Señalan el riesgo de que dinero sucio contamine las campañas electorales

Los vacíos de poder abren la puerta a la ingobernabilidad, advierte el Episcopado

ALMA E. MUÑOZ

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) advirtió que los vacíos de poder en el país, producto de la corrupción y de la impunidad, "amenazan con abrir las puertas a la ingobernabilidad y, más grave aún, han secuestrado la confianza ciudadana en los cuerpos de seguridad y procuración de justicia".

Frente a este panorama, convocó a todos los sectores a una cruzada nacional por la paz, en la cual se fomenten la cultura de la vida, la promoción de valores y el fortalecimiento del Estado. En nombre del Episcopado, los obispos de Tampico, José Luis Dibildox; de Nuevo Laredo, Ricardo Watty, y de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, llamaron al Poder Legislativo a trabajar sobre normas que aseguren el cumplimiento pleno de las acciones de los gobernantes, para que no contaminen su función con aspiraciones electorales y descuiden la parte social y de seguridad que requiere la nación. Además, subrayaron la importancia de impedir que "surjan fuerzas sociales que luchen por propia cuenta contra todo el poder de destrucción del narcotráfico".

En el segundo día de trabajo de la 79 asamblea general de la CEM, los más de 120 obispos mexicanos externaron en un comunicado su preocupación por la creciente espiral de violencia y crimen organizado en el país, que ha lesionado el estado de derecho. Advirtieron sobre el peligro de que dinero proveniente de dichas actividades -como apuntó el prelado de Tampico- se utilice para financiar campañas electorales. El obispo de Nuevo Laredo aprovechó para rechazar la versión de que la Iglesia recibe limosnas provenientes del narcotráfico. "No me parece justa esa aseveración, a menos que lo comprueben", señaló, tras reconocer que algunas personas involucradas en esa actividad ilícita son católicos, mas por eso no debe colegirse que "toda la Iglesia esté fallando".

Los prelados llamaron a los tres niveles de gobierno a que intensifiquen las acciones de combate a la delincuencia mediante la depuración, profesionalización y dignificación de los cuerpos policiacos, y plantearon que se apliquen sanciones más severas a los servidores públicos, incluidos jueces, favorecidos por los narcotraficantes para que, efectivamente, actúen como garantes de la legalidad.

Sostuvieron que México no merece vivir bajo el miedo y la amenaza de unos cuantos, "creando una cultura de terror y muerte", porque tanto sociedad como gobierno "reconocemos que el narcotráfico es el enemigo común que amenaza con destruir el futuro de nuestros hijos y la unidad nacional".

El obispo Ricardo Watty mencionó que a la CEM le interesa, sin protagonismos, involucrarse en la lucha por la paz. "Sabemos del miedo, de la desconfianza de la gente hacia las autoridades, hacia los cuerpos de seguridad, hacia todo, debilitando a la sociedad e impidiendo el adecuado desarrollo económico y social". Si los gobiernos federal, estatales y municipales no se articulan en este sentido, alertó, "estamos a la deriva como sociedad y corremos el riesgo de que surjan fuerzas sociales que luchen por su propia cuenta".

Por su parte, el obispo de Tampico, José Luis Dibildox, mencionó que por su acercamiento con la gente pueden hablar de un incremento de la violencia y del consumo de la droga. Denunció la falta de acciones gubernamentales para romper el círculo vicioso que se genera donde hay pobreza -como ocurre en la Sierra Tarahumara, donde trabajó por diez años-, lo cual propicia que la gente de esas comunidades se involucre con la delincuencia organizada.

A su vez, el obispo de Mazatlán, Mario Espinosa, dijo que los integrantes de la CEM han expresado de manera independiente sus inquietudes a presidentes municipales, gobernadores y legisladores, y confían en que el próximo viernes puedan presentárselas al secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, quien acudirá a las instalaciones del organismo católico en Lago de Guadalupe, estado de México, para presentarse ante ellos como responsable de la política interior, en sustitución de Santiago Creel Miranda.