Kofi Annan*

60 aniversario de la Carta de la ONU

El pasado 26 de junio se cumplió el sexagésimo aniversario de la firma de la Carta de Naciones Unidas, en 1945. Casi desde ese momento se ha venido debatiendo acaloradamente la "reforma" de Naciones Unidas. Ello se debe a que el idealismo y las aspiraciones que suscita la ONU siempre han superado los resultados que han obtenido. Con frecuencia no hemos estado a la altura de las expectativas del mundo.

En Estados Unidos el debate se centra en dos documentos del Congreso de ese país: un informe que preparó un grupo de trabajo integrado por miembros de los dos partidos, encabezado por el ex presidente republicano de la Cámara de Representates, Newt Gingrich, y el ex senador demócrata George Mitchell, y la Ley de Naciones Unidas, presentada por el diputado Henry Hyde y aprobada por la la misma cámara el 17 de junio, que tiende un vínculo entre una larga lista de reformas y la posibilidad de que Estados Unidos retenga sumas que se adeudan a Naciones Unidas.

Hay numerosos aspectos comunes entre una y otra fórmulas, y entre éstas y algunas reformas que yo mismo he propuesto, o que, si me incumben, ya he puesto en marcha. Y no es motivo de sorpresa: el deseo de un cambio es generalizado, no sólo en Estados Unidos, sino en muchos otros estados miembros de Naciones Unidas, así como entre muchos funcionarios del organismo.

Todos queremos que la gestión en la ONU sea más transparente y responsable, y que sus mecanismos de supervisión sean más eficaces e independientes.

Todos desearíamos que la Asamblea General simplificara su programa y su estructura de comisiones, de modo que el tiempo y los recursos se dediquen a abordar cuestiones candentes y no a aplicar resoluciones aprobadas hace años en un contexto político diferente.

Todos ansiamos hacer del mecanismo de derechos humanos de Naciones Unidas un instrumento más digno de crédito y de mayor autoridad, concretamente sustituyendo a la Comisión de Derechos Humanos por un consejo de derechos humanos, cuyos miembros darían el ejemplo mediante la aplicación de las normas que se les ha encomendado.

Todos desearíamos que se estableciera en Naciones Unidas una comisión de consolidación de la paz, que coordinara y apoyara la labor de los países que prestan asistencia en la transición de la guerra a la paz, de modo que no se repita la peligrosa recaída en la anarquía que observamos en Afganistán antes de 2001, y en fecha reciente en Haití o en varios países africanos.

Y todos queremos imponer normas de conducta más estrictas en las misiones de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, especialmente para poner fin al abuso y explotación sexuales.

Estos son algunos de muchos ejemplos. Estoy convencido de que esta convergencia de expectativas nos ofrece, quizás por primera vez en 60 años, una oportunidad para acortar la distancia entre aspiraciones y resultados obtenidos.

Las diferencias existentes -no tanto entre Naciones Unidas y Estados Unidos, como entre la ley Hyde y las demás propuestas formuladas- guardan relación con dos aspectos básicos: el método que ha de emplearse para efectuar la reforma y el contexto mundial en que la reforma de la ONU cobra tanta importancia.

Para Hyde y sus colegas la reforma sólo puede lograrse si se amenaza con reducir de forma draconiana y unilateral la contribución de Estados Unidos al presupuesto de Naciones Unidas.

A mi juicio ese planteamiento es sumamente erróneo y, de ser adoptado por el gobierno estadunidense, su efecto contraproducente sería desastroso: rompería la coalición reformista entre Estados Unidos y otros estados miembros, cuya presión colectiva, de otra manera, permitiría hacer realidad las reformas.

Naciones Unidas es una asociación de estados soberanos que acordaron, al ratificar la Carta, compartir los gastos de la organización "en la proporción que determine la Asamblea General". La escala de cuotas, que determina la parte que corresponde a cada estado miembro, se renegocia cada seis años y todos los años la Asamblea General aprueba una resolución -invariablemente apoyada por Estados Unidos- en la que se exhorta a todos los miembros a pagar sus cuotas de forma puntual, íntegra e incondicional.

