En el delito de enriquecimiento ilícito no existe una víctima identificable: la defensa
Acepta tribunal revisar impugnación por el monto de la fianza a Raúl Salinas
El segundo tribunal unitario dio entrada al recurso de apelación que el pasado 15 de junio interpuso la defensa legal de Raúl Salinas de Gortari para impugnar el monto de 32 millones de pesos que la juez federal Silvia Estréver Escamilla le impuso como garantía para dejarlo en libertad provisional.
El magistrado José Angel Mattar determinará si estuvo apegado a derecho y si es correcto el resolutivo de la juez 13 de distrito del Reclusorio Sur, que rechazó el argumento planteado por José Luis Nassar Daw, abogado del llamado "hermano incómodo", en el sentido de que no se puede exigir a un reo la reparación del daño cuando no hay una persona física afectada y cuando los bienes de un procesado se encuentran incautados por orden judicial, como es el caso en que se encuentra el ingeniero.
En su momento, la juez acordó: "se precisa al defensor particular del procesado (Raúl Salinas) que la reparación del daño y el decomiso tienen diversa naturaleza jurídica, pues la primera constituye, en esencia, la indemnización o resarcimiento de la cosa obtenida por el delito o de los perjuicios que probablemente sufrió el Estado. Por su parte, el decomiso se impone a título de sanción, por la realización de actos contra el tenor de las leyes prohibitivas o por incumplimiento de obligaciones a cargo de los gobernados", puntualizó la juzgadora.
Básicamente, Nassar Daw sostiene en su argumento que en el delito de enriquecimiento ilícito no existe una víctima identificable y, por tanto, no está prevista la figura de la reparación del daño, que fue la razón por la que Estréver Escamilla requirió 30 de los 32 millones de pesos.
Lo que está previsto -según el litigante-, es el decomiso en favor del Estado de los bienes cuya procedencia ilícita no es acreditada por el ex servidor.
En el caso de Raúl Salinas, se trata de por lo menos 40 inmuebles y unas 12 cuentas bancarias aseguradas por el juzgado, que suman un monto total de 161 millones de pesos, y que habría adquirido a finales de los años 80 y principios de los 90, cuanto era servidor público.