectáreas que presentaron 341 pequeños propietarios.
Un informe reciente del programa de atención integral a los bienes comunales de ambas regiones señala que en 2003 y 2004 se ejerció un presupuesto de 134 millones de pesos para el traslado de 216 familias que fueron reubicadas en los poblados Santa Martha, Nueva Magdalena y Nuevo Montes Azules. Este año se espera reubicar a 160 familias más en la colonia 11 de Julio.
Además, un grupo de trabajo interinstitucional constituido por acuerdo de las comisiones unidas de la Reforma Agraria y de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados analizará la demanda presentada por 341 pequeños propietarios de Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo.
Las autoridades agrarias recordaron que en 1996 los gobiernos federal y de Chiapas crearon el Programa de Aparcería Bovina y Proyectos Productivos Agropecuarios (FIAPPAR), que atendió a 441 pequeños propietarios cuyas propiedades (42 mil hectáreas) fueron ocupadas por integrantes del EZLN.
Entonces fueron invertidos 167 millones de pesos bajo un esquema de crédito y amortización a cinco años.
Desactivar focos rojos, promesa oficial
La recién integrada comisión interinstitucional -conformada por la SRA, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el gobierno de Chiapas- constatará que los predios en litigio no han sido objeto de afectación agraria o sujetos de expropiación; verificará la veracidad de la información proporcionada por los pequeños propietarios, y establecerá que las propiedades no estén incluidas en el FIAPPAR. Asimismo, un grupo de técnicos realizará inspecciones oculares para comprobar la existencia de los predios o que el propietario no lo tenga en posesión, además de llevar a cabo levantamientos topográficos.
La región de Montes Azules es, junto con Nicolás Ruiz, la colindancia de Cintalapa con los Chimalapas y Venustiano Carranza parte de los focos rojos que el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, prometió resolver antes durante esta administración.
El gobierno ha centrado su atención en estas regiones, luego de décadas de aplicar medidas limitadas y parciales, asentó la investigadora de la UAM Xochimilco, María Eugenia Reyes Ramos, en su ensayo Política agraria en Chiapas: atención a focos rojos.
En el texto destaca que la "nueva política agraria" para atender los focos rojos se ha centrado en la compensación económica a propietarios privados, pero prevalece la problemática interna entre los grupos de comuneros.
"No hay una desactivación del conflicto; en la raíz persisten elementos potencialmente violentos. El grado de complejidad de los conflictos requiere de las autoridades un gran esfuerzo en el campo de la negociación, más que en el jurídico."
En la zona de influencia del EZLN -Ocosingo, La Trinitaria, Altamirano y Las Margaritas- prevalece la invasión de unas 25 mil hectáreas, y sus propietarios exigen la devolución de las tierras o la indemnización, señala la catedrática.
La comunidad lacandona es propietario de 501 mil 106 hectáreas; 70 por ciento forma parte de la reserva de la biosfera de Montes Azules -decretada así el 12 de enero de 1978- y ocupa una superficie de 331 mil 200 hectáreas.
Antes de que el ex presidente Luis Echeverría entregara a los lacandones dicha superficie ya existían 22 acciones agrarias, y una vez entregada la tierra, las autoridades agrarias efectuaron 47 más.
Según el recuento oficial, hay 57 grupos asentados irregularmente en esas zonas y 71 presuntos pequeños propietarios de 3 mil 637 hectáreas. Se han creado cuatro grupos de fideicomisos agrarios y en total hay 200 actores involucrados en los conflictos por tenencia de la tierra.
A la fecha, 41 grupos asentados irregularmente han aceptado incorporarse al programa de regularización o reubicación, ocho poblados fueron reubicados, dos regularizados mediante la expropiación, cinco retornaron a sus lugares de origen y uno fue compensado económicamente por la desocupación de mil 200 hectáreas. El balance de la SRA establece que la comunidad lacandona recuperó 3 mil 127 hectáreas y se regularizaron 2 mil 857.
Además, mil 414 hectáreas ubicadas en Cordón Chaquistero y en la ribera del río Lacantún, en el sur de la reserva de Montes Azules, están en proceso de restauración; 2 mil 500 personas de 14 ejidos, tres comunidades y 14 organizaciones participan en capacitación y programas de inversión productiva, y mil 230 indígenas se han beneficiado del programa de empleo temporal.
En octubre, nuevo diagnóstico
En lo que resta del año, el grupo especial para atender la problemática de Montes Azules buscará que los poblados ubicados en la zona El Desempeño y en laguna de Santa Clara acepten la propuesta de reubicación, aunque hay grupos cuyos asentamientos podrían ser regularizados. En octubre podría concluir el diagnóstico jurídico de las pequeñas propiedades. En tanto, a partir del mes en curso y durante los próximos tres meses podría comenzar la gestión de recursos para las indemnizaciones y documentos de finiquito agrario.