Fuera de su ámbito, la presunta cesión de contratos del Infonavit a hijos de Marta Sahagún

Nula participación social en la comisión para la transparencia

El organismo, inútil para investigar desvíos de fondos públicos por medio de fideicomisos

ELIZABETH VELASCO /II Y ULTIMA

El tema de la corrupción no es partidista, porque no se circunscribe a personas de un partido en particular, sino a la sociedad entera, advierte el secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Co-rrupción (CITCC), Octavio Díaz García de León.

Rechaza que la lucha contra ese flagelo se dificultara en este gobierno porque funcionarios priístas hayan permanecido en puestos de mando medio y superior en la mayor parte de la gestión de Vicente Fox.

"Seguramente el Presidente hizo su mejor evaluación de los hombres y mujeres que cubrían los perfiles que requería para conformar su gabinete. Me queda claro que no excluyó a personas con trayectoria importante en la administración pública federal (APF) y que podían aportar algo. Por ello no hay enfoque partidista en quienes ocupan los cargos. El tema de la corrupción no es partidista", sostiene.

A unos días de que el líder del PAN, Manuel Espino Barrientos, anunciara que buscarán incorporar al gobierno federal a cuadros panistas "formados en la mística de exigencia y servicio", Díaz destaca que no tienen de qué preocuparse quienes tienen puestos de director general hacia abajo en la estructu-ra de la APF -formada por casi 2 millo-nes de servidores públicos-, pues de acuerdo con el servicio profesional de carrera (SPC) -otro de los programas que coordina la CITCC-, si no cometieron irregularidades no tienen por qué ser removidos.

Sin embargo, entre 50 mil y 60 mil funcionarios de primer nivel sí pueden ser cambiados si así lo deciden el Presidente de la República y los secretarios de Estado: "Esos nombramientos son atribuciones de los propios secretarios y del presidente Vicente Fox. En esos rangos tienen toda la facultad para hacer los cambios que juzguen convenientes".

-A un año del proceso electoral de 2006, la declaración que hizo el líder del PAN -al igual que el presidente Fox- de erradicar la "deslealtad" de los funcionarios públicos, ¿no huele a purga? ¿No existe el riesgo de que se utilice el aparato de Estado, como hizo en su momento el PRI, para favorecer a un candidato? ¿Qué hace la comisión para evitar irregularidades en una fase prelectoral? -se le pregunta.

-Los trabajos de la comisión no entran a esos temas, que definitivamente son de carácter político -responde.

-¿Por qué en la entrada a una fase prelectoral se hacen estos anuncios? ¿Los cambios no contravienen las reglas del SPC? -se insiste.

-Todas las personas incorporadas al servicio civil tienen cierta seguridad en su empleo. Lo importante es que el servidor público se certifique, capacite e incorpore al SPC, para evitar cualquier movimiento que no esté justificado por su desempeño.

En las reuniones de la CITCC -que según el acuerdo que la rige deben efectuarse por lo menos cada tres meses- "estos temas no se abordan". Tampoco -responde a pregunta expresa- han llegado denuncias de delegados gubernamentales en torno a que se están evaluando listas de quiénes son o no priístas para, en función de ello, determinar quiénes salen de la APF.

"Definitivamente esos temas no llegan a la comisión, porque la secretaría ejecutiva no tiene atribuciones en la materia. Si hay una denuncia quien tiene la facultad para intervenir es la Secretaría de la Función Pública (SFP), la cual tiene que desahogar la queja o denuncia. En el seno de la comisión tratamos otro tipo de aspectos."

De las acciones preventivas para evitar actos de corrupción con recursos públicos en las elecciones de 2006, sostiene que en la Secretaría de Desarrollo Social desde 2003 "se ha evitado el uso proselitista de los recursos de los programas sociales".

De cualquier forma, indica, "estaremos reforzando y revisando estos programas, para evitar ese tipo de situaciones". Además, añade, en la SFP "se están tomando medidas para prevenir ese tipo de riesgos".