Así pues, para hacer cambios o reformas hay que negociar acuerdos con otros estados miembros.

Como señaló el grupo de trabajo Gingrich-Mitchell, "para que surta efecto, la diplomacia estadunidense debe forjar una coalición fuerte que cuente con estados miembros claves en diversas regiones y grupos... muchos de los cuales comparten el deseo de Estados Unidos de reformar a Naciones Unidas de modo que se convierta en una organización eficaz". Esa coalición no se forjará si una nación amenaza con reducir su propia contribución de forma unilateral. Otros estados no aceptarán ese planteamiento intimidatorio. Por fortuna, la propuesta de Hyde no cuenta con el respaldo del gobierno ni del grupo de trabajo.

Ahora bien, el contexto mundial es aún más importante. Naciones Unidas no existe en el vacío ni porque sí. Es un foro en el que todos los pueblos del mundo pueden reunirse para encontrar soluciones comunes para problemas comunes, y cuando así lo desean, la Organización es también un instrumento para llevar a la práctica esas soluciones.

Es indudable que hoy hay más problemas mundiales comunes, o al menos el mismo número que cuando se fundó la ONU.

Entre los más preocupantes figura la proliferación de grupos terroristas y de armas de destrucción masiva, así como el peligro de que esas armas caigan en manos de esos grupos. Estas gravísimas amenazas acechan a las personas de países ricos y pobres por igual. Que la Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares no haya podido encarar esos peligros parece increíblemente irresponsable. Espero que los dirigentes políticos del mundo se dispongan a afrontar la cuestión con mucha mayor urgencia.

Para abordar estas cuestiones necesitamos, entre otras cosas, un Consejo de Seguridad más sólido y representativo. No obstante, las amenazas más inmediatas para muchas personas de países pobres son la propia miseria, la enfermedad, la degradación del medio ambiente, el mal gobierno, los conflictos civiles y, en algunos casos -es inevitable pensar en Darfur-, las violaciones, los saqueos y las matanzas masivas para expulsar a poblaciones enteras de sus hogares.

Sólo avanzaremos si afrontamos todas estas amenazas a la vez. No es razonable que una nación espere que la cooperación se oriente hacia las cuestiones que más le importan, a menos que a cambio de ello esté dispuesta a ayudar a otras a ocuparse de sus prioridades. Además, como señaló el grupo de alto nivel sobre la reforma de Naciones Unidas, las amenazas de diferente tipo están estrechamente interrelacionadas. La negligencia y el mal gobierno permitieron que los terroristas encontraran refugio en Afganistán; el caos reinante en Haití provocó amagos de emigración masiva a Florida y los sistemas de salud deficientes en países pobres quizá faciliten la propagación espontánea, o deliberada, de enfermedades como la gripe aviar de un continente a otro.

Así pues, el desarrollo y la seguridad están interconectados, y ambos a su vez están vinculados con los derechos humanos y el imperio de la ley. El principal objetivo de mi informe titulado Un concepto más amplio de la libertad era sugerir medidas que todas las naciones en colaboración pueden y deberían adoptar para progresar en todos estos ámbitos y hacer de Naciones Unidas un instrumento más eficaz para lograr ese progreso.

Las decisiones podrán adoptarse en septiembre, cuando se reúnan en la sede de Naciones Unidas para la cumbre mundial 2005 dirigentes políticos de todo el mundo, más de 170 de los cuales ya han confirmado su asistencia.

Es muchísimo lo que está en juego. Tal vez tarde en volver a presentarse la oportunidad de forjar una respuesta común para las amenazas comunes. En ese contexto, y por ese motivo, es tan acuciante la necesidad de reformar y reforzar a Naciones Unidas.

* Secretario general de la Organización de Naciones Unidas