Díaz también declina hablar de las causas del subejercicio del gasto público registrado desde el inicio de esta administración en dependencias con gasto social en educación, salud e infraestructura, como ha denunciado la senadora de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Laura Alicia Garza Galindo ("No a la discrecionalidad presupuestal". La Jornada, 28/11/2004).

Ese, ataja, "tampoco es tema de la comisión". Ni el de la negativa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) a transparentar información relacionada con las licitaciones otorgadas a empresas constructoras en las que presuntamente participan los hijos de Marta Sahagún, ni el desvío de recursos públicos por medio de fideicomisos o fondos públicos del gobierno federal, como en el caso de Transforma México.

De la resistencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ante el Senado de la República a transparentar información sobre 705 fideicomisos que manejan recursos públicos, postura que el propio Instituto Federal de Acceso a la Información Pública -dependiente de la SFP- condenó, tras advertir a la SHCP su obligación a hacer pública esa información, comenta:

"Le diría que (no son temas de la comisión), porque quizá es un poquito cuestión de atribuciones", aunque "lo de los fideicomisos la SFP ha estado trabajando el tema, junto con Hacienda. De hecho ya se publicaron unos lineamientos, en septiembre pasado, para dar transparencia a esos fondos públicos."

-¿Cuáles son esos lineamientos?

-La verdad no lo sé. Ahora sí que me va a reprobar. Están publicados en el Diario Oficial; van más allá de las cosas que yo veo.

De acuerdo con Díaz, la comisión está orientada hacia temas de carácter "genérico" que ayudan a "prevenir" la corrupción. "No se abordan esos asuntos porque no acabaríamos las sesiones (trimestrales de la CITCC), que son de corta duración y en las cuales se establecen prácticas aplicables" para toda la APF.

Según el acuerdo que le dio origen, la CITCC involucra a todos los secretarios de Estado y al procurador general de la República, además de tener "como invitadas permanentes a las diez entidades descentralizadas más importantes" de la APF, acota Díaz.

Refiere que de 40 acuerdos de diversa naturaleza tomados en el seno de la comisión, 15 tienen seguimiento de la secretaría ejecutiva. Estos son: programa de mejora regulatoria interna; el de mejoramiento de estándares de servicio y atención ciudadana; participación externa para la revisión de bases previas de licitación; evaluación de usuarios de procesos críticos (licitaciones, servicios públicos y otros en los cuales puede haber mayores posibilidades de corrupción); estrategia del usuario simulado; difusión de información pública en Internet; realización de licitaciones por vía electrónica; reconocimiento de integridad a servidores públicos; elaboración y difusión de un código de conducta; establecimiento de mecanismos rigurosos en la selección de personal; difusión de resultados del Programa Nacional para el Combate a la Corrupción y el Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo. Asimismo, la implantación de un programa de capacitación de valores; trámites y servicios por vía electrónica; incorporación de batería de valores en el sistema de selección de personal, y compromisos para la transparencia con terceros.

Esos programas, agrega, son monitoreados por la CITCC en 183 dependencias de la APF. La medición del avance en los programas, indica, la "realizan las propias dependencias gubernamentales; la comisión les ha pedido que midan sus áreas. Incluso ellos hacen sus encuestas que publican periódicamente".

-¿Por qué no se realizan trimestralmente las reuniones de la comisión y se difunden los acuerdos ampliamente a la sociedad, como señala el acuerdo que le da origen?

-Yo llegué a este encargo a partir de febrero de este año. La verdad desconozco las razones que tenían mis colegas.

-¿Qué representantes de los sectores social y privado acuden a las reuniones?

-La realidad es que no se ha invitado a personas externas a las sesiones de la comisión. Creo que no es mala idea. Por mi parte, estaré sugiriendo que así se haga.

Aun cuando el artículo tercero, fracción IV del acuerdo que crea la CITCC establece que esos sectores se integrarán de manera "permanente" a los trabajos de la comisión, el funcionario insiste en que "puede o no haber invitados" de esos sectores.

Programas operativos de combate y prevención de la corrupción

Procesos críticos en la administración pública federal (licitaciones, adquisiciones, etcétera)

Acciones de mejora en la administración pública federal

* Fuente: Octavio García Díaz de León, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